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Esperan por los resultados del dermotest y la pericia balística que hizo Gendarmería

Pasaron cuatro meses del crimen de Iván Pérez y al Ministerio Público Fiscal sólo le faltan los resultados de dos pericias que son claves para demostrar la responsabilidad penal del sargento Mauricio Gómez, que espera la realización del juicio oral cumpliendo un arresto en su domicilio.

El miércoles 9 de octubre de 2019, Iván Pérez, de 24 años, que escapaba de un procedimiento policial por un robo que había cometido, recibió un disparo de arma de fuego en su cabeza, ejecutado desde casi 90 metros. El responsable de esa ejecución habría sido el sargento de Policía, Mauricio Gómez, que abrió fuego con su arma reglamentaria 9mm cuando perseguía al delincuente por un descampado en el barrio Molinari.

La autopsia se realizó al día siguiente en la morgue ubicada en el Cementerio Norte, y el encargado de realizarla fue el médico forense Marcelo Benetti, quien a su vez estuvo acompañado por integrantes del Poder Judicial y miembros de Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad que se hizo cargo de las investigaciones.

En la autopsia se confirmó que Pérez murió por un único disparo que ocasionó un orificio de entrada y salida en su cabeza, ingresando por la parte alta de la nuca y saliendo por uno de sus ojos. Se estima que la distancia desde la cual fue efectuado el disparo fue de 100 metros, lo que concuerda con los primeros peritajes, que indicaron que el arma fue disparada a 95 metros de donde se encontró el cuerpo.

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Por el hecho fueron detenidos los dos policías involucrados en el procedimiento, Juan Zapata y Mauricio Javier Gómez, pero con el correr de la investigación se determinó que Zapata no tenía responsabilidad penal en el hecho y fue desvinculado, y como contrapartida quedó comprometido su compañero en el móvil de la Comisaría Octava.

Gómez fue llevado ante la fiscal Martina Cedrés a declarar como imputado por homicidio agravado, pero se negó a declarar y tras ello se le dictó una prisión preventiva por 35 días. El tiempo pasó y cuando se debía discutir la prórroga de la medida, el juez de Garantías, Tobías Podestá, se decidió por aplicarle un arresto domiciliario.

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La discusión se centró en el tiempo de aplicación de esta medida: El fiscal Lisandro Beherán requirió 45 días, en tanto el magistrado se inclinó por otros 30 días. La novedad es que se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear los pasos de Gómez, ya que enfrenta una pena de prisión perpetua y existe la posibilidad de fuga.

La excarcelación de Gómez fue y es requerida por cierta parte de la sociedad que defiende su accionar pese a que se trata de una clara sobreactuación de su deber como funcionario público, que lo respaldó con una marcha realizada por el centro de la ciudad bajo una consigna que remite a los años más oscuros de la historia argentina: “Derechos humanos para humanos derechos”.

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La vaina encontrada en el lugar de los hechos
La vaina encontrada en el lugar de los hechos

Desde entonces, Gómez espera el inicio del juicio oral en su casa, cumpliendo un arresto domiciliario con la colocación de una tobillera electrónica que monitorea sus pasos ante cualquier intento de fuga.

La Investigación Penal Preparatoria está prácticamente agotada, y sólo se espera por el arribo de informes periciales que fueron remitidos a Gendarmería Nacional en Buenos Aires, entre los cuales está el dermotest practicado a Gómez y Juan Zapata, y la mecánica del disparo. Una vez que estos informes lleguen a manos del fiscal coordinador Lisandro Beherán (que reemplaza a Cedrés con licencia) se estará en condiciones de requerir la audiencia de elevación a juicio.

Los antecedentes del policía imputado

La madrugada del 9 de febrero de 2016, mientras las distintas comparsas desfilaban por la pasarela del Corsódromo, Mauricio Javier Gómez trabajaba en la seguridad del espectáculo más importante de Gualeguaychú, y en el final del evento, aproximadamente a las 2.30, se originó un problema entre el público, que demandó la intervención policial.

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Un joven bonaerense que había llegado a la ciudad a presenciar el espectáculo sacó su celular y comenzó a filmar el proceder de los uniformados ante una aprehensión, pero esto originó la reacción “antirreglamentaria e injustificada” de Gómez, que se acercó por el costado del joven mientras lo filmaba, lo tomó del cuello y le aplicó varios golpes de puño en el rostro y patadas en el cuerpo.

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El turista fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde también se radicó la denuncia en contra de Gómez. Fue el entonces fiscal Sergio Rondoni Caffa, el mismo que actuó en el crimen de Fernando Pastorizzo, el que tomó la investigación e imputó al funcionario policial por el delito de “vejaciones ilegales”.

En octubre de 2016, ocho meses después del hecho, se realizó un juicio abreviado, que presidió el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi. El magistrado consideró que los hechos que se le imputaban a Gómez claramente se encuadraban en la figura del delito de vejaciones, que consiste en "tratamientos humillantes para la dignidad del ser humano y que afectan su decoro como persona” y “los procedimientos pueden consistir en malos tratos de contenido físico o psíquico".

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Por esto y otros argumentos, Derudi resolvió condenar a Gómez por “vejaciones ilegales en acto de servicio en concurso ideal con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función o cargo, a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el término de dos años para ejercer la función policial”.

Según supo ElDía, una vez que esta causa fue elevada a juicio por el fiscal Rondoni Caffa, Gómez no habría sido suspendido en la fuerza, sino que fue removido del área de Operaciones y destinado al cuidado y entrenamiento de los canes de la Policía. Quedó en función como activo-pasivo, es decir: no llevaba arma ni uniforme y no cobró el sueldo durante dos años; y solo entraba en actividad cuando se requería del perro rastreador que tenía a su cargo.

Cuando pasaron los dos años, a fines del 2018, debió haber sido sometido a una pericia psiquiátrica que lo debería haber habilitado para regresar a la función como servidor público. El jefe de Policía, Cristian Hormachea, informó a ElDía que a su arribo a la ciudad, Gómez ya trabajaba en la dependencia de Rincón del Gato y en el conteiner situado en el Acceso Sur. Por lo que se desconoce la realización o no de esta pericia.

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