Esta bolsa no se toca

Luz roja. Están en peligro los excedentes de Salto Grande. Y no es falsa alarma. La intención del gobierno nacional aparece con claridad en el artículo 15° del proyecto de ley de presupuesto 2012.Por Mario Alarcón Muñiz Esa intención, retrocede la historia al modelo impuesto en su momento por Cavallo. ¿Es admisible que cada tanto tiempo los entrerrianos tengamos que salir a defender nuestra legítima plata ante la voracidad de la caja nacional? ¿Por qué estas cosas se ocultan en las entretelas de proyectos de otra índole? ¿Qué se entiende por nación federal? Y así se suceden los interrogantes. Lo cierto es que otra vez el poder central sobrevuela en procura de esos fondos. Como los caranchos.Desde hace 13 años y medio las provincias mesopotámicas disponen en distintas proporciones, de las utilidades que al país le corresponden por la explotación de la represa de Salto Grande. Así lo establece la ley 24.954 promulgada el 27 de abril de 1998, conocida como Ley Maya, por haber sido su promotor el entonces senador nacional Héctor Maya. Plata nuestraAquella ley aprobó el acta acuerdo que veinte días antes habían suscripto las provincias y la Nación por el cual el 67,5 % de los excedentes le corresponde a Entre Ríos, el 27,5 % a Corrientes y el 5 % a Misiones. El convenio especificó que ese primer año la Nación entregaría el 20 % de las utilidades para aumentar en la misma proporción anualmente hasta llegar al total de los beneficios en 2002. Recién desde entonces se distribuye todo el excedente.Por su parte las provincias firmantes se comprometieron a constituir cada una de ellas un fondo especial para resarcir los efectos negativos provocados por la represa. En esa línea Entre Ríos creó por ley 9.124 en el mismo abril del '98, la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) con sede en Concordia y designada por el Poder Ejecutivo. La ley dispuso además la creación de una comisión bicameral de control, integrada por tres diputados y tres senadores. El autoritarismoCon mayor o menor eficiencia, entre reconocimientos y objeciones, la Cafesg ha trabajado desde entonces. Mientras tanto se discute si cumple o no, total o parcialmente, con su finalidad de "contribuir a restaurar los daños o inconvenientes de la represa, mejorar la calidad de vida en la zona, generar mecanismos de integración social, participación y autonomía  e impulsar o apoyar proyectos de desarrollo regional". Pero ese puede -y debe- ser tema de otro análisis. No es sensato hacerlo ahora cuando tenemos enfrente la codicia de la caja nacional como una nueva manifestación de autoritarismo."El Estado Nacional toma a su cargo los excedentes generados por el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y la entidad binacional Yacyretá", reza el artículo 15° del proyecto de presupuesto que está a consideración del Congreso. Ya hubo un avance en septiembre de 2003 mediante la resolución 406 de la Secretaría de Energía tendiente a recortar esos fondos. Se ignora si el recorte se produjo o no y en qué medida porque los gobiernos provinciales nada han dicho de esto en el tiempo transcurrido, pero el antecedente existe.Tanto esa resolución 406, que bien se sabe no puede sobreponerse a una ley, como este artículo 15° del proyecto de presupuesto, no tienen en cuenta la legislación vigente. A la ya mencionada ley 24.954 que aprobó la distribución de los excedentes, debe añadirse la ley 25.671 de fines de 2002 en cuanto establece que "el fondo especial de Salto Grande no formará parte del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional". Una larga luchaEl intento del poder central de apropiarse de recursos provinciales no es novedad, lo cual no significa que debamos resignarnos al atropello. Respecto de la represa, Entre Ríos aportó sus aguas, miles de hectáreas de tierra productiva y hasta aceptó hundir una ciudad. Sin consultar a la provincia, Menem y Cavallo -con el apoyo o el silencio de unos cuantos que hoy están en funciones y reniegan de esa época- pretendieron en 1994 privatizar el complejo hidroeléctrico. La resistencia oriental no lo permitió. El presidente uruguayo Sanguinetti hasta ofreció comprar la parte argentina, pero privatizar jamás.Entre Ríos se manifestó en igual sentido cuando el 14 de mayo de 1995 el 85 % del electorado de Concordia y Federación convocado a plebiscito, votó por el no a la privatización. En marzo de 1996 el Senado provincial, impulsado por el justicialista Leissa y el radical Seri, votó por unanimidad el rechazo a la privatización.Ya por entonces Cavallo había echado mano a las utilidades de Salto Grande destinando 20 millones de dólares a la modernización del sistema eléctrico de Santiago del Estero para ofrecerlo a los privados en mejores condiciones. "Esta plata es mía". Como ahora.Finalmente se impuso la idea de los entrerrianos a través de la ley Maya. Es la que rige. Ha llegado el momento de unificar criterios y evitar el zarpazo. Después discutiremos entre nosotros si los fondos son utilizados correctamente o no. Pero esta bolsa no se toca.