Electrodependientes: la necesidad de proteger a los más vulnerados  

Sigrid Kunath*El anuncio que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, hizo la semana pasada respecto de este nuevo aumento de tarifas en el servicio de electricidad bajo la premisa de reducir los subsidios hasta el año 2019, pone en evidencia la tendencia del gobierno nacional a afectar la economía doméstica de los pequeños usuarios y nos alerta sobre la necesidad de proteger a quienes se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad y que simplemente no pueden reducir el consumo eléctrico por cuestiones de salud.Este es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que requieren del suministro continuo de electricidad para poder vivir y que son identificados como electrodependientes. Dentro de esta caracterización incluimos a aquellas personas con discapacidad que padecen enfermedades permanentes o crónicas diagnosticadas, cuyo tratamiento adecuado demanda un mayor consumo de energía eléctrica al requerir equipamiento o infraestructura especial.Este es el sentido que cobra el proyecto que presenté en el Senado y que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Salud y Población y Desarrollo Humano, el cual propone asegurar la prestación de un servicio estable y continuo de energía eléctrica por medio de la exención de pago del suministro a personas con discapacidad consideradas electrodependientes. En nuestro país existen personas con discapacidad que requieren de la asistencia médica a través de un equipo eléctrico que los asista permanentemente y que, por razones obvias, no pueden dejar de utilizar o alterar el modo de consumir el servicio eléctrico como forma de paliar los enormes costos que significan los aumentos tarifarios impulsados recientemente por gobierno nacional. Las personas que debido a su afección dependen de la energía eléctrica para preservar su vida y su salud se encuentran dentro de la definición amplia de la Ley 22.431, que establece un Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, y deben ser contempladas en ese marco.Cabe recordar que en varias provincias ya existen normas protectoras para las personas con discapacidad y electrodependientes. Entre Ríos, mi provincia, es un ejemplo de ello: mediante un subsidio creado por Decreto 817/03 se asiste a los clientes que son afectados por problemas de salud y que necesitan utilizar equipos que cuentan con un alto consumo eléctrico mediante un descuento equivalente al monto de 800 kWh bimestrales, valorizados al último escalón del cuadro tarifario, que se destina a reducir el importe básico de la factura, antes de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones.Es por esto que resulta prioritario el tratamiento en el Congreso de esta iniciativa con la que se espera que la situación en la que las personas electrodependientes se ven inmersas no quede en manos de las empresas distribuidoras del servicio de electricidad, sino en el Estado, quien a través de los canales correspondientes y medios necesarios, debe garantizarles el acceso a la salud y a una vida digna. *Senadora Nacional por Entre Ríos