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El proyecto de ley de Emergencia Solidaria divide el espectro y enfrenta a los poderes

Al repudio de AGMER del proyecto de ley elevado por la Gobernación, durante el domingo se sumó el de los judiciales. Del otro lado se pararon los intendentes peronistas, que cerraron filas para respaldar la iniciativa. ¿Qué rol puede jugar la CGT?

El viernes pasado, el gobernador Gustavo Bordet elevó a la Legislatura provincial el proyecto de emergencia solidaria, una iniciativa mediante la cual la Gobernación busca “garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia”.

El proyecto dispone que entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas. Además se equipararán los tributos de la venta mayorista de las droguerías a los de las provincias de la Región Centro y propone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para sustentar el sistema previsional destinado al 15% de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estados que reciban haberes más altos. Finalmente, se consigna que ningún organismo incremente sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina con los gremios.

El primero que manifestó su repudio fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), quienes se opusieron porque se "pretende imponer un descuento en los salarios de bolsillo de entre el 2 y el 4 % a los docentes activos que cobran más de 75000 pesos de salario nominal”.

Y enseguida se unió al rechazo la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y la Asociación Judicial de Entre Ríos por considerar que el Ejecutivo desconoció “el espíritu de diálogo” y no los hubieran convocado para buscar “alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar”.

“El proyecto denominado ‘solidario’ impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”, manifestó el gremio de los judiciales mediante un comunicado donde expresaron su enérgico rechazo a la propuesta.

“Nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual, ni tampoco ha identificado nunca a los responsables de la misma. Así, su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá”, protestaron los trabajadores del Poder Judicial.

La postura de los intendentes peronistas

Sin embargo, desde el otro lado se pararon los intendentes justicialistas entrerrianos, quienes cerraron filas y también mediante un comunicado manifestaron que “las medidas, basadas en los principios de solidaridad y progresividad, propuestas en la norma, son un medio razonable para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios a fin de atender la demanda de los sectores más afectados y a fin de contribuir en la preservación de los aspectos importantes de la vida de los entrerrianos, entre ellos, el más importante de todos: la salud”.

Luego, sostuvieron que “por otro lado, vemos que el proyecto de ley contempla y considera la realidad que se vive en los municipios, ya que los montos provenientes de la mayor recaudación esperada a partir de gravámenes progresivos son coparticipables”.

“El esfuerzo que demandará a algunos entrerrianos cumplir con la ley es moderado en sus alcances, ya que sólo se le exige a quienes tienen mayores ingresos o patrimonio y por un tiempo limitado”, señalaron los intendentes.

El rol de la CGT

A diferencia de los intendentes del PJ que se mostraron a favor y de los gremios judiciales y docentes, quienes rechazaron la propuesta, la delegación Paraná de la Confederación General del Trabajo (CGT) prefirió cuestionar los alcances de la iniciativa y advirtió que la misma no puede ni debe afectar o perjudicar de ninguna manera a la base de la pirámide trabajadora.

Durante la jornada del domingo, la entidad sindical subrayó que la emergencia “también es laboral” por lo tanto sostuvo que los sectores que “tienen que comenzar a contribuir para la salida de la crisis” son “industrias como la minera, petrolera, portuarias, pooles de siembra, las corporaciones financieras, las empresas de acopio y transporte de cereales, o empresas vinculadas a la exportación de materias primas en la provincia”, enumeró.

“La mirada no tiene que volcarse hacia los trabajadores, con remuneración que apenas supera la canasta de básica, sino que tiene que apuntarse a sectores que, a pesar de la crisis mencionada, no fueron afectados en estos años ni en estos meses”, afirmó además.

“Llamamos a los responsables de aprobar el proyecto a que vuelquen la mirada hacia los sectores de la economía que fueron beneficiados por las políticas de ajuste de los últimos años para que sean ellos quienes primero empiecen a contribuir para superar esta crisis sanitaria, social y laboral”, remarcó la central obrera a modo de conclusión y advertencia.

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