Estrada Oyuela cree que a las pruebas hay que socializarlas

El gobierno argentino aplicó la “confidencialidad” sobre los incidentes recientes provocados por Botnia. El ex embajador Raúl Estrada Oyuela, en cambio, discute esta estrategia. En diálogo con Radio Cero, propone que la ciudad haga sus propios estudios.o

{mp3cero}eoyuela140309{/mp3cero} Raúl Estrada Oyuela dijo que no ve un compromiso del Gobierno Nacional con la causa Gualeguaychú (Audio Radio Cero)

Por Gustavo Carbone y Marcelo Lorenzo

 

- ¿Ve un compromiso compacto del gobierno alrededor de la causa de Gualeguaychú?

- Lamentablemente no. Inclusive yo escribí hace unos meses un artículo largo sobre la falta de presencia de los temas ambientales en general y éste en particular. En realidad, la problemática ambiental no aparece en las plataformas políticas, no aparece en los discursos principales, no aparece en las campañas. Más allá de que a cierta altura en las campañas, hay un interés de los partidos. Por ejemplo, para la primer elección del presidente Kirchner yo fui consultado, y otros partidos hicieron algo parecido. Con respecto al tema Botnia, no sólo es un problema de Gualeguaychú y de Entre Ríos. No es un problema local, es un problema de la Nación Argentina.

- ¿Quiere decir, entonces, que el tema ambiental está en la sociedad pero no en la clase política?

- Diría que en la sociedad sigue estando como una cosa distante, como algo que siempre le toca a los otros. A 40 cuadras de mi casa está el Riachuelo. Si usted le pregunta a los vecinos por el tema, le sorprenderá la falta de interés por ese foco de contaminación. De modo que no hay reacción ante los problemas locales ligados al medio ambiente, porque esta problemática se la considera remota. De pronto, claro, pasa una cosa como la inundación en Tartagal, y entonces la gente la asocia al calentamiento global, algo que incluso los meteorólogos no lo tienen claro. La gente de Buenos Aires, por ejemplo, presta poca atención al tema de la recolección de basura en la puerta de su casa, pese a que se trata de algo importante.

- ¿En qué momento tomó conocimiento del movimiento de Gualeguaychú?

- Cuando irrumpió un grupo de Gualeguaychú en la Cancillería, en 2003, y nos vinieron a pedir cuenta de qué estábamos haciendo. La verdad es que yo no estaba involucrado en ese momento en el tema, y los otros colegas que lo deberían haber seguido con mayor interés, no lo habían hecho. Entonces tomé conocimiento del asunto por la llegada de gente de Gualeguaychú. Esto pasa en los temas ambientales. Los gobiernos se movilizan a partir del reclamo social por un lado y científico por el otro. Cuando la comunidad científica dice: ‘mirá, acá pasa tal cosa’, y la sociedad civil insiste, entonces el funcionario público, que puede seguir cobrando su sueldo plácidamente, y estar sentado en la oficina, tiene que preocuparse.

- Desde 2003, en que Gualeguaychú empezó su reclamo, han pasado muchas cosas. Sobre todo aumentó la angustia de la comunidad, mientras los asuntos legales se demoran.

- Los tiempos de la injusticia, producen mayor angustia. Aquí nadie puede -por lo menos nosotros los abogados- hacer un pronóstico serio sobre el fallo de La Haya. Aunque uno conozca todos los detalles, sepa toda la jurisprudencia y sepa como funciona la cabeza de un juez. Acá se trata de 15 jueces que se renuevan cada 9 años. Un tercio de esos jueces son nuevos, se acaban de incorporar. La jurisprudencia, es confusa, complicada. Hay un buen trabajo (realizado por una especialista), que refiere sobre cómo ese tribunal internacional ha tomado los temas ambientales y diría que no es alentador. Y además la Corte no tiene casos químicos, un caso de la industria química. Tiene casos ambientales, por ejemplo, del manejo de un río, pero desde el punto de vista del uso de las aguas. O tiene otro caso del cruce por la navegación por un canal. Pero un tema de este tipo no tiene. Y es complicado porque la Corte no tiene mecanismos para obtener asistencia pericial, que son propios de los tribunales ordinarios. Es decir, no hay perito. Entonces esto es una cosa que complica. En general, ha recurrido muy poco La Corte a peritos y los ha recibido como testigos expertos.

- Desde afuera, uno especula que el mundo es otro. El desbarajuste ambiental corre parejo con el económico. Todos los organismos globales, como el FMI, están siendo cuestionados y están en proceso de cambio. ¿No le llegará a la Corte de la Haya este aggiornamiento necesario?

- Ojalá fuera así. Ojalá usted tuviera razón. Pero yo no podría vaticinar ese cambio. La Corte está realmente en una torre de marfil. Es una sensación complicada. De todos modos, del equipo argentino que pleitea el tema, hay un abogado muy respetado que en mi opinión es el que mejor está habilitado. Se trata de Philippe Sands, que es profesor de la London School Economics y tiene un libro sobre política y derecho ambiental internacional. Además ha tenido participación en otros juicios, como la famosa planta de reprocesamiento inglesa, que motivó la protesta de Irlanda.

 

Hay que publicar las nuevas pruebas

- ¿Qué piensa del argumento de “confidencialidad”, a partir del cual el gobierno no quiere socializar los datos sobre contaminación del río Uruguay, señalando que es prueba que irá a la Haya?

- Creo que cualquier ciudadano, y mucho más una comunidad, tiene todo el derecho que asegura la ley para acceder a información ambiental. Todos conocemos la ley que así lo establece, los medios que existen para reclamarlos y cuáles son las excusas posibles para retener una cierta información. Aquí se ha usado el argumento de la confidencialidad en una reunión en la que yo no estuve, con lo cual estoy opinando sobre lo que escuché después, de parte de quienes asistieron a ese encuentro. En realidad me parece que la respuesta de los funcionarios no es sólida, no se sostiene cuando uno analiza lo que son las reglas de procedimiento de la Corte Internacional de Justicia. La Corte es compleja, pero tiene como todo tribunal unas reglas de procedimientos y unas recomendaciones adicionales. Un conjunto de normas. Los artículos que están en juego en esas reglas de procedimiento son dos: el 53 y el 79. El art. 53 dice que los documentos presentados a la Corte no se van a hacer públicos hasta que, iniciado el proceso oral, lo decida el tribunal. Esto es una disposición notable, porque uno podría tratar de investigar cuáles son las razones, qué es lo que pasa. El Tribunal del Derecho del Mar, por ejemplo, es más flexible. Entonces uno puede preguntarse si un gobierno como el argentino, que tiene la obligación de cumplir una ley interna de dar a publicidad las consideraciones ambientales, no debería tomar la iniciativa y pedirle al Tribunal que se anticipe. Porque la cláusula dice: el Tribunal puede, pero de ninguna manera prohíbe. Es decir, está dando una facultad para lo que pueda ocurrir entonces. Pero no hay una prohibición para lo que pueda hacer antes. En realidad el tribunal tiene facultades muy amplias. Entonces la primera pregunta es: ¿por qué el gobierno argentino no quiere pedir esto? Porque es importante que la gente conozca de qué se trata.

- Se ha dicho por allí que si esas pruebas se revelan, la otra parte (Uruguay) podría actuar en consecuencia, neutralizando los efectos contaminantes, restándole peso a las pruebas. Es decir, no habría que avivar a los giles...

- En principio, en este juego los giles somos nosotros. En segundo lugar, fuera de broma, el gobierno argentino hizo dos presentaciones, una en enero del 2007 la otra en enero del 2008. Esas 2 presentaciones son certificadas por el Secretario del Tribunal e inmediatamente se transmiten a la otra parte. A su vez, el gobierno uruguayo hizo otras dos presentaciones a los 6 meses. Eso es conocido por los agentes y por los abogados de las dos partes. Lo que está pasando ahora es que la información técnica nueva que se está reuniendo (sobre los últimos incidentes de contaminación, como olores y manchas en el río), se guarda bajo el concepto de confidencialidad. En primer lugar, hay que decir que esa información que se está reuniendo no se llevó nunca al Tribunal. De modo que no está protegida por esa cláusula del tribunal. No se puede pensar, por tanto, que el informe que hoy está elaborando la Secretaría de Ambiente -que todos nos imaginamos que lo esté elaborando-, está protegido por el secreto del tribunal porque no se presentó ante él. Entonces, no hay ninguna protección. De ese informe realmente no conocemos ni siquiera los términos de referencia. No sabemos ni siquiera cuáles son los puntos que se estudian. En segundo lugar, la norma general -ahí vamos al Art. 59-, es que todo debe presentarse en la etapa del procedimiento escrito. El procedimiento escrito se cerró en julio del año pasado con la presentación uruguaya. Y ahora vamos a tener, aparentemente, en octubre de este año las audiencias orales. Eso significa que durante un año y medio estaremos en el limbo. Durante ese lapso no se puede presentar ningún otro documento, salvo que la otra parte lo acepte. Si se quiere presentar nueva documentación, hay que consultar a la parte uruguaya, quien debe decidir que el asunto se somete al Tribunal, que a su vez debe hacer su propia evaluación. Si estas circunstancias no se dan, si no hubo consentimiento y además no hubo decisión de la Corte, entonces esto no se puede discutir en el juicio oral. Con una sola excepción: que esas piezas de recolección de datos hayan sido publicadas. Por tanto, publicar significa la garantía de que ese material pueda ser discutido. Me resulta imposible seguir el razonamiento oficial que parece que se expuso en la reunión de la Secretaría de Ambiente, ante los asambleístas.

- ¿No cree que el gobierno argentino está haciendo los que usted menciona (comunicando al Uruguay sobre las nuevas pruebas)?

- No lo está haciendo hoy. Y no puedo saber si lo hará.

- Parece tener poca confianza...

- Confianza tengo en poca gente. Y en las cosas del Estado solamente creo en los datos y en los hechos. Que fulano lo vaya a hacer, entra dentro del terreno de las especulaciones. Por otra parte, ¿qué le va a decir el gobierno argentino, con la nueva prueba, a los uruguayos: aquí tengo pruebas para hundirte?.

Laboratorio propio y pensar en un plan B

- Ante este cuadro que usted presenta, ¿cómo tiene que actuar Gualeguaychú?

- Yo no soy quien para venir a decir lo que se tiene que hacer. Lo único que puedo plantear acá son preguntas sobre lo que a mí me parece que podría ser conveniente. La primera cosa que me parece que sería conveniente hacer es tener información propia. Es decir, Entre Ríos tiene capacidad sobrada para analizar aire y agua por su cuenta.

- ¿A qué se refiere?

- Cuando apareció el episodio de las algas albinas, busqué en Internet quiénes hacen pozos para sacar agua en Entre Ríos. Encontré 5 o 6 firmas, elegí dos o tres y las llamé. Dije: mire, yo tengo una chacrita cerca de Concordia y quiero verificar la calidad del agua. Allí me entero que los poceros recurren a laboratorios para saber eso. Uno de ellos es de la Universidad de Entre Ríos. Por otro lado, estuve tratando de averiguar cuánto cuesta equipar un pequeño laboratorio para saber si hay oxígeno en el agua, para saber si hay determinados contaminantes y metales pesados, para saber si hay ácidos. Llegué a la conclusión que ese laboratorio se puede equipar con 25 mil o 30 mil dólares. Yo soy presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente y allí hay colegas con una larga experiencia. Le pregunté, entonces, a uno de ellos cuánto vale equipar un laboratorio para que haga tales cosas. Tuve por respuesta la cifra que acabo de dar. No es una cifra que está más allá del alcance de la municipalidad. Y creo que no debería estar más allá del alcance de la sociedad civil organizada, que recurriera a alguna fuente de financiamiento.

- En todo lo que dice surge que usted desconfía del gobierno...

- Lo primero que hay que hacer es tener información propia para comparar. Yo no digo que el gobierno esté trampeando, pero está claro que en este momento oculta información, no dice lo que pasó. Tuve un lindo período de mi vida en el que fui cronista parlamentario. Entré a trabajar muy joven, tenía 18 años. Salí del Colegio Nacional y entre al diario La Prensa. Recuerdo que el secretario de redacción del diario, un hombre de mucha experiencia, Juan José Navarro Lahitte, cuando llevaba mi trabajo, me miraba y me decía: ¿estás seguro Estrada?. Entonces aprendí que hay que preguntar.

- Pero entonces, ¿qué debe hacer Gualeguaychú?

- No traigo ninguna receta; ojalá la tuviera. Lo que hago son preguntas. Por ejemplo: ¿cuál es la alternativa B?. Porque aquí toda la comunidad está convencida de que tenemos razón y cree que vamos a obtener un fallo que nos dé toda la razón. Ojalá sea así. ¿Pero qué pasa si esto no es así? No sé cuál es la opción B, pero me parece que hay que reflexionarla con anticipación. Insisto: éste no es un problema de Gualeguaychú. No es un problema de Entre Ríos. Es un problema nacional. Es un problema del río Uruguay entero. El río está mal porque viene siendo contaminado desde arriba. Tengo recuerdos de infancia sobre el río Uruguay, a la altura de Federación. Era bellísimo, limpio, cristalino. El Paraná, en comparación, siempre parecía sucio. Esta situación ha cambiado dramáticamente.

Consejos desde la experiencia

- ¿Cuándo se despertó su interés por las cuestiones ambientales?.

Estrada Oyuela:- Hace muchos años. Uno de mis primeros destinos fue Nueva York. Después me fui a Washington, donde hice estudios de postgrado sobre regulación de nuevas tecnologías. Ahí se estudiaba el radar, el uso del flúor en el agua, las comunicaciones, los trámites para habilitar licencias en tareas nucleares, todo asociado a temas ambientales. Mientras hacía mis estudios se produce la crisis del petróleo, que trae de golpe toda la cuestión ambiental. Sobre todo la sanción de la Ley de Protección Ambiental en los Estados Unidos, en el ‘73. Alguien cercano a mí, que era abogado del Ministerio del Interior, de pronto se convierte en uno de los personajes importantes en la Agencia de Protección Ambiental. Todo esto me fue envolviendo en la temática. Después vine a Buenos Aires y estuve trabajando en el área de América Latina y en aspectos relacionados con los aprovechamientos de los ríos Paraná y Uruguay. Más adelante estuve en la CARU. También estuve en Chile, del ‘83 al ‘89. Y ahí se discutía sobre los repositorios de materiales nucleares, cosa que preocupaba mucho en el país trasandino. Después estuve en Viena, fui gobernador alterno del organismo internacional de Energía Atómica, en cuyo ámbito se lidiaba con los problemas de la radiación. En fin, siempre anduve alrededor de los temas ambientales.

- Si usted ocupara un lugar relevante en el gobierno argentino, ¿por dónde empezaría a atacar el problema ambiental?

- Lo primero que hay que hacer es contar con información. Saber qué es lo que pasa, qué es lo que hay en el país. Este cuadro de situación no existe. La canibalización del Estado ha hecho que desaparezcan una cantidad de fuentes de información. En la provincia de Buenos Aires antes se sabía cuanto llovía porque el jefe de la estación de ferrocarril pasaba en tiempo real lo que estaba midiendo en el pluviómetro. Hoy no se sabe lo que llueve en la ciudad. Es decir, se han perdido muchas cosas que hay que recuperar. Usted debe saber, antes que nada, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, lo de Tartagal está pronosticado desde el año 2002. Y el riesgo de aludes subsiste y puede ser mucho peor. Si esto se hubiera procesado correctamente, se podría haber previsto.