Estatales entrerrianos podrán comprar dólares sin controles

Los empleados públicos de 13 provincias podrían comprar dólares por un monto equivalente a los salarios que cobren este mes sin someterse a los nuevos controles del Gobierno, según lo establece la circular 5239 del Banco Central, que excluye de los controles cambiarios implantados al personal de las provincias que no haya transferido sus cajas previsionales al Gobierno nacional. Se trata de más de 1,3 millones de empleados de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Neuquén, Corrientes, Misiones, Tierra del Fuego, Formosa y Chaco. Este grupo queda eximido de los controles instaurados por las normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Banco Central (BCRA).La circular expresa que "las entidades financieras en las que estos empleados reciban la acreditación de sus sueldos podrán otorgar el acceso al mercado local de cambios sin requerir la consulta mencionada hasta un máximo equivalente al monto del último sueldo percibido del gobierno local", según publicó La Nación.Esta excepción regirá "hasta tanto los gobiernos locales cuyos empleados a la fecha no estén integrados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) implementen las medidas necesarias para dicha integración y durante un plazo máximo que no podrá exceder los 30 días corridos siguientes" a la fecha de publicación de la circular de la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont. "Exclusión transitoria"Cuando cobren sus salarios, los empleados de esos territorios -cerca de 1,3 millones, según los datos del gobierno nacional procesados por la Fundación Atlas y el Iaraf- podrían cambiar sus pesos por dólares sin someterse al sistema implementado por el organismo que lidera Ricardo Echegaray.La fuente oficial aclaró que, como lo dice la norma del BCRA, "se trata de una exclusión transitoria" que se eliminará apenas la AFIP cuente con esa información, en un plazo de 30 días, que parece exiguo luego de más de una década en la que el gobierno nacional no se hizo con los datos.