Lo aseguraron el subsecretario de Planeamiento Urbano Pablo Bugnone y el responsable de Hábitat, Ricardo Delvecchio, que pasaron por ElDía desde Cero. Ambos defendieron el proyecto que evalúa el Concejo Deliberante y que busca redefinir la propiedad de la tierra en la ciudad.Son más de 4 mil las solicitudes que existen actualmente en el registro municipal de viviendas. Este es el principal argumento expuesto por los funcionarios para defender la iniciativa oficialista que, entre otras cosas, plantea la actualización de los porcentajes que los privados con más de 1000 metros cuadrados de terreno deberán ceder al Banco de Tierras municipal.Actualmente, quien realiza u leteo debe ceder entre el 4 y el 6 % al Estado para espacios verdes, pero el proyecto lleva esta cifra al 6 % y le agrega un 12 %, destinado al Banco de Tierras.El oficialismo apunta a las 400 hectáreas que están, dentro de la zona de promoción urbana, en manos privadas, son consideradas terrenos ociosos y cuentan con iluminación, cloaca, agua y demás servicios. En este sentido, plantean, además de la suba en los porcentajes que se debe ceder al Ejecutivo, otras dos alternativas para disponer de mayor cantidad de tierras públicas: pagar una sobretasa (que en los grandes contribuyentes llega al 1000%) o firmar un convenio para el desarrollo de algún proyecto comunitario en el lugar.La iniciativa ya generó las primeras resistencias, tanto de la oposición como de los actores del mercado inmobiliario. Pero también los promotores del proyecto expusieron los argumentos que lo sostienen. En ElDía desde Cero, el subsecretario de Planeamiento Urbano Pablo Bugnone y el responsable de Hábitat Ricardo Delvecchio defendieron la posición oficial."El acceso a la tierra no tiene que ver solamente con la vivienda, sino también con el equipamiento de la ciudad: las escuelas, las comisarías, los centros de salud o los hospitales", expresó Bugnone, al referirse a los "grandes intersticios urbanos", que son "estas grandes porciones de tierra que existen dentro de la zona de promoción urbana", que llegan a las 400 hectáreas en la actualidad, divididas entre cerca de 14 tenedores, aunque unos pocos acaparan la gran mayoría."Estamos viendo un fenómeno que ya ocurrió en nuestra ciudad, cuando cientos de vecinos tuvieron que ir a buscar un lugar para vivir del otro lado del río, en lo que hoy es Pueblo Belgrano, porque no tuvieron la posibilidad de acceder a la tierra dentro de Gualeguaychú", rescató Delvecchio, quien reafirmó la "obligación del Estado municipal de hacer una propuesta y plantear de cara a la sociedad el problema del acceso a la tierra".Los funcionarios defendieron el proyecto presentado, aunque en más de una oportunidad explicaron que "se trata justamente de un proyecto" y que "los porcentajes se van a discutir con todos los actores que intervengan", en el marco del debate planteado.
Convenios urbanosUna de las preocupaciones que surgieron luego de la presentación del proyecto en el Concejo Deliberante es la imposibilidad de muchos contribuyente (el Ejecutivo estima un universo de 5 mil propietarios que serían afectado por la ordenanza), de pagar la sobretasa y, consecuentemente, de mantener las propiedades, por lo que se podrían ver obligados a venderlas. Al respecto, los funcionarios remarcaron la importancia de los convenios urbanos."A todos aquellos que, ante la imposibilidad económica, no pueden hacer su propio loteo, el Estado puede proponerle, de acuerdo a las normas vigentes, por ejemplo, la realización del cordón cuneta para que pueda lotear y el privado podría pagar con tierras", ejemplificó Delvecchio."El Estado va a ofrecer instrumentos a través de convenios urbanos para que esa gente que no tiene recursos para ser dueña y ejecutora de sus loteos no tenga que caer en la pérdida del mismo ante un tenedor acaparador. Se protegerá a quien tiene un ahorro pequeño en tierras", insistieron los funcionarios, que además adelantaron que "uno de los tenedores (de tierras) más importantes, quizá el más importante de todos, ya vino a presentar un proyecto de loteo sobre propiedades; lo estamos evaluando y estamos bastante contentos con eso".
Política de EstadoAunque esperan avanzar "a la brevedad" con el proyecto, también pretenden que "la norma que finalmente se sancione sea consensuada y perdure en el tiempo, que se convierta en una política de Estado", con un Estado "que sea un actor testigo no un actor dominante", según expresó Delvecchio."No tenemos la pretensión de reemplazar a nadie. Nuestra función debe tener una complementariedad (entre el público ye l privado) que hasta hoy no ha existido", remarcaron.
