La denuncia por administración fraudulenta se realizó en mayo de 2012. En el medio pasaron tres peritos contables que por diferentes cuestiones no pudieron hacer la "autopsia" de este caso. Esta semana se constituyó una nueva perito y todo empezó desde cero. Hoy toda la investigación está en manos de Mario Figueroa, el quinto juez por el que pasa la causa. Carlos Riera Hace cinco años atrás, el club de calle España vivía su historia más negra. Las arcas centralistas estaban vacías y según el informe de deuda que presentó la Comisión Directiva encabezada por Leonardo Abrahám en la multitudinaria asamblea del 23 de mayo, Central Entrerriano debía 22 millones de pesos.Cuando la institución se presenta a concurso de acreedores, el número bajó considerablemente a 12,5 millones de pesos y luego de pasar por la Justicia, la deuda verificada fue sólo de 800 mil pesos. De todas maneras, y más allá de que los números de Central Entrerriano estaban en rojo, la Comisión Directiva que preside Alejandro Briozzo en la actualidad, le hizo frente a una deuda de 5 millones de pesos de acreedores honoríficos.Pero volviendo a mayo de 2012, cuando todo esto estalla, lo primero que se hizo fue remover a la Comisión Directiva que presidía Leonardo Abraham y son nombrados al frente de la institución rojinegra Ricardo Venditti y Horacio Sobredo. Estos dos históricos dirigentes, fallecidos ambos, radicaron la denuncia por administración fraudulenta y luego se realizaron los allanamientos en la sede de calle España y en el estudio de Abraham, bajo la orden del por entonces juez de Instrucción, Arturo Dumón.En esa ocasión, y durante 16 horas de procedimiento, se secuestraron 114 cajas con material documental que posteriormente se almacenó en el Juzgado de Instrucción N°1 de Eduardo García Jurado. Este magistrado se había excusado en primer término y por ello la causa recayó en Dumón, pero este juez no aceptó esa excusación y todo terminó nuevamente en García Jurado. En declaraciones a ElDía en agosto de 2012, dijo que esta causa era "más compleja que la de Tesorería Municipal" y que "durante cuatro horas diarias, dos personas del Juzgado de Instrucción N° 1 se dedican exclusivamente a la apertura de las 114 cajas que hay secuestradas bajo el nombre 'Administración del Club Central Entrerriano'".Lo cierto es que más allá de todo el esfuerzo que realizaron estos dos pobres empleados del ex Juzgado de García Jurado, casi nada se ha avanzado hasta el 2017. Esta es una de las pocas causas que se iniciaron bajo el anterior Código Procesal Penal que aún no ha visto la luz de la Justicia y el tiempo se acorta. "Que hay irregularidades, las hay"Durante estos cinco años ha corrido mucha agua bajo el puente. Tres peritos contables pasaron hasta llegar esta semana toda la documental a manos de Florencia Ara, contadora de la sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Pasó una contadora de Concepción del Uruguay que dio sus motivos y se excusó, luego pasó lo mismo con otra contadora de la jurisdicción de Gualeguay, que esgrimió tener mucho trabajo en su ciudad como para hacerse cargo de una causa tan pesada, y por último fue nombrada Diana Rossi, que debió excusarse inmediatamente por ser la esposa del actual presidente de Central Entrerriano, Alejandro Briozzo.Desde hace aproximadamente un año, luego que el ex juez de Garantías Mariano López abandonó la ciudad para tomar posesión en la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, toda la causa está en manos de Mario Figueroa.Fue este magistrado el que se comunicó con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, solicitándole la inmediata designación de un nuevo perito contable para encarar la "autopsia" de un caso por supuesta administración fraudulenta.Esta semana que pasó llegó a Gualeguaychú Florencia Ara, designada por el máximo órgano provincial. La situación que encontró cuando tomó posesión de la documental no fue la más satisfactoria para ella, pero igualmente hay optimismo en la querella en que pueda culminar lo que otras empezaron y abandonaron.Figueroa prefirió no ser aventurado con el tiempo que pueden llevar estas pericias, "es algo muy relativo, porque son muchos los puntos de pericia y hay muchas vinculaciones que hay que realizar, tanto de lo solicitado por la querella como lo que pidió la fiscalía y el Juzgado de Instrucción". Solo deseó que "se reúna todo lo posible, la mayor cantidad de datos, antes de diciembre para que se pueda tener un panorama y analizar si hay alguna incriminación".El inciso 2 del artículo 62 del Código Penal señala: "Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años". Y según el artículo 172: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".Por lo tanto, si se mantiene la administración fraudulenta, que prevé penas de hasta 6 años de prisión, esta causa prescribiría en mayo del año próximo. "Tengo entendido que sí. Si hablamos de algún tipo de defraudación prescribiría el año que viene pero sino, si hay otra figura de por medio, se verá. Todavía no hay un tipo penal para incriminar", explicó Figueroa en diálogo con ElDía."Leí todas las testimoniales, todos los informes realizados por los bancos, todas las carpetas que se secuestraron de las computadoras. Que hubo irregularidades por su puesto que las hubo, obviamente, pero todavía no puedo decir que estamos ante un tipo penal específico porque hay que esperar la pericia contable. Ante una determinada denuncia por una faltante de tanta plata, hay que ver esa plata de dónde viene, hay que determinar cuál es la legitimidad de todo ese dinero", expresó.El material a peritar son 20 carpetas con informes de balances, que se deberán triangular entre sí, con los números de cheques y con los depósitos, determinar cuál fue el destino de esos fondos y cuál fue la generación de esa deuda. "Que hay irregularidades, sí hubo irregularidades, pero hay que determinar si detrás de esas irregularidades encontramos un tipo penal y después se verá si es posible incriminarlo o no, sobre todo por el plazo de tiempo", agregó el responsable de la investigación.Hasta el momento se han tomado declaraciones que han sido más bien informativas, en donde se han brindado datos que han aportado al hecho y que han abierto líneas investigativas y su viabilidad, pero la persona que presidió la Comisión Directiva sospechada, no ha sido llamado. "La Justicia ha fracasado"Andrés Sobredo, que junto a Daniel Garbino son los querellantes en esta causa, se mostró escéptico en que se pueda avanzar tras cinco años de inactividad. "Esto es una radiografía actual de lo que es la Justicia en Entre Ríos. Evidentemente en este tipo de delitos la justicia ha quedado muy retrasada no solo presupuestariamente sino con el equipo humano", criticó el dirigente."No se entiende cómo no puede haber un ayudante o un secretario de la contadora para una causa que tiene más de cinco cuerpos. Esa es la realidad. Es una placa radiográfica de lo que es la justicia hoy en día, donde delitos como es el robo a una casa en donde encuentran al delincuente infraganti termina preso a los dos días. En cambio en delitos donde realmente tiene que ponerse en funcionamiento lo que es el engranaje de la justicia te das cuenta que luego de cinco años la justicia ha fracasado", agregó."En causas como esta, a la Justicia o no le importa o evidentemente por más que le importe la estructura judicial no tiene las herramientas para poder avanzar. Evidentemente si no se le da un apoyo a la contadora para hacer las pericias seguramente duerma otro año más la causa", indicó.A Sobredo este tema lo toca muy de cerca, porque hace dos semanas falleció su padre, un histórico dirigente rojinegro, quien además fue el que impulsó la denuncia penal contra Abrahám. "En Central Entrerriano ha habido mucho sacrificio humano en sacar el club adelante, desde el presidente, todos los miembros de la Comisión Directiva hasta el último empleado. Hemos puesto un esfuerzo sobrehumano para que todo se haga. Sobre todo en los momentos más difíciles, cuando había que poner la cara por las deudas que no habían sido contraídas por el Club ni por ninguno los miembros de la Comisión Directiva. Por un lado me reconforta que llegue la contadora y por el otro me decepciona que después de cinco años no haya pasado nada. Este delito pasó en Central, no me quiero imaginar en qué terminan los que ocurren en la esfera pública", finalizó.
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