Los ediles del FpV de la ciudad elevaron su voz por la anulación del fondo solidario de la soja por el cual el municipio local dejará de percibir 23 millones de pesos. La respuesta de José Colombatto. El titular de la Sociedad Rural dijo que "esperaba el comunicado de la Mesa de Enlace Provincial, remarcando lo que nosotros, desde hace un buen tiempo venimos denunciando". Indicó que si "nos prohíben dentro del ejido poder trabajar con un fitosanitario, glifosato, que para nosotros es una herramienta más, suena irracional, o "hipócrita", como marca la nota de la dirigencia provincial que los concejales del FpV, se quejen de que no les manden dinero del Fondo de la Soja". Resaltó que "por un lado nos prohíben trabajar con algo que es fundamental, y por el otro reclamen fondos que vienen de la soja". Y fue más allá, destacando que "suena una tomada de pelo a todos los productores que se encuentran dentro del ejido municipal que es de 33.000 hectáreas".En relación al destino que se le daba a las remesas de dinero que llegaban del fondo Sojero Solidario- decreto 206/ 2009 indicó que "tenía por finalidad financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales". Acotó que se trataba de una medida que no "estaba mal, pero también hubiese sido bueno "crear un fondo anticíclico para hacer frente a distintas contingencias climáticas, como los últimos eventos de sequía e inundación que afectaron severamente a buena parte de la producción", acotó. Por otro lado, señaló, tenemos un banco semi-privado como el Bersa que" en casos de emergencias no le aporta nada al chacarero". Entonces, continúa, veíamos con "buenos ojos que ese fondo se hubiera destinado como un respaldo a los desastres climáticas que arrasan con las distintas producciones". El GlifosatoSobre la ordenanza que prohíbe el uso del herbicida en el ejido, el dirigente contó que "muchos productores tuvieron que romper contratos a futuro, también la gente que compró el insumo con un año de anticipación para obtener mejores precios, tuvo que dar marcha atrás.Subrayó que "el daño que provocó esta medida en unas 20.000 hectáreas es incalculable, no solo para las propietarios de los campos, también para los que los arriendan, prestan servicios, transporte y demás". Agregó que este tipo de productos, por el glifosato, se manejan a "valor dólar, razón por lo que terminada una campaña, el agricultor se asegura un stock para la que viene quedando los bidones pagos y almacenados". Ahora ese "producto está comprado, almacenado y no saben qué hacer porque no lo pueden aplicar". Dijo que "se están devolviendo muchos campos que tenían como destino agricultura, debido a la prohibición". Consultado sobre la posibilidad de emplear técnicas relacionadas con la agroecología que impulsa el gobierno municipal, respondió que "resulta inviable por los altos costos que tiene en una provincia que tiene el impuesto inmobiliario rural más alto del país". Recordó que cuando Sergio Urribarri era gobernador dicho impuesto "aumentó un 600% que lo torna impagable".En cuanto a una alternativa al glifosato, el ruralista dijo que "partimos de la base de que es un producto banda verde aprobado por el Senasa". Agregó que desde la rural se "aboga por las buenas prácticas agrícolas, pero lamentablemente no se controló, de parte de las autoridades pertinentes en los estados municipales y provinciales, como correspondía y se llega a una instancia que podría haberse evitado".Reiteró que se trata de "un producto aprobado", y si se va a "prohibir se le tiene que dar al productor la chance de generarle una alternativa para seguir produciendo y no quedar afuera del sistema".
