Esto debe ser política pública de Estado, no de un gobierno

En la última sesión del Senado de la Nación aprobamos una norma, enviada desde el Poder Ejecutivo, para combatir el lavado de dinero.Por Guillermo Guastavino*Opinión Esta nueva ley se enmarca en la política de Estado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una visión global sobre un problema que hoy tienen la mayoría de las naciones.Así, esta ley aprobada, es en consonancia con los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se reunirán el próximo 22 de junio en México.Creo que el punto más importante es la creación de la figura del lavado de dinero, que cobra así autonomía del delito de encubrimiento en el que se encontraba subsumido hasta el momento. Y contempla la posibilidad de perseguir el denominado "autolavado", es decir, el blanqueo de fondos ilegales en beneficio propio, tanto por personas físicas como jurídicas.Otro de los puntos centrales de la norma es la cesión de nuevas y amplias facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que tiene a su cargo el seguimiento, la investigación y el impulso de denuncias ante la Justicia de actividades sospechosas de encubrir el blanqueo de dinero obtenido con actividades ilícitas.Entre sus nuevas atribuciones figuran la posibilidad de requerir informes a organismos públicos y privados, de solicitar la incautación de los bienes sospechados sin sentencia previa (en caso de fallecimiento o fuga de los acusados) y una inyección de fondos para poder financiar sus actividades (le corresponderá el 0,6% del presupuesto del Ministerio de Justicia).Los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a 300 mil pesos y se estipuló que quien realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos tendrá la misma pena que el encubrimiento, mientras que el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.Vale aclarar que además se sancionó y envió a la Cámara de Diputados una legislación correctiva, que modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF: ahora los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán "sujetos obligados" cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compraventa de entidades comerciales.En cuanto a "los profesionales en Ciencias Económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables".Esta ley correctiva establece también, que los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UIF.Los Colegios Públicos, Consejos Profesionales, Cámaras sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar los manuales y realizar programas para la capacitación de sus matriculados o asociados para la detección de maniobras de lavado de activos. Por su parte, el Estado Nacional establecerá a través de la UIF, programas de capacitación de personal para el cumplimiento de los objetivos de la ley de carácter gratuitos para los sujetos obligados.Cuando sancionamos este tipo de leyes debo reconocer que la mayoría de los legisladores reconocemos que están por fuera de cualquier gobierno. Esto no ha sido oficialismo contra oposición. Esto debe ser política pública de Estado, no de un gobierno.Porque sin duda este debate hace a la seguridad de todos los ciudadanos, el lavado promueve la corrupción y esa corrupción se convierte en impunidad.*Senador Nacional