El oficialismo aprobó en Diputados la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal
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La Cámara de Diputados dio media sanción a la ampliación del régimen: sin topes de ingresos ni patrimonio y con plazo extendido hasta diciembre de 2027. La oposición la tildó de "obscenidad fiscal".
El oficialismo logró hoy en la Cámara de Diputados la media sanción de la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno busca sumar contribuyentes al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa se impuso con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
Es la segunda victoria consecutiva del oficialismo en el recinto, tras aprobar la víspera la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A La Libertad Avanza lo acompañaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal
El proyecto, que modifica la ley 27.799, es la segunda etapa del régimen que el Gobierno envió a Diputados en julio y elimina los topes para adherir: ahora podrán hacerlo todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin límites de ingresos ni patrimonio. Hasta hoy solo podían acceder quienes tuvieran un ingreso anual de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
También se extiende el plazo para entrar al régimen hasta el 31 de diciembre de 2027 y se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Se redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, el criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada: se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % de lo declarado. Sobre ese punto, ARCA ya había reglamentado la extinción penal en delitos tributarios para quienes se acojan al régimen.
Quienes adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, con medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). El dictamen también acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El debate en el recinto
La miembro informante de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió la norma al afirmar que produce “una cuestión muy sencilla pero revolucionaria”: confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos y no tomarlo como sospechoso por haberse protegido en épocas de hiperinflación con el ahorro en la informalidad. “Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares”, explicó la cordobesa.
Silvana Giudici (La Libertad Avanza) ponderó la gestión económica al destacar que el objetivo de la reforma del Banco Central es “preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir”, y celebró la “baja inflacionaria de 85 puntos” y los “27 meses de crecimiento consecutivo”.
Desde la oposición, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa como una “obscenidad fiscal” y acusó al Poder Ejecutivo de negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen.
Juan Grabois (Unión por la Patria) la rechazó porque, a su entender, “convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables”. El líder de Patria Grande denunció que los beneficios van “para el 1% más rico” mientras se profundiza el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y sectores populares, y apuntó contra el nombre de la ley: “Convierte por ley en inocentes a los evasores”, dijo, y mencionó al empresario Marcos Galperin, a quien acusó de ser un evasor “beneficiado” por el Gobierno.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”. El ex ministro de Economía recordó que el presidente considera héroes a quienes evaden y que Adorni fue “uno de los primeros que adhirió a esta ley”.
El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien desestimó las críticas y cuestionó que se equipare a quienes ahorraron por fuera del sistema con delincuentes: “Para ustedes, todos los contribuyentes que tienen dinero ahorrado legítimamente son todos delincuentes”. Para el legislador, la ley “va a impulsar el crédito en la Argentina” y la actividad económica.
