La creciente ola delictiva en Gualeguaychú originó una serie de declaraciones que dejaron en el ojo de la tormenta al comisario Juan Carlos Escalante. Había dicho que la Justicia no combate la cultura del robo y no se sanciona a los encubridores.Carlos RieraEl juez Eduardo García Jurado se mostró indignado y opinó: "Esto es propio de una dictadura militar, donde el poder de fuego está sobre el poder de la ley"."La Justicia es uno de los determinantes de la inseguridad, porque de alguna forma permite que continúe la cultura del robo como forma de vida y la cultura del encubrimiento en la sociedad", señaló el actual jefe de Policía Juan Carlos Escalante en declaraciones a Radio Máxima, contestando a los dichos del fiscal coordinador Mauricio Derudi que había dicho que "la justicia penal interviene con los hechos consumados, es decir no es una justicia preventiva. Nosotros no podemos juzgar a la persona por el modo de vida que lleva, necesitamos las pruebas para imputar un hecho".Al tomar trascendencia estos dichos, el presidente de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones y Juicio de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, salió al cruce para defender el accionar del Ministerio Público Fiscal, indignado por los dichos de Escalante."Estas declaraciones adolecen de fundamento y marcan un hito al que no estamos acostumbrados y no debemos acostumbrarnos. Es muy grave como operador del sistema formal penal y como subordinado en ese aspecto al Poder Judicial, que salga a hacer una manifestación tan contundente diciendo que la Fiscalía, y por ende los organismos jurisdiccionales, están permitiendo una cultura del robo y del encubrimiento, al no detener a las personas que él dice que la Policía entrega con pruebas a la fiscalía", pronunció."Esa manifestación es muy grave, muy grave, y creo que el Jefe de Policía de Provincia o el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos tiene que tomar intervención porque es una acusación a la Justicia de ser funcional al delito. Una cosa que yo en mis 43 años no he escuchado jamás. Esto es propio de una dictadura militar, donde el poder de fuego está sobre el poder de la ley", dijo con indignación.Escalante mencionó que se ha logrado una celeridad en las causas judiciales, pero que muchas de ellas recurren a Casación y ahí se origina un cuello de botella, que obliga a que los condenados en primera instancia aguarden la firmeza de la sentencia en libertad.García Jurado reconoció este problema, pero aseguró que ya está en vías de solución con la creación del Tribunal de Casación, "es un problema estructural que se va a solucionar". Luego de ello volvió a remarcar la gravedad de las declaraciones del funcionario policial y remarcó: "Los fiscales lo que hacen es investigar, acumular pruebas y eso lo hacen con la Policía, la cual sigue teniendo un rol fundamental. Si la Policía no arrima pruebas, el fiscal nada puede hacer para elevar a juicio. Por lo tanto, esto lo reitero, es muy grave, no es aceptable que se tire la responsabilidad de la inseguridad de Gualeguaychú a un sector de los operadores y que ese sector sea el Ministerio Público Fiscal".Agregó que Escalante "está olvidando el detalle de los hechos delictivos que no se esclarecen, y que son los que tienen como protagonistas a los motochorros. En eso, los fiscales y la Justicia no tienen injerencia porque los fiscales trabajan y nosotros juzgamos de acuerdo a lo que la Policía le brinda de pruebas, y si no nos traen a los autores nada podemos hacer".Cuando se le consultó su parecer sobre si el sistema judicial es indulgente, opinó que "las garantías no son para los delincuentes solamente sino para todos nosotros, en caso contrario, un mal policía, un mal fiscal podría inventarle pruebas y causarle un grave daño a su integridad espiritual y social. Las garantías son un límite a ese poder".Luego de ello reconoció que "en todo caso habría que aceitar las llamadas restricciones ambulatorias dentro de la ciudad, con un seguimiento". Es cierto que puede llegar a parecer utópico que se realice un seguimiento a cada uno de los condenados que esperan en libertad la decisión de Casación. García Jurado se mostró de acuerdo en que ello se debe a "un déficit que debe ser solucionado desde el poder político con la instrumentación de una estructura de seguimiento desde la oficina de Patronato de Liberados"."Es malo para el sistema que un operador le eche la culpa al otro. Y más aún cuando el operador es un Jefe de Policía, que es el que tiene el mayor poder de fuego para prevenir obviamente. Espero que haya alguna investigación administrativa para las declaraciones del Jefe de Policía, cuando en este momento hay más de 50 oficiales retirados y en actividad y suboficiales que están sumariados por haber peticionado un aumento salarial en forma pacífica en Gualeguaychú. Un Jefe de Policía no puede decir cualquier cosa no adecuada a derecho y los subalternos no pueden peticionar pacíficamente".García Jurado sabe que hay muchas cosas por mejorar en el sistema judicial y una de ellas es la aceleración de los trámites de apelaciones o de casación, pero a su vez señaló un punto muy particular."Debe controlarse el funcionamiento de los operadores judiciales porque no solamente basta hacer una selección a través de un Consejo de la Magistratura. No hay premios ni castigos dentro del sistema judicial en el sentido de controlar a aquel que trabaja lentamente y premiar a aquel que trabaja con rapidez y eficiencia. Hay que jueces que trabajan rápido y otros que tardan en resolver y eso no se ve porque no hay un sistema de control. La justicia también tiene que tener un sistema de control del funcionamiento del servicio", puntualizó.
