EN DOS CAUSAS DIFERENTES
El titular del Iosper tuvo dos fallos en contra por violencia laboral
Fernando Cañete, actual presidente del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y quien busca la reelección en los comicios del 6 de julio, tuvo durante este mes dos sentencias en contra en causas iniciadas por dos empleadas del organismo, que denunciaron abuso de poder, violencia laboral y violencia de género.
El martes 21 de junio se dio a conocer la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná, que rechazó un pedido de caducidad interpuesto por el Iosper, por lo cual ahora queda firme la sentencia judicial que en 2021 rechazó el traslado de la empleada Silvana Olivera desde la agencia de Santa Elena hacia la delegación La Paz. Este fallo fue dispuesto con los votos de los jueces Hugo González Elías y Adriana Acevedo, y la abstención de Marcelo Baridón.
En el marco de esta causa, en agosto de 2021 se había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la trabajadora y se ordenó la suspensión de la ejecución de una resolución del Iosper del año 2020 –firmada por Cañete– por medio de la cual se disponía el traslado de Olivera hacia La Paz, lo que la trabajadora consideró “compulsivo” y “arbitrario”.
En la sentencia también se ordenó el reintegro de la empleada a la agencia de Santa Elena –donde la mujer tiene domicilio– “cumpliendo mismas funciones y en idéntica situación anterior al traslado”.
En Gualeguay
Por otro lado, el 7 de junio pasado se conoció la sentencia en una causa tramitada en los Tribunales de Gualeguay –de donde Cañete es oriundo– e iniciada por una trabajadora por “violencia y discriminación en el ámbito laboral”, luego de que en 2019 se le quitara la titularidad de su cargo y fuera destituida de sus funciones.
La demanda se instruyó contra Cañete y otros cuatro funcionarios de Iosper: el director de Delegaciones, el jefe de Delegaciones, y la delegada y la subdelegada de la agencia Gualeguay de la obra social.
La resolución de la jueza laboral de esa localidad, Mónica Terraza, ordena reincorporar a la empleada a sus tareas “garantizándole un ambiente saludable, libre de violencia y acoso, debiendo otorgarle tareas efectivas de la jerarquía y en la categoría de Delegada/Encargada que ocupaba antes del desplazamiento efectuado y dándole los recursos, espacios y herramientas tecnológicas para cumplirlas en esta ciudad”, en referencia a Gualeguay.
Además la magistrada conminó a Cañete y demás funcionarios a recibir capacitación “en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos discriminatorios”, lo cual deberán cumplir “a su exclusivo cargo y costo”. (APFDigital)