El proyecto de expropiación del terreno usurpado en el barrio Quijano será tratado en Conjuntas

El terreno en cuestión está ubicado en la intersección de las calles Raúl Laxague y Martínez Paiva, una superficie que fue usurpada hace más de 18 años, judicializado hace más de diez y que la Justicia ya decidió que debe ser desalojado en los próximos diez días hábiles. En ese lugar viven alrededor de 30 familias.

Aunque en un principio la intención del oficialismo era tratar en tablas el proyecto, la idea no terminó de prosperar debido a que los impulsores de la iniciativa no iban a conseguir el total de los dos tercios del cuerpo legislativo para realizarlo de esa manera.

La idea era declarar de Interés y Utilidad Pública ese terreno, propiedad de Guillermo Zenón Bossi, para luego proceder con una futura expropiación, a cargo de una bicameral del Congreso provincial. “En este orden de ideas es importante destacar que el Gobierno Provincial se encuentra al tanto de la problemática, y en comunicación establecida (…) con la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Rosario Romero, como así también con la ministra de Desarrollo Social María Laura Stratta y la presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia (Copnaf) Marisa Guadalupe Paira, se nos ha manifestado que motivemos este procedimiento a fin de srticular las soluciones que el caso demanda con el Estado Provincial”, sostuvo el Ejecutivo en el proyecto firmado por el intendente Martín Piagigo, que en ese mismo párrafo concluyó: “Asimismo, se nos ha expresado que urge este dictado, y por ello la imperiosa necesidad de dar curso a la elevación inmediata de este proyecto”.

Debido a esto, la oposición solicitó que sean citados el lunes a conjuntas no sólo los responsables de las carteras municipales y provinciales que están interesados en la sanción de la ordenanza sino también el dueño del terreno, Guillermo Zenón Bossi, como privado afectado por la posible determinación.

En otras palabras, los motivos del oficialismo para haber intentado tratar en tablas –en un principio– y ahora abordarla en Comisiones Conjuntas se deben a la urgencia impuesta por el fallo judicial a favor del propietario del terreno y la situación social que generaría el hecho de que más de 30 familias queden sin techo en los próximos diez días hábiles. Según justifica el texto del proyecto, “cuando el derecho privado se sobrepone a la responsabilidad social, se abre la puerta a un paradigma de injusticia social y marginalidad”.

Otras de las preocupaciones que dejaron en manifiesto los concejales de la oposición es que durante un tema tan delicado como este, ni el intendente Martín Piaggio ni el viceintendente Jorge Maradey estarán en el país durante la resolución de este complicado conflicto: ambos estarán la semana que viene en España por una invitación de la ONU, un viaje que estaba planeado desde hacía más de un año y medio.

Durante la sesión en el Concejo Deliberante estuvieron muchas de las familias del barrio Quijano que corren el riesgo de quedar en la calle. La sensación luego de que el cuerpo legislativo haya determinado tratar la iniciativa en Conjuntas era de decepción. “Vamos a terminar durmiendo en la calle”, protesto una vecina que vive en el terreno usurpado, quien asistió a la sesión con su hija de 4 años.