“El que le paga al nuevo jubilado es el viejo jubilado”
¿Quiénes son los que hacen juicio a la Anses? ¿Cuál es la posición de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué se dilatan los pagos de las sentencias judiciales? ¿Le alcanza al jubilado con lo que cobra? El gerontólogo y ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, abordó estos interrogantes con EL DIA, a su paso por Gualeguaychú.Por Marcelo Lorenzo - Históricamente los derechos de los jubilados argentinos han sido conculcados. Si tuviese que describir su situación actual, ¿cómo lo haría?Eugenio Semino:- Diría que aquellas lluvias trajeron estos barros. Es decir, los desaguisados sobre la seguridad social durante muchos años, llevan a que se desarticule ese sistema y que las consecuencias las sufran directamente quienes van llegando a viejos. Obviamente que este proceso -que no solo está ocurriendo en la Argentina sino en el mundo-, está condicionado por la elongación de la vida, el proceso de envejecimiento, y a su vez por el desempleo. En el sistema imperante en el mundo no hay pleno empleo. Y las estructuras de los sistemas tradicionales preveían pirámides jóvenes y pleno empleo. A esto se suma que históricamente en la Argentina los sucesivos gobiernos, durante 60 o 70 años, fueron acudiendo a la recaudación de la seguridad social para cubrir sus baches, sus rojos presupuestarios. Nos encontramos en una situación complicada que tuvo el último saqueo en la etapa de los '90 con la privatización, el llamado sistema de AFJP, que en realidad era un apéndice más del sistema financiero argentino. Hoy tenemos, en este contexto, la necesidad de dar respuesta a 6 millones de argentinos que aportaron para que se hiciera nuestra patria durante 30 o 40 años con su trabajo. Son ellos los que están sufriendo las consecuencias. Tenemos que reformular la ecuación para que no se sigan muriendo en la espera del resultado de un juicio que repare sus derechos. - ¿En qué valor se sitúa la jubilación mínima en Argentina? ¿Y cuál es su relación respecto de una canasta de la tercera edad? - La jubilación mínima se sitúa en 1.400 pesos. En cuanto a la canasta de un jubilado, nosotros hacemos un cálculo los meses de mayo y diciembre de cada año. La última medición arrojó 2.695 pesos. Es decir, estamos en una cobertura de un 50-60 %. Se trata de una canasta muy módica de por sí. Se toman 2.000 calorías diarias de consumo alimentario, 5 viajes en colectivo por semana, un viaje en remis por mes, tres medicamentos para cubrir patologías crónicas con descuento de PAMI mensualmente, una salida por mes a un cine y a una pizzería, los gastos de viviendas (un alquiler compartido o una habitación en una pensión con baño compartido). Bueno, cuando vamos sumando todos estos ítems, nos dan 2.695 pesos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el 76 % de los beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones está cobrando la mínima. Es decir, la mayoría esta muy lejos de cubrir las necesidades básicas. - Pero está el universo de los que no venían aportando pero ingresaron al sistema vía moratoria. ¿Es correcto?- Así es. La medida, que data de 2007, fue buena en sí misma. Por este sistema ingresaron 2.200.000 personas. Es gente que está en la mínima, pero con la quita que genera la moratoria. Vale decir que de bolsillo cobran entre 1.100 y 1.200 pesos. Están, por tanto, por debajo de esos niveles medios. - Si la mayoría de los jubilados cobra la mínima, por tanto se acható la pirámide de ingresos jubilatorios ¿Por qué?- Efectivamente, hace 10 años teníamos un 17% de jubilados y pensionados que cobraban la mínima y hoy tenemos 76%. Para darle una verdadera dimensión al tema, esto generó una redistribución del ingreso. A veces quienes son parte de los gobiernos nacionales o provinciales hablan -con alguna liviandad a mí criterio- de una redistribución de la ganancia. Los gerontólogos que vemos en cambio que hay una fuerte redistribución del ingreso. Vale decir que aquellos a los que les correspondía ganar más están ganando menos, para que hayan ingresado otros. Es decir, el que le está pagando al nuevo jubilado es el viejo jubilado. - Por tanto, se ha igualado para abajo...- Sí. Y esto genera la gran litigiosidad que tiene el sistema. La suerte esquiva de los que hacen juicio
- ¿Los que hoy están demandando a la Anses son los que no han podido reajustar sus ingresos en función de sus aportes históricos?- Efectivamente. A veces se tiran porcentajes que en el bolsillo del jubilado se convierten en relatividades absolutas. A veces funcionarios que ganan buenos sueldos dicen: 'bueno pero dimos tantos aumentos'. Lo cierto es que no mejoró la condición de los jubilados en términos de lo que han aportado al sistema, ni tampoco en función de lo que necesitan. Esto produce que 475 mil demandas se estén tramitando hoy en el fuero de la seguridad social. Aunque con escasa y casi nula posibilidad de que se terminen pagando las sentencias. - La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, ha venido acompañando el reclamo de la clase pasiva. ¿Es así?- La Corte ha sido muy clara en varios fallos. Recordemos los fallos Badaro 1, del 6 de agosto de 2006, y Badaro 2, del 27 de noviembre de 2007. Y otros fallos que tienen menos prensa, pero que son tan convincentes como ése, que refieren fundamentalmente a los reajustes que debían tener los haberes de los jubilados en diversos períodos y que no se les otorgaron. Con respecto al caso Badaro, se trata de un jubilado, como hay más de un millón y medio en su situación, al que no le fue reajustado su haber, porque cobraba más de 1.000 pesos en los períodos posteriores al 2003. Empezó a demandar que se lo reajusten conforme el aumento que habían recibido los trabajadores activos. Porque en definitiva él era un trabajador que había dejado la actividad. Y en ese sentido la Corte dice que así corresponde. Y fija un reajuste del 88,6% del haber, entre enero del 2002 y diciembre del 2006. En ese lapso Badaro sólo había tenido un reajuste del 21%. Para hacer la actualización se toma enero de 2002 porque es cuando cae la ley de convertibilidad. Es a partir de esta experiencia que el resto de la clase pasiva está realizando su reclamo judicial. - ¿Por qué la Corte, en lugar de fallar caso por caso, no produce una sentencia con alcance colectivo?- Porque de ser así ganaríamos nosotros (risas). Al respecto, tenemos planteada desde la Defensoría una acción de clase que es lo que hoy se está tramitando en la Corte. Está incubándose. Hubo un pedido de informe recientemente por parte de ese alto Tribunal hecho a la Anses. Tanto la Defensoría nacional como la nuestra, han planteado concretamente que en razón de que el resto de los tribunales inferiores se tienen que acoger a la doctrina de la Corte, tienen que fallar como ella lo hizo en tantos casos. Tienen que hacerse extensivos al resto de los jubilados, sin que deban recurrir a juicios individuales. Porque en definitiva hacer un juicio es simplemente esperar un largo tiempo donde el jubilado va a morir en la espera y el resultado ya se conoce de antemano. Porque los Tribunales inferiores no puede fallar en contra. - ¿La Anses apela esas demandas y eso hace estirar el trámite judicial? - Así es. Es el cuento de la buena pipa. Porque en realidad -y asumo la responsabilidad de la expresión- se aplican chicanas judiciales. Es decir, ardides para prolongar la espera que en definitiva no hacen otra cosa que evitar que el jubilado no pueda gozar de aquello que le corresponde. - ¿Especulando acaso con que se muera el demandante?- Que se muera en el trámite. Esto es una práctica que instaló (Domingo) Cavallo a principios de los '90. Y es una caracterizada práctica de darwinismo social. De forma que solo los superiores de una especie pueden llegar a percibir lo que el derecho les genera. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y es lo que esperamos que la Corte repare en la futura sentencia, que seguramente conoceremos días después de las elecciones del mes de octubre. Recordemos que el segundo fallo Badaro es del 27 de noviembre del año 2007, y las elecciones habían sido en octubre de ese año. - ¿Y esta conducta a qué se debe? ¿Son fallos políticos?- Y la Corte en realidad tiene un fuerte componente de política. Lo hace para desvincularse de la presión política en sí misma. Los "padres" del modelo
- El gobierno dice que si tuviese que pagar el 82% móvil el Estado se fundiría. ¿Usted qué piensa?- Es el argumento de Diego Bossio, que es el actual director ejecutivo de la Anses. Curiosamente escuché las mismas palabras de Cavallo con el emblemático caso Chocobar, a principios de los '90, que fue el caso Badaro de la época. Se inauguraba entonces la ley de convertibilidad. Y Cavallo dijo que si se le pagaba así a los jubilados, corría riesgo esa ley que, según él, le daba estabilidad económica a la Argentina. - Los jubilados, entonces, son una variable de ajuste...- Exactamente. A mí me llama mucho la atención la analogía con el presente. En aquel momento hice 18 infructuosas demandas penales a Domingo Felipe Cavallo. Ahora un joven funcionario, que seguramente tiene recuerdos borrosos de los '90 aunque adhiera a su ideología más que yo, resulta que dice exactamente lo mismo. En el fondo se nos está diciendo que el dinero de la Anses no se puede usar porque es lo que cubre el déficit del presupuesto nacional. O en otros términos, que dicho presupuesto es deficitario y entonces hay que recurrir a este tipo de cajas. Las palabras de este funcionario, por tanto, desnudan la realidad de las cuentas públicas del país. No serían superavitarias como se dice. - Siguiendo esta lógica, ¿cabría decir que los jubilados subsidian el modelo?- Serían los 'padres' del modelo, en un contexto donde algunos se pelean por su paternidad. Nadie pensó que habría tantos padres (...) La gente cuando escucha números se aburre. Aparte nos quedó impregnado el estilo Alzogaray, el economista liberal que rigió con su pensamiento los destinos de la economía argentina, y que al parecer sigue influyendo. Veamos una explicación sencilla. Hoy la seguridad social se financia sólo en la mitad con lo que proviene del trabajo. Vale decir, aportes laborales y contribuciones patronales. Contribuciones, por otra parte, que se redujeron en más de 8 puntos en el año '95, cuando Cavallo también sostuvo que había que reducirlas para evitar la desocupación. Desocupación que era de un dígito y que en el 2001 llegó a los dos dígitos. Pero bueno, esto implicó que al Estado argentino no ingresaran alrededor de 100 mil millones de pesos, garantizándose así las utilidades empresarias. Hoy la otra mitad de la seguridad social se financia con impuestos. - ¿Cuáles, por ejemplo?- Los impuestos que tienen porcentuales dedicados a la seguridad social son ganancia, patrimonio, hidrocarburos y cigarrillos. Pero el impuesto que más aporta es el IVA, que es el más regresivo que hay en el mundo. Es regresivo porque lo pagan tanto los pobres como los ricos en el mismo porcentual. También, obviamente, lo pagan los jubilados. Entonces fíjese qué paradoja: este impuesto, que es tan regresivo, cada vez que compran cualquier cosa, lo pagan los jubilados y lo pagan los pobres indocumentados que trabajan en las grandes ciudades, en talleres clandestinos, que nunca se van a poder jubilar ni acá ni en su país. Estamos frente a un mecanismo por el cual los pobres financian a los pobres jubilados. Esto ocurre, mientras la renta financiera no está gravada en la Argentina. ¿Sistema sustentable? - Escuchándolo, uno colige que el sistema previsional no es sustentable. - En términos tradicionales, está quebrado. ¿Por qué de esto no se habla? Porque en el mundo pasa exactamente lo mismo. Por algo muy simple: tenemos siempre una desocupación encubierta importante. Y a su vez tenemos una gran cantidad de trabajo en negro, que en el caso argentino es el 36%, según el índice oficial. Además, aquellos que trabajamos en blanco, cobramos porcentuales en negro. Incluso los trabajadores estatales (...) Todo esto hace que la famosa pirámide o la estructura de la llamada Ley Bismark, de fines del siglo XIX, que fundamentó el sistema de postguerra de la seguridad social, no exista más. - ¿Cómo se supera, según su parecer, este déficit crónico?- Acá hay un tema de fondo, del cual no se puede desvincular el sistema político institucional, que es tratar la reforma estructural del sistema de seguridad social. A modo de enunciado, al sistema hay que integrarlo con 3 pilares: previsión social, salud y educación. Esto debiera ser la gran discusión del sistema político. Ahora, ¿qué hacemos en lo instrumental, relacionado a la seguridad social que tiene efecto previsional? Primero, tenemos que solucionar la situación de los actuales jubilados o hacernos cargo de que se tienen que morir en la indigencia. Esto hay que decirlo con todas las letras: no se puede someter a millones de personas y decir: 'hagan un juicio que algún día van a cobrar' (...) El director ejecutivo de la Anses, durante un reciente informe ante el Congreso de la Nación, dijo que ese organismo tiene un fondo de garantía o sustentabilidad de alrededor de 190.000 millones de pesos. Pero lo que paga anualmente Anses por beneficios son 90.000 millones; es decir, abona casi la mitad de lo que posee. Ahora bien, los juicios que hoy están fallados por la Corte representan globalmente una erogación de 35.000 millones, por retroactivos, por única vez. Y una erogación anual de 14.000 millones. Viendo estos números, se ve que estamos en condiciones de abonar los fallos. A su vez, dentro de la composición de ese fondo de garantía se viene anunciando, y así está en la página de Anses desde el año 2008, que hay un superávit anual de 9.000 millones de pesos. Por lo cual, podríamos bajar la litigiosidad prácticamente a cero, pagando lo que la Corte ha fallado (...) Hoy decimos: hay 190.000 millones de pesos. Y yo me pregunto: mientras los juicios sigan reproduciéndose -entran entre 8 y 10 mil mensualmente- ¿cuánto va a terminar debiendo el sistema por esas demandas? Es decir, esto es una fábrica de pleitos que genera el propio Estado, que engorda a abogados y que mata jubilados. Digo hay que salir de esa lógica. - Usted estuvo a favor de la estatización del sistema jubilatorio. ¿No es clara esa ley en cuanto al uso de los fondos de ese sistema?- Ahí estamos frente a una mala práctica legislativa, por lo difusa en que se ha convertido la ley de reestatización. Es difuso porque sigue vigente la ley 2.441, que es la que dio origen a las AFJP. Fíjese qué paradoja: no existen las AFJP pero sí la ley que las creó. Entonces ahí tenemos un vicio de origen. Cuando se reestatizan los fondos no se dice cuál va a ser el límite del fondo de garantía. Entonces cualquier monto puede ser el fondo de garantía. Y la utilización de ese fondo de garantía puede ser para cualquier cosa. - Es decir, lo difuso de la cosa permite la discrecionalidad.- Exactamente. Ahora, estamos en un sistema de reparto. Vale decir que los recursos deben repartirse entre quienes están dentro del sistema, concretamente los trabajadores jubilados. Siguiendo la doctrina del propio sistema jubilatorio argentino, desde 1950 hasta la fecha, siempre hubo dos grandes cuentas: la cobertura de vejez y muerte; jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Si a estas dos grandes cuentas, les agregamos cuentas para pagar computadoras, bandas de rock o para hacer préstamos a empresas, la cosa se desvirtúa. De ahí que el jubilado se pregunte, con razón, qué hacen con su plata. - Y frente a esto, ¿qué dice el gremialismo argentino?- Salvo algunas expresiones sindicales, en su momento estuvo con las privatizaciones como ahora está por el sistema de reparto. Se trata de un alineamiento por conveniencia. No nos olvidemos que para que el gremialismo tradicional acompañara las privatizaciones en los '90, varias AFJP fueron administradas por el sindicalismo (...) - La cuestión previsional, por lo visto, empalma con la política fiscal, que es un debate postergado en la Argentina. ¿Cuál es su visión?- Ahí está el tema de fondo. A veces surge la pregunta: si esto es tan obvio, ¿por qué no se hace? Y bueno, no se hace porque no se quiere hacer una tortilla. Porque para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Para quienes ejercen cargos políticos quizá resulte más atractivo aparecer en una foto con los Rattazzi o los De Mendiguren, en lugar de cargarles un impuesto a los grandes empresarios. Siguen creyendo que quienes causaron nuestras desgracias, nos van a sacar de ellas.
- ¿Los que hoy están demandando a la Anses son los que no han podido reajustar sus ingresos en función de sus aportes históricos?- Efectivamente. A veces se tiran porcentajes que en el bolsillo del jubilado se convierten en relatividades absolutas. A veces funcionarios que ganan buenos sueldos dicen: 'bueno pero dimos tantos aumentos'. Lo cierto es que no mejoró la condición de los jubilados en términos de lo que han aportado al sistema, ni tampoco en función de lo que necesitan. Esto produce que 475 mil demandas se estén tramitando hoy en el fuero de la seguridad social. Aunque con escasa y casi nula posibilidad de que se terminen pagando las sentencias. - La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, ha venido acompañando el reclamo de la clase pasiva. ¿Es así?- La Corte ha sido muy clara en varios fallos. Recordemos los fallos Badaro 1, del 6 de agosto de 2006, y Badaro 2, del 27 de noviembre de 2007. Y otros fallos que tienen menos prensa, pero que son tan convincentes como ése, que refieren fundamentalmente a los reajustes que debían tener los haberes de los jubilados en diversos períodos y que no se les otorgaron. Con respecto al caso Badaro, se trata de un jubilado, como hay más de un millón y medio en su situación, al que no le fue reajustado su haber, porque cobraba más de 1.000 pesos en los períodos posteriores al 2003. Empezó a demandar que se lo reajusten conforme el aumento que habían recibido los trabajadores activos. Porque en definitiva él era un trabajador que había dejado la actividad. Y en ese sentido la Corte dice que así corresponde. Y fija un reajuste del 88,6% del haber, entre enero del 2002 y diciembre del 2006. En ese lapso Badaro sólo había tenido un reajuste del 21%. Para hacer la actualización se toma enero de 2002 porque es cuando cae la ley de convertibilidad. Es a partir de esta experiencia que el resto de la clase pasiva está realizando su reclamo judicial. - ¿Por qué la Corte, en lugar de fallar caso por caso, no produce una sentencia con alcance colectivo?- Porque de ser así ganaríamos nosotros (risas). Al respecto, tenemos planteada desde la Defensoría una acción de clase que es lo que hoy se está tramitando en la Corte. Está incubándose. Hubo un pedido de informe recientemente por parte de ese alto Tribunal hecho a la Anses. Tanto la Defensoría nacional como la nuestra, han planteado concretamente que en razón de que el resto de los tribunales inferiores se tienen que acoger a la doctrina de la Corte, tienen que fallar como ella lo hizo en tantos casos. Tienen que hacerse extensivos al resto de los jubilados, sin que deban recurrir a juicios individuales. Porque en definitiva hacer un juicio es simplemente esperar un largo tiempo donde el jubilado va a morir en la espera y el resultado ya se conoce de antemano. Porque los Tribunales inferiores no puede fallar en contra. - ¿La Anses apela esas demandas y eso hace estirar el trámite judicial? - Así es. Es el cuento de la buena pipa. Porque en realidad -y asumo la responsabilidad de la expresión- se aplican chicanas judiciales. Es decir, ardides para prolongar la espera que en definitiva no hacen otra cosa que evitar que el jubilado no pueda gozar de aquello que le corresponde. - ¿Especulando acaso con que se muera el demandante?- Que se muera en el trámite. Esto es una práctica que instaló (Domingo) Cavallo a principios de los '90. Y es una caracterizada práctica de darwinismo social. De forma que solo los superiores de una especie pueden llegar a percibir lo que el derecho les genera. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y es lo que esperamos que la Corte repare en la futura sentencia, que seguramente conoceremos días después de las elecciones del mes de octubre. Recordemos que el segundo fallo Badaro es del 27 de noviembre del año 2007, y las elecciones habían sido en octubre de ese año. - ¿Y esta conducta a qué se debe? ¿Son fallos políticos?- Y la Corte en realidad tiene un fuerte componente de política. Lo hace para desvincularse de la presión política en sí misma. Los "padres" del modelo
- El gobierno dice que si tuviese que pagar el 82% móvil el Estado se fundiría. ¿Usted qué piensa?- Es el argumento de Diego Bossio, que es el actual director ejecutivo de la Anses. Curiosamente escuché las mismas palabras de Cavallo con el emblemático caso Chocobar, a principios de los '90, que fue el caso Badaro de la época. Se inauguraba entonces la ley de convertibilidad. Y Cavallo dijo que si se le pagaba así a los jubilados, corría riesgo esa ley que, según él, le daba estabilidad económica a la Argentina. - Los jubilados, entonces, son una variable de ajuste...- Exactamente. A mí me llama mucho la atención la analogía con el presente. En aquel momento hice 18 infructuosas demandas penales a Domingo Felipe Cavallo. Ahora un joven funcionario, que seguramente tiene recuerdos borrosos de los '90 aunque adhiera a su ideología más que yo, resulta que dice exactamente lo mismo. En el fondo se nos está diciendo que el dinero de la Anses no se puede usar porque es lo que cubre el déficit del presupuesto nacional. O en otros términos, que dicho presupuesto es deficitario y entonces hay que recurrir a este tipo de cajas. Las palabras de este funcionario, por tanto, desnudan la realidad de las cuentas públicas del país. No serían superavitarias como se dice. - Siguiendo esta lógica, ¿cabría decir que los jubilados subsidian el modelo?- Serían los 'padres' del modelo, en un contexto donde algunos se pelean por su paternidad. Nadie pensó que habría tantos padres (...) La gente cuando escucha números se aburre. Aparte nos quedó impregnado el estilo Alzogaray, el economista liberal que rigió con su pensamiento los destinos de la economía argentina, y que al parecer sigue influyendo. Veamos una explicación sencilla. Hoy la seguridad social se financia sólo en la mitad con lo que proviene del trabajo. Vale decir, aportes laborales y contribuciones patronales. Contribuciones, por otra parte, que se redujeron en más de 8 puntos en el año '95, cuando Cavallo también sostuvo que había que reducirlas para evitar la desocupación. Desocupación que era de un dígito y que en el 2001 llegó a los dos dígitos. Pero bueno, esto implicó que al Estado argentino no ingresaran alrededor de 100 mil millones de pesos, garantizándose así las utilidades empresarias. Hoy la otra mitad de la seguridad social se financia con impuestos. - ¿Cuáles, por ejemplo?- Los impuestos que tienen porcentuales dedicados a la seguridad social son ganancia, patrimonio, hidrocarburos y cigarrillos. Pero el impuesto que más aporta es el IVA, que es el más regresivo que hay en el mundo. Es regresivo porque lo pagan tanto los pobres como los ricos en el mismo porcentual. También, obviamente, lo pagan los jubilados. Entonces fíjese qué paradoja: este impuesto, que es tan regresivo, cada vez que compran cualquier cosa, lo pagan los jubilados y lo pagan los pobres indocumentados que trabajan en las grandes ciudades, en talleres clandestinos, que nunca se van a poder jubilar ni acá ni en su país. Estamos frente a un mecanismo por el cual los pobres financian a los pobres jubilados. Esto ocurre, mientras la renta financiera no está gravada en la Argentina. ¿Sistema sustentable? - Escuchándolo, uno colige que el sistema previsional no es sustentable. - En términos tradicionales, está quebrado. ¿Por qué de esto no se habla? Porque en el mundo pasa exactamente lo mismo. Por algo muy simple: tenemos siempre una desocupación encubierta importante. Y a su vez tenemos una gran cantidad de trabajo en negro, que en el caso argentino es el 36%, según el índice oficial. Además, aquellos que trabajamos en blanco, cobramos porcentuales en negro. Incluso los trabajadores estatales (...) Todo esto hace que la famosa pirámide o la estructura de la llamada Ley Bismark, de fines del siglo XIX, que fundamentó el sistema de postguerra de la seguridad social, no exista más. - ¿Cómo se supera, según su parecer, este déficit crónico?- Acá hay un tema de fondo, del cual no se puede desvincular el sistema político institucional, que es tratar la reforma estructural del sistema de seguridad social. A modo de enunciado, al sistema hay que integrarlo con 3 pilares: previsión social, salud y educación. Esto debiera ser la gran discusión del sistema político. Ahora, ¿qué hacemos en lo instrumental, relacionado a la seguridad social que tiene efecto previsional? Primero, tenemos que solucionar la situación de los actuales jubilados o hacernos cargo de que se tienen que morir en la indigencia. Esto hay que decirlo con todas las letras: no se puede someter a millones de personas y decir: 'hagan un juicio que algún día van a cobrar' (...) El director ejecutivo de la Anses, durante un reciente informe ante el Congreso de la Nación, dijo que ese organismo tiene un fondo de garantía o sustentabilidad de alrededor de 190.000 millones de pesos. Pero lo que paga anualmente Anses por beneficios son 90.000 millones; es decir, abona casi la mitad de lo que posee. Ahora bien, los juicios que hoy están fallados por la Corte representan globalmente una erogación de 35.000 millones, por retroactivos, por única vez. Y una erogación anual de 14.000 millones. Viendo estos números, se ve que estamos en condiciones de abonar los fallos. A su vez, dentro de la composición de ese fondo de garantía se viene anunciando, y así está en la página de Anses desde el año 2008, que hay un superávit anual de 9.000 millones de pesos. Por lo cual, podríamos bajar la litigiosidad prácticamente a cero, pagando lo que la Corte ha fallado (...) Hoy decimos: hay 190.000 millones de pesos. Y yo me pregunto: mientras los juicios sigan reproduciéndose -entran entre 8 y 10 mil mensualmente- ¿cuánto va a terminar debiendo el sistema por esas demandas? Es decir, esto es una fábrica de pleitos que genera el propio Estado, que engorda a abogados y que mata jubilados. Digo hay que salir de esa lógica. - Usted estuvo a favor de la estatización del sistema jubilatorio. ¿No es clara esa ley en cuanto al uso de los fondos de ese sistema?- Ahí estamos frente a una mala práctica legislativa, por lo difusa en que se ha convertido la ley de reestatización. Es difuso porque sigue vigente la ley 2.441, que es la que dio origen a las AFJP. Fíjese qué paradoja: no existen las AFJP pero sí la ley que las creó. Entonces ahí tenemos un vicio de origen. Cuando se reestatizan los fondos no se dice cuál va a ser el límite del fondo de garantía. Entonces cualquier monto puede ser el fondo de garantía. Y la utilización de ese fondo de garantía puede ser para cualquier cosa. - Es decir, lo difuso de la cosa permite la discrecionalidad.- Exactamente. Ahora, estamos en un sistema de reparto. Vale decir que los recursos deben repartirse entre quienes están dentro del sistema, concretamente los trabajadores jubilados. Siguiendo la doctrina del propio sistema jubilatorio argentino, desde 1950 hasta la fecha, siempre hubo dos grandes cuentas: la cobertura de vejez y muerte; jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Si a estas dos grandes cuentas, les agregamos cuentas para pagar computadoras, bandas de rock o para hacer préstamos a empresas, la cosa se desvirtúa. De ahí que el jubilado se pregunte, con razón, qué hacen con su plata. - Y frente a esto, ¿qué dice el gremialismo argentino?- Salvo algunas expresiones sindicales, en su momento estuvo con las privatizaciones como ahora está por el sistema de reparto. Se trata de un alineamiento por conveniencia. No nos olvidemos que para que el gremialismo tradicional acompañara las privatizaciones en los '90, varias AFJP fueron administradas por el sindicalismo (...) - La cuestión previsional, por lo visto, empalma con la política fiscal, que es un debate postergado en la Argentina. ¿Cuál es su visión?- Ahí está el tema de fondo. A veces surge la pregunta: si esto es tan obvio, ¿por qué no se hace? Y bueno, no se hace porque no se quiere hacer una tortilla. Porque para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Para quienes ejercen cargos políticos quizá resulte más atractivo aparecer en una foto con los Rattazzi o los De Mendiguren, en lugar de cargarles un impuesto a los grandes empresarios. Siguen creyendo que quienes causaron nuestras desgracias, nos van a sacar de ellas.
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