El Senado provincial investiga el supuesto fraude con las contrataciones

Adán Bahl pidió que se llegue hasta el fondo para que se sepa la verdad. La influencia que tuvo en la decisión del vicegobernador las denuncias contra el diputado radical Troncoso y el de los empleados del senador nacional Guastavino.Es en el marco de la causa en la que se investigan los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita por la contratación irregular en el seno de la Legislatura, el vicegobernador y presidente de la cámara alta provincial Adán Bahl dipuso iniciar una investigación sumaria ante la escandalosa causa que tramita en la Justicia y que involucra a la Legislatura."En relación a la causa que investiga las contrataciones en la Legislatura, desde la Vicegobernación se informó que el presidente del Senado ordenó una instrucción de investigación sumaria administrativa interna como medida complementaria a la renuncia del funcionario que se desempeñaba como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores. Asimismo el Senado, en el marco de la legislación vigente, se ha puesto a disposición de la Justicia desde un primer momento", informaron mediante un parte de prensa.El miércoles pasado, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables con el objetivo de incautar información y elementos para el legajo en el que investiga el funcionamiento de un esquema por el cual a través de contratos se generaba un fraude al Estado.Hasta lo que se sabe provisoriamente, en la Legislatura (Senado y Diputados) se hicieron 350 contratos que varían entre los 35 y 50 mil pesos. Pero a los contratados sólo se les daba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre.Una inmensa mayoría no trabaja en la Legislatura. Si se saca una cuenta rápida se trata de un monto mensual de unos 14 millones de pesos mensuales. De ahí hay que sacar los honorarios para los prestanombres y los estudios contables, que eran quienes hacían los aportes a la AFIP y ATER. Para tener todo en regla.Luego de los allanamientos y con el escándalo a la luz del día, Bahl le solicitó la renuncia a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general de administración de la Cámara alta.La causa -que involucra a legisladores de los principales partidos políticos- investiga los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita.Dos casos que repercutieronLas contrataciones irregulares repercutieron en dos denuncias, una contra un diputado provincial y otra contra colaboradores de un senador nacional.El 20 de septiembre pasado, dos empleados legislativos contratados por el diputado provincial radical Ricardo Troncoso denunciaron que desde 2015 el legislador les exige que le den casi el 70 por ciento de sus haberes para derivar los fondos a sus movimientos políticos y personales.Según pudo determinar el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), el perverso mecanismo es instrumentado por Troncoso con diez contratados, muchos de los cuales no pisaron nunca la Cámara de Diputados, pero sirven a los fines del legislador oriundo de Maciá.Y el otro caso, curiosamente, también se desató el 20 de septiembre, aunque tomó estado pñublico días más tarde: ese día, tres personas (Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez) contratadas por el senador nacional Guillermo Pemo Guastavino fueron interceptadas con mochilas llenas de dinero en un cajero de Paraná.Inmediatamente, la Policía allanó el domicilio de Beckman donde encontraron documentación y más tarjetas de débito, por lo que se definió dictarles la prisión preventiva de los tres sospechosos.La causa quedó bajo secreto de sumario y está a cargo de la fiscal Patricia Yedro; la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche y la jueza de Garantías es Marina Barbagelata.