El PRO demandó al S.T.J.
Es la primera acción directa de inconstitucionalidad que se presenta, desde que fuera creada por la Constitución reformada en 2008.
"La Ley Castrillón creó sutiles restricciones a las libertades políticas de los entrerrianos, tendientes a desfavorecer a los partidos nuevos y minoritarios. Es inconstitucional, choca expresamente con los derechos que ha reconocido históricamente nuestra Carta Magna provincial, y que ratificaron los constituyentes de 2008".
"También pedimos la aplicación de los efectos del fallo a dictarse, a todos los habitantes de la provincia. Es lo que se conoce como 'acción de clase' (class action) en el derecho anglosajón", explicó el apoderado.
La demanda “impugna la restricción al derecho de cada entrerriano a ser elegido, plasmada en el art. 8 de la Ley Castrillón, restricción que desfavorece al vecino común y favorece al gobernante en el poder. Cuestiona la imposibilidad de la doble candidatura del vecino, a quien se lo impide, mientras los intendentes o legisladores pueden buscar otro cargo para seguir ‘prendidos’ sin renunciar al que ya tienen”, puntualizó.
"Buscamos por esta vía que las instituciones entrerrianas no sean un chiste. El STJ bregará por que la letra y el espíritu constitucional sean respetados. Las libertades de los ciudadanos impregnan la filosofía liberal que la inviste, y el Legislativo se ha excedido al dictar esa norma", opinó. APF
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