Una mujer de 49 años, que dijo ser una jubilada y ganar $3250, recibió una pena de un año y seis meses de prisión condicional por haber estafado a una joven pareja que le compró un terreno que había vendido 20 días antes, causándoles una pérdida de 90 mil pesos.Gladys Noemí Trinidad fue llevada a juicio la semana pasada por un hecho que se originó en mayo de 2013 con un terreno que tenía a la venta en la zona oeste de Gualeguaychú y que una joven pareja le compró para la construcción de su casa.
Te puede interesar: La pareja detenida en Pueblo Belgrano recibió la preventivaSegún consta en la denuncia, los damnificados acordaron la compra por 90 mil pesos, haciéndole entrega de 35 mil pesos en el acto y los 55 mil restantes en 14 cuotas de 4 mil pesosAl iniciar los trámites de inscripción registral del dominio en junio del 2014, los damnificados fueron anoticiados de que la adquisición del dominio sería imposible, debido a que el mismo estaba siendo escriturado por un hombre a quien la imputada le había vendido la misma fracción de terreno a través de un boleto de compra-venta del 10 de mayo de 2013.Trinidad vendió la misma fracción de terreno con 20 días de diferencia y produjo que la joven pareja continuara pagando de buena fe la totalidad del terreno, en pagos que recibió la imputada hasta junio del año 2014.Este acto defraudatorio fue llevado a juicio por la fiscal Martina Cedrés y en un juicio abreviado, Trinidad reconoció los hechos que se le imputaban y se acordó la pena de un año y seis meses de prisión condicional por el delito de "Desbaratamiento de derechos acordados".Para arribar a la condena se tuvo en cuenta el hecho atribuido, pero además la naturaleza de la acción, la edad de la imputada, su educación y costumbres, y su conducta precedente de que no tiene antecedentes. Sin embargo, en lo atinente a las costas, se indicó que debían ser declaradas a cargo de la enjuiciada pero eximidas de su pago por su notoria insolvencia.En definitiva, la responsable del ilícito recibió una pena excarcelable y no pagará las costas del juicio por su insolvencia. Los damnificados no recibirán un peso de los 90 mil invertidos y nunca devueltos, y si pretenden continuar deberá ser por la vía civil.
