En Diputados analizan un proyecto que propone regular la pauta oficial
El mandato constitucional aún no fue reglamentado, si bien hubo proyectos en la Legislatura y algún debate que quedó trunco. El nuevo texto, del radical Jorge Monge, establece la veda publicitaria en periodos electorales y descarta la contratación directa.Antes de este texto hubo otros que no se trataron. El tema vuelve a abordarse en Diputados a poco de una elección.El artículo 14 de la Constitución provincial contiene disposiciones referidas a la publicidad oficial, "estableciendo su objeto como aquel que tiende a garantizar la vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de los ciudadanos a la información pública". Así lo recordó Jorge Monge (UCR-Diamante) al presentar un nuevo proyecto de ley para reglamentar este mandato constitucional, que, a cinco años de la reforma de la Carta Magna, sigue sin ser operativo, permitiendo la discrecionalidad. La iniciativa, según da cuenta el ex convencional, es similar a la ya ingresada por el ex diputado radical Alcides López."El nuevo texto constitucional también contiene una manda respecto del derecho al reparto equitativo de la publicidad oficial en los medios de prensa evitando que se haga un reparto inequitativo de las partidas asignadas a tal fin y evitar que se distribuya la pauta publicitaria en función de las posturas de los medios de prensa frente al gobierno de turno. La adjudicación de la publicidad oficial debe regirse por los principios de pluralismo, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto", remarcó el legislador radical, que recibió el apoyo de sus pares del bloque para ingresar el proyecto.Entre las prohibiciones que fija la iniciativa, establece que no podrá utilizarse para "elogiar o destacar la gestión y/o la labor de las autoridades o funcionarios públicos; fomentar expresa o tácitamente los intereses de ningún partido político; menoscabar o perturbar las actuaciones legítimas adoptadas por otro poder público en el ejercicio de sus competencias; transmitir mensajes discriminatorios(...); inducir en forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios al orden público; contribuir a confusión con la utilización de símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social; crear una imagen negativa o engañosa de una entidad o de una persona".
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