La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán. Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom. Carlotto expresó la "enorme alegría" por la nueva restitución -a sólo una semana de haber anunciado la del nieto 131- en una conferencia de prensa brindada en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la exEsma, en el barrio porteño de Núñez. El hombre que recuperó su identidad pertenece a una familia diezmada por la dictadura cívico-militar.<img class="image_resized" style="width:744px;" src="https://elonce-media.elonce.com/fotos-nuevo/2022/12/28/o_1672263864_1.jpg" alt="">Su madre fue secuestrada cuando tenía 21 años (había nacido el 20 de agosto de 1954), el 20 de mayo de 1976 en la ciudad tucumana de Monteros y sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2010 y exhumados en el Cementerio del Norte, de San Miguel de Tucumán. También fueron secuestrados y permanecen desaparecidos los abuelos de Juan, José Ramón Morales y Toribia Del Tránsito Romero, y un tío llamado Julio César Morales. Las Abuelas manifestaron que "el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad" y señalaron que "esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros". Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pasado la restitución de la identidad del nieto 131 y en esa oportunidad Carlotto sostuvo que el hecho "nos da esperanza de encontrar a los que faltan".<img class="image_resized" style="width:744px;" src="https://elonce-media.elonce.com/fotos-nuevo/2022/12/28/o_1672263865.jpg" alt="">Entonces revelaron que ese nieto es hijo de los militantes mendocinos del PTR-ERP Lucía Nadin y Aldo Quevedo, quienes fueron secuestrados en 1977 y llevados al Centro Clandestino de Detención "Club Atlético" en la ciudad de Buenos Aires. Carlotto precisó en esa ocasión que la mujer estaba embarazada de dos o tres meses cuando fue secuestrada en 1977 y que hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Fuente: (Télam)

El nieto 132 se llama Juan y es hijo de una desaparecida en Tucumán durante 1976

Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron otra restitución de identidad de un nieto, en este caso el número 132. El nieto se llama Juan y es hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida-desaparecida por la dictadura militar en 1976 en Tucumán. Organismos de Derechos Humanos celebraron la restitución.Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom.Estela de Carlotto expresó la "enorme alegría" de la nueva restitución -a sólo una semana de haber anunciado la del nieto 131- en una conferencia de prensa brindada en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la exEsma, en el barrio porteño de Núñez."Esta mañana el juzgado federal Nº1 de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo crio como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en 1976, en la misma provincia", explicaron desde Abuelas en un comunicado oficial."El 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad. Esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros", agregaron desde Abuelas."En los últimos tiempos, y a pesar de la pandemia, seguimos trabajando día a día con esperanza y con la convicción de que vamos a encontrar a nuestros nietos y nietas que pueden estar en cualquier lugar del mundo", había expresado Estela de Carlotto en el anuncio de la restitución del nieto recuperado 131 la semana pasada.

Derechos Humanos: restituyeron la identidad del nieto 132

Vive en la Provincia de Buenos Aires. Nunca se presentó a Abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad, pero tal vez algo intuía: cuando lo llamaron del juzgado el 4 de septiembre de este 2022 para pedirle que se acerque a hacerse un estudio genético no se negó. Quienes estuvieron el miércoles con quien ahora es el nieto recuperado 131 de Abuelas de Plaza de Mayo dicen que él no podía dejar de mirar la foto de sus padres.&nbsp;&nbsp;“Fue uno de los momentos más conmovedores porque él es una copia de su papá”, dijo Claudia Carlotto, la hija de Estela, en la conferencia de prensa donde dieron a conocer la noticia. No es el único dato que habla del modo en el que las memorias se hacen lugar en el cuerpo: el hijo varón de Lucía Angela Nadin y Aldo Hugo Quevedo, desaparecidos en 1977, estudió Filosofía y Letras, la misma carrera de su mamá y su papá."Muy buenas tardes queridas amigas y amigos", dijo Estela de Carlotto apenas abrió el micrófono durante un cierre de año en el que el auditorio repleto les cantó a las Abuelas el La La La. “Esta es una reunión de amigos a la que los convocamos para darles una muy buena noticia que completa la noticia del último domingo del Mundial —dijo Estela— y para nosotros es más que eso todavía, y nos permite despedir el año con la esperanza de trabajar por lo que todavía falta”. Y entonces contó la noticia: “Felicidad por el encuentro de un nuevo nieto”, dijo. Pronunció el nombre de los padres y a continuación habló de la historia.La noticia había comenzado a circular temprano como rumor. "Hay una buena noticia", se decía en los callecitas del predio de la exESMA. De a poco se iba sabiendo que era una nueva identificación, con un salto en el tiempo de tres años después de la última de 2019. Que era producto de una investigación o judicialización, de los casos de quienes no se hacen preguntas ni se acercan de manera espontánea a Abuelas pero siguen surgiendo porque otros que aún se hacen preguntas acercan un dato. Se decía que los padres eran de Mendoza; que militaban en el PRT; que habían estado secuestrados en el Atlético y en el Banco, y que el niño probablemente nació en la maternidad clandestina de la ESMA: una partida de nacimiento fraguada del hospital Penna es una pista que vincula su parto y su destino con la misma historia de Juan Cabandié.Estela habló detrás de una foto retrato de Lucía y de Aldo. Al lado se sentó Horacio Pietragalla, de doble filiación en este contexto: nieto y secretario de Derechos Humanos. Estuvieron también quienes participaron de la búsqueda: Claudia Carlotto desde la CoNaDI y Pablo Parenti de la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. A continuación siguió lo que puede decirse hasta ahora: cómo, dónde y qué pasó con él aún debe esperar. “Él nos pidió un poco de tiempo —dijo Claudia— para conocer antes a su familia”.&nbsp;Lucía, Aldo y la búsquedaLucía Angela Nadín nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza. Aldo, el 26 de noviembre de 1941, en la localidad de San Carlos de la misma provincia. Estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo donde se conocieron y se casaron seis meses más tarde. Ella era profesora de francés, latín y griego y trabajó con Aldo en un taller de encuadernación en Mendoza; militaban en el PRT-ERP donde ella era "Chiquita" y él, "Dipy".En mayo de 1976 viajaron a Buenos Aires luego de la detención de un compañero de trabajo, Nicolás Zárate. Con Lucía y Aldo también viajó Beatriz Corsino, compañera de Nicolás. Los tres aparentemente fueron secuestrados al mismo tiempo entre septiembre y octubre de 1977. Lucía llevaba un embarazo de dos o tres meses. Ellos permanecieron en el Atlético y el Banco. A través de las y los sobrevivientes pudo saberse que a Lucía la llevaron a dar a luz entre marzo y abril de 1978. “Hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela de Mecánica de la Armada”, dijo Estela. Desde entonces, no se supo nada más de la pareja ni del bebé.La búsqueda fue compleja. La familia de Lucía no sabía que ella estaba embarazada. Con el tiempo fueron recibiendo información de quienes habían estado con ella y Aldo antes del secuestro. La primera denuncia formal la hizo el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “Si en este momento hay algo que me conmueve —dijo Claudia Carlotto más tarde— son estas dos señoras del MEDH, Pocha Camín y Elba Morales, que tanto militaron el caso Nadín Quevedo cuando había muy poca información, muchas dificultades, pero fueron el pilar y el inicio de esta investigación”.El 23 de junio de 2004, la CoNaDI confirmó el embarazo de Lucía. En 2005, los Nadín dejaron una muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En marzo de 2010, la CoNaDI contactó al hermano de Aldo y sumó su perfil al Banco. Hasta ahí. En paralelo comenzó otra tarea: en 2015, a partir de información aportada por “la sociedad”, como hablan las Abuelas de quienes acercan un dato, lograron identificar a un varón. En 2019, tras un intento infructuoso de contactarlo, la CoNaDI derivó el caso al equipo de Parenti. En abril de 2019, la Unidad lo denunció en la Justicia y el último 14 de septiembre, el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo logró localizarlo, lo invitó a hacerse el estudio genético y el joven-adulto aceptó. El miércoles 21 de diciembre, el Banco comunicó la noticia. “Es hijo de Lucía y Aldo”, contó Estela desde el escenario.A la conferencia de prensa se sumó Wado de Pedro; Jorge Taiana escuchó en primera fila; las y los nietos identificados, Manu Goncálvez, Juan Cabandié, la generación del recambio, hicieron el aguante parados en la parte de atrás del escenario. Claudia Carlotto subrayó la articulación entre Estado y sociedad civil para las búsquedas. Pablo Parenti dijo: “Se extrañaba estar acá, hace mucho que no teníamos un encuentro. Nadie se desmoraliza con estas búsquedas, la cantidad que se analiza es muy grande y en los últimos tiempos se multiplicaron”. Pietragalla hizo un chascarrillo y luego habló del poder de una foto: la imagen de Lucía y Aldo que estaba en el escenario. “Sus padres fueron secuestrados, torturados y asesinados de la peor manera, pero hoy vuelven a aparecer —dijo— porque su hijo sabe quiénes son: los miró por primera vez en una foto y creo que eso es traerlos de vuelta a la vida, traerlos de vuelta al recuerdo y eso es uno de los logros de nuestras queridas Abuelas que nos permitieron a cada uno de nosotros recuperar la identidad por nosotros pero también para nuestros padres que fueron desaparecidos de la peor manera”.&nbsp;La AFA y los jugadoresHubo también clima de Mundial. Agradecimiento a la AFA y a los jugadores que se comprometieron con la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia sumándose a la campaña de Abuelas y a la política que lleva adelante cada organismo de derechos humanos. Hubo un destacado para señalar que la pelea por la recuperación continúa. Que existen miles que siguen acercándose: sólo en los últimos cuatro años —dos en pandemia, dijeron— 2.000 personas se acercaron por dudas sobre su identidad por presentación espontánea y cerca de 400 a través de la Justicia, entre ellos el último nieto recuperado. Hubo también tiempo para apuntar a más, ya no sólo para hablarle directamente a los pibes-adultos sino a los que puedan seguir aportando datos: gran parte de las últimas recuperaciones partieron de datos que llegaron por esos a quienes las Abuelas ahora convocan.“Se trata de un trabajo constante, silencioso, paciente y amoroso. Pero todavía falta mucho y el tiempo, lamentablemente, no se detiene”, dijo Estela en el final. “Por eso, apelamos a la sociedad a sumarse: cualquier dato o sospecha es suficiente para acercarse. No se guarden la información. No se queden con la duda. Rompan el silencio. Nuestros nietos y nietas están entre nosotros”.Hubo tuit del Presidente y de la vice. “A pocas horas de la Navidad renace una vez más el derecho a la Memoria y a la Identidad: Abuelas volvió a encontrar un nuevo nieto, el 131. Enorme alegría y fuerte abrazo a esas mujeres ejemplo de lucha y humanidad”, publicó CFK en sus redes. La casa de las Abuelas despedía el año con esta noticia. Y las nuevas abuelas La La La La La. (Página 12)

La historia del nieto 131: cuando una foto vuelve a dar vida

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este jueves la restitución de un nuevo nieto apropiado durante la dictadura. Los detalles de la historia del nieto 131 se darán a conocer en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. del Libertador 8151, CABA)."Con felicidad, anunciamos una nueva restitución de identidad y convocamos a medios de comunicación y periodistas a una conferencia de prensa hoy, jueves 22 de diciembre, a las 18 horas, en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151, CABA, para dar a conocer detalles de esta historia", indicaron desde Abuelas."Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131. Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones", agregaron.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de un nuevo nieto: el número 131

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos presentó un durísimo informe sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaldías de la provincia, al que presentó como “un llamado de atención a las autoridades públicas” en cuanto a la garantía, respeto y realización de los derechos humanos de las personas detenidas.El informe, presentado este jueves en el salón Amanda Mayor del Rectorado de la Uader, recoge evidencias colectadas en visitas sorpresivas que se realizaron durante el mes de septiembre en catorce comisarías y alcaidías de la provincia.En cada sitio se analizó el estado edilicio, la seguridad e higiene de cada uno, la alimentación de los detenidos, su estado de salud y el régimen de visitas y actividades recreativas que realizan.“En caso extremos, ciertas prácticas poseen la fuerza de llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a la clandestinidad. Podemos citar el ejemplo del detenido que pasó diez días sin que se diera aviso a las defensoras oficiales o de las personas privadas de la libertad durmiendo en el piso, con frío y golpeadas en muchos casos”, se reveló en el documento.El equipo de investigación concluyó que “la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos” y advirtió que las condiciones de detención en comisarías presentan rasgos similares a los de una unidad penal, “con la particular diferencia de que se puede identificar un discurso que busca justificar que las medidas de seguridad son tendientes a evitar autolesiones o lesiones a terceros”.En ese punto, señalan los organismos de derechos humanos que “la falta de luz en los calabozos se explicaba así por el riesgo que implica la electricidad para las personas privadas de su libertad; la ausencia de utensilios para comer, en función de evitar lesiones; la entrega de frazadas limitada y solo a la noche por el peligro que conlleva para eventuales ahorcamientos; los incompletos cerramientos de ventanas para evitar roturas y posibles autolesiones, también las pésimas condiciones sanitarias”.También hicieron notar que “las reglas de detención trascienden las condiciones climatológicas”. Por ejemplo, las mantas y colchones se entregan de noche; y durante el día quedan depositados “en pésimas condiciones de limpieza”.Se describen además algunas situaciones insólitas: en la alcaidía de tribunales, que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ), existe una cortina de plástico transparente térmica que está colocada en una puerta reja entre el pasillo de las oficinas y el pabellón. Los guardias explicaron que está allí para concentrar el aire aclimatado en el sector administrativo y evitar que el aire acondicionado se disperse hacia las celdas.Prácticas lesivasLa investigación se desarrolló en el marco de un proyecto de inspección en lugares de encierro transitorio impulsado por los organismos de derechos humanos, a través de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, y aprobado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. La tarea de coordinación estuvo a cargo de la abogada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucía Tejera y el director de Derechos Humanos de Gualeguaychú Matías Ayastuy.Además, se articuló con el Ministerio Público de la Defensa, con el Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Uader y con la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.“Esta articulación entre los organismos de derechos humanos y las universidades se explica por el hecho de ser éstas escenarios fundamentales para la construcción y disputa de sentidos, generando pensamiento y conocimiento crítico, promoviendo el desarrollo de una conciencia política y la sensibilidad social y cultural necesarias para articular y abordar las diversas realidades que hacen al entramado social”, se consignó.De lo expuesto en el informe surge de manera prístina que las condiciones de alojamiento y detención en estos lugares de encierro transitorio resultan lesivas para la dignidad de las personas detenidas.La mayoría de las dependencias policiales corresponden a estructuras edilicias muy antiguas e incluso algunas presentan riesgo de derrumbe. Sin embargo, se advierte un fuerte contraste entre el “buen estado general de las mismas en el área administrativa y de atención al público” en comparación con el área de las celdas y alojamiento de detenidos, donde “se comprobó la precariedad general, tanto edilicia como higiénica en la que coexisten las personas privadas de la libertad”.El informe sostiene que “en todos los casos se verificó en la zona de celdas” y describe el cuadro de situación: “Humedad en las paredes y pisos, paredes sin revoques y/o pintura, pisos y cielorrasos rotos, conexiones eléctricas expuestas y precarias, falta de iluminación artificial y natural, falta ventilación (ventanas selladas), falta de calefacción, sanitarios rotos, escaso acceso al agua corriente y en relación a la ropa de cama no se les otorgan sábanas ni almohadas, y los elementos como colchones y abrigo de cama se encuentran en pésimas condiciones siendo proporcionados de manera escasa (una sola frazada por persona) y sólo durante la noche”.Este escenario se agrava especialmente en la Comisaría Quinta de Paraná, o contravencional, donde “los espacios comunes se encontraban también sumamente deteriorados poniendo en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad y de los funcionarios policiales”.Algo que no pasó inadvertido para los observadores es que “al momento de la inspección, pudieron visualizarse numerosos trabajos de mejoras edilicias, aunque ninguno contemplaba la mejora en la zona de celdas, calabozos, sanitarios, etcétera destinados a personas privadas de la libertad”.Además, las celdas y sus respectivos sanitarios lucían “extremadamente sucios y con olores nauseabundos en la gran mayoría de las dependencias, a pesar de que en muchos casos los pisos se encontraban húmedos, notándose la reciente limpieza”. En la comisaría contravencional de Paraná, por ejemplo, “hay letrinas sin puertas y con materia fecal distribuida en el piso” y “no hay lavatorios”.Otro dato que advirtieron con preocupación es que “muchas de las mejoras de infraestructura no demandarían una importante erogación económica sino, más bien, una afectación específica de parte de los fondos a los fines de dignificar el alojamiento de personas privadas de la libertad”.En cuanto a la alimentación, “presenta rasgos comunes en todos los establecimientos, en cuanto a mala calidad”. Los detenidos reciben dos comidas al día (almuerzo y, a veces, cena); no existe un plan nutricional ni previsión para garantizar menús específicos para personas con celiaquía, hipertensión, diabetes o cualquier otra condición crónica. Y eso impacta también en la alimentación de los policías.

Se presentó un duro informe sobre las condiciones de detención en comisarías de la provincia

La Asociación Madres de Plaza de Mayo anunció que su presidenta y fundadora, Hebe de Bonafini, "cambió de casa" y comunicó que las cenizas de la referente mundial en derechos humanos, fallecida este domingo, descansarán en la Plaza de Mayo por pedido de la propia dirigente."Hasta siempre Hebe. La Asociación Madres de Plaza de Mayo comunica que nuestra presidenta, Hebe de Bonafini, cambió de casa, como ella siempre dijo de sus compañeras que la precedieron en la partida. Seguirá para siempre en la Plaza de Mayo. ¡Ni un paso atrás!", escribió la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.La entidad consignó que "por pedido de la propia Hebe, sus cenizas descansarán en la Plaza de Mayo" y remarcó que más adelante se informarán los detalles de esa iniciativa."Nos enseñaste a caminar, ahora nosotrxs seguiremos tus pasos. #HebeEterna", finalizaron su posteo desde la agrupación que Bonafini dirigía desde 1979.

¿Dónde descansarán los restos de Hebe de Bonafini?

La cofundadora y presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,&nbsp;debió ser internada este lunes en horas de la noche en el hospital Italiano de la ciudad de La Plata.Según precisó el medio local 0221.com.ar, el estado de salud de Hebe, de 93 años, es bueno, le hicieron estudios de rutina y la dejaron&nbsp;alojada en una de las habitaciones del nosocomio platense.Por otra parte, desde el entorno de Bonafini manifestaron que&nbsp;el gobernador de la provincia de Buenos Aires,&nbsp;Axel Kicillof, se acercó al hospital a verla. Sin embargo, también se destacó que no le permitirán más visitas.<h2 style="margin-left:0px;">La última aparición Hebe de Bonafini</h2>Hebe fue vista públicamente por última vez durante el mes de septiembre de este año. En esa oportunidad, la referente de Madres de Plaza de Mayo&nbsp;firmó un convenio con la Provincia para la creación de un centro cultural y archivo en Ensenada. ¿El objetivo?&nbsp;Exhibir documentación, obras de arte y objetos de valor testimonial y social.En aquella oportunidad, el gobernador Kicillof dijo presente junto al intendente local, Mario Secco; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto.<figure class="image image_resized" style="width:728px;"><img src="https://www.cronica.com.ar/export/sites/cronica/img/2022/08/29/hebe_de_bonafini.jpg_140948539.jpg" alt="Hebe de Bonafini"><figcaption>Hebe de Bonafini junto a Cristina Kirchner.</figcaption></figure>Hablar del impacto de Bonafini en la políticas de derechos humanos es redundar en la magnitud de su figura.&nbsp;Con 93 años, fue una de las activistas más importantes del país en materia de Derechos Humanos, recibiendo múltiples distinciones y honores por su lucha en busca de Memoria, Verdad y Justicia.

Internaron a Hebe de Bonafini

Quedó señalizada la Unidad Penal 2 "Francisco Ramírez" de Gualeguaychú como Sitio de Memoria del terrorismo de Estado. La señalización fue organizada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto con el ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y el Municipio de Gualeguaychú.El acto que se desarrolló en la esquina de Av. Eva Perón y Goldaracena y contó con la presencia del intendente Martín Piaggio, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla&nbsp;Corti, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, demás autoridades nacionales, provinciales y locales, legisladores y legisladoras, ex detenidos y detenidas por razones políticas, vecinas y vecinos.En esta unidad penal hombres y mujeres permanecieron detenidos por razones políticas desde 1974 y, con mayor intensidad, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Fueron 186 los detenidos por razones políticas, que pasaron por la UP 2, entre 1974 y 1983.Este penal se convierte así en el primer sitio señalado de la ciudad, cabe destacar que en todo el país ya se han realizado más de 200 señalizaciones.El intendente Piaggio agradeció a todas las personas presentes en particular a quienes lo precedieron en la palabra, Daniel Irigoyen y Aldo Bachetti. Destacó el trabajo del equipo municipal, a Matías Ayastuy director de Derechos Humanos, por llegar a este momento, valorando "el compromiso para que esta señalización tenga sentido y sea una reparación de todos. Que esta historia sea reconocida".&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2022/06/piaggio_up2.jpg" alt="Piaggio up2"></figure>"Tenemos el desafío de poder cerrar el penal para abrirlo a la comunidad como un nuevo espacio de encuentro, de desarrollo del arte y la cultura de nuestra ciudad”, concluyó.Por su parte, Rosario Romero señaló que "hemos envejecido con una historia dolorosa pero con mucho trabajo el Servicio Penitenciario ha evolucionado hacia la democracia reconociendo que cárceles como esta tan antigua no cumple con lo que establece la Constitución Nacional y por eso se trabaja para su traslado".Y finalmente, Horacio Pietragalla Corti destacó que “seguimos impulsando en todo el país la visibilización de estos lugares que fueron escenario del terrorismo de Estado para que nunca más tengan lugar en nuestro país” y afirmó que en "septiembre será el día que le pongamos candado a esta Unidad Penal”.

Se señalizó a la Unidad Penal N°2 como Sitio de Memoria

"Tenemos probada la existencia de los vuelos de la muerte en la zona y creemos que se realizaron con la participación de personal y medios del Primer y el Segundo Cuerpo del Ejército. También pudo haber implicación de la Armada. Necesitamos establecer la identificación de los restos que hallamos para comenzar con las imputaciones", señaló Minatta en declaraciones a Télam. El lunes y martes de la semana pasada, un grupo del EAAF a cargo del antropólogo Juan Nóbile realizó tareas de excavación en un paredón del cementerio de Ibicuy, donde había habido enterramientos irregulares según el testimonio de un sepulturero ya fallecido, y que fueron aportados a la Justicia por los actuales trabajadores de la necrópolis. Según fuentes del Eaaf, en ese lugar un georadar de Gendarmería detectó irregularidades en el subsuelo de ese lugar, donde tras llevar a cabo pericias se hallaron restos óseos de una persona que fueron trasladados al laboratorio antropológico de la entidad defensora de los derechos humanos para determinar sexo, edad y la existencia de lesiones. La intención es tomar una muestra de ADN para cotejarla con la información reunida en el banco de datos genéticos del Eaaf. No obstante, desde el equipo insistieron en aclarar que se trata de restos "hallados en una zona irregular y que deben ser analizados, y aún no se puede hablar de una persona que haya sido detenido desaparecido", publicó Télam. "Creemos que la identificaciones pueden demorar entre seis y siete meses. Tenemos que esperar esa información para poder avanzar con la investigación. Hay testimonios que hablan de cuerpos y de enterramientos irregulares de cuerpos que aparecían en el agua en esa zona del delta del Paraná de Entre Ríos", indicó Minatta. Por la información que disponía la Fiscalía, en el cementerio de Ibicuy, habría otros tres cuerpos de personas sepultadas como NN, pero se encuentran en "una línea de inhumación en la cual se establecieron otras tumbas, algo que dificultaría los trabajos de excavación. "El Eaaf nos aconsejó que lo mejor, por ahora, es esperar ver qué pasa con estos restos para poder avanzar con otras pericias en el lugar", explicó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal. La existencia de los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico militar fueron documentados por el periodista Fabián Magnotta en el libro "El Lugar Perfecto", y que resultó determinante para que se comenzaran a investigar estos crímenes cometidos en el sur de Entre Ríos. Con los testimonios de lancheros, hacheros, obreros rurales y docentes, Magnotta escribió ese trabajo que se publicó en 2012 y que devela historias que durante años estuvieron "silenciadas por el miedo de los pobladores". "Estamos hablando de un lugar en el cual la presencia de la Prefectura -entonces una fuerza que dependía de la Marina- era muy fuerte en la zona, al igual que la policía. Los vecinos tenían miedo de hablar, de contar lo que habían visto", repasó Magnotta. En esa zona se dan una serie de características geográficas que propician que ese lugar fuese "perfecto" para desaparecer a las víctimas del terrorismo de Estado. En esta oportunidad, el periodista acercó un testimonio a la fiscalía dado por una persona, vecino de Ibicuy, que cuando era un chico vio a una ambulancia y personas que se desplazaban por esa zona del paredón del cementerio donde se realizaron las pericias. Por la información que aportó en la causa, Magnotta recibió autorización de la justicia para presenciar las pericias que la semana pasada cumplió el Eaaf en ese sitio. A fines de agosto del año pasado, el Eaaf, realizó, en el marco de esta causa que se sigue por los vuelos de la muerte, pericias en el cementerio de Villa Paranacito, que permitieron el hallazgo de restos de siete personas depositadas como NN. El testimonio de Ramón Venencio, un trabajador de la necrópolis, brindó información a la Justicia sobre la existencia de las tumbas donde yacían estos cuerpos, y el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró ordenó llevar a cabo estas exhumaciones tras una tarea previa de señalización. El trabajador del cementerio relató que, durante los años de la dictadura, personal de la Policía y de Prefectura Naval Argentina en varias oportunidades le llevó cuerpos de personas fallecidas. Explicó que se los dejaban tirados en el muelle del cementerio, sin cajón, sin identificación y sin ningún tipo de cuidados, para que él los enterrara. En base a las excavaciones que se realizaron en Paranacito e Ibicuy, el Eaaf dispone ahora de los restos de ocho personas que son objeto de análisis para establecer si pueden ser víctimas del terrorismo de estado. Una información que puede resultar decisiva para el avance de esta investigación judicial que intenta echar luz sobre hechos silenciados durante años en esas islas del Paraná. (APFDigital) &nbsp;

Esperan identificaciones para hacer imputaciones por los vuelos de la muerte en Ibicuy

En una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) pidió al titular del Ejecutivo que frene “la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos”.“A 38 años del retorno a la democracia consideramos necesario hacer un repaso de algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia e instar, a usted y a todos y todas los y las funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Gobierno, a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos”, se afirma en el documento presentado al mandatario provincial.Para el Rodher “la seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas”. En este sentido se apuntó la necesidad de “promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas”.El Rodher denuncia que “en ninguno de estos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios”.Se mencionan, a modo de ejemplo, los casos de Iván Pérez y Gabriel Gusmán, víctimas de gatillo fácil. “Distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”, se advirtió.Se remarcó que “la inacción o aquiescencia” ante la violencia institucional “expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados”.Se reclamó, en este sentido, por la falta de instrumentación en Entre Ríos de la Ley Nº 10.563 de creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura que hasta ahora “es una formalidad sin contenido ni acciones”. La norma contemplaba, entre otras acciones, el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, así como también diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal. Para su creación es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos y se cuestionó en este sentido, la falta de respuestas de la Legislatura a los reclamos de los organismos asi como también propuestas de “desfinanciamiento” de la herramienta previendo la integración ad honorem de sus miembros.Se pidió además la derogación del Código de Contravenciones de 1952 que otorga facultades discrecionales a la Policía que “en estos días nuevamente queda bajo sospecha con el caso de José Luis González, quién luego de haber sido aprehendido por averiguación de antecedentes (por código contravencional) el día 17 de diciembre pasado denunció ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la comisaría octava de Paraná, desapareciendo ni más ni menos que el paradigmático día 19 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes, es decir mientras en la plaza 20 de diciembre conmemoramos las muertes en manos de la Policía de Entre Ríos de Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez”.“Es dable señalar que la detención de González no fue notificada ni a la justicia, ni a la defensoría, ni a fiscalía. Es decir estamos en presencia de un posible caso de desaparición forzada seguida de muerte en manos de la policía de Entre Ríos, lo que de confirmarse sería de una gravedad institucional escandalosa”, advirtió el Rodher que también hizo reclamos a la Justicia por eludir controles.Además, se puso el acento sobre la situación de las cárceles en las que “se han incrementado las muertes de personas detenidas, se persiste en la tortura y los malos tratos, muchas veces producidos por quienes deben velar por su seguridad y bienestar, simultáneamente el aumento de la población carcelaria causando la sobrepoblación y el hacinamiento, esto bajo un contexto mucho más complejo producto de la pandemia por el covid-19”. Se impugnó, nuevamente, también, que se sostenga la rutina de detenciones en las comisarías, tras lo cual se recordó el caso de Erik Valdez encontrado sin vida en una repartición policial de Concordia.El texto advierte además la falta de respuestas por parte del Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público Fiscal y se recordaron también reclamos ante el Ministerio Público de la Defensa.La nota lleva las firmas de la Comisión Permanente de DDHH de Colón; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; H.I.J.O.S. Regional Paraná; H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; Memoria Colectiva de Villaguay; y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

Piden a Bordet que frene “el alarmante crecimiento” de la violencia institucional

Por Rodrigo Peruzzo&nbsp;Comparado con lo ocurrido a nivel nacional en donde el gobierno no pudo aprobar su presupuesto para el año que viene por el voto en contra de todo el arco opositor, lo que pasó en Gualeguaychú podría considerarse una simple anécdota.&nbsp;Sin embargo, por el revuelo interno que generó con concejales oficialistas que cambiaron de opinión a mitad de camino acerca del dinero que debería ser destinado para el Consejo de Seguridad y por los duros cuestionamientos de Juntos por el Cambio aun deja mucho por debatir.Puntualmente uno de esos ítems en el que puso la lupa el principal bloque opositor fue la dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.Allí, se destinarán durante el 2022 $46.860.000, de los cuáles un 75% ($35.290.000) se irá en gastos de personal. Son unos $7.420.000 más en sueldos que este año.Además, el presupuesto detalla que $7.720.000 serán para servicios no personales (4.973.000 más que en 2021); $1.700.000 irán para bienes de consumo ($981.000 más que en 2021); &nbsp;$1.510.000 para bienes de uso (1.191.000 más que en 2021); y $640.000 en transferencias ($443.000 menos que en 2021).&nbsp;<blockquote>$35.290.000 es el gasto en el personal de la dirección para el 2022</blockquote>&nbsp;Si bien hay que tener en cuenta la inflación a la hora de contemplar el incremento real para el área, los aumentos superan ampliamente la suba de precios medida por el INDEC, por lo que se interpreta como una fuerte determinación política por parte del Municipio tal incremento.ElDía se intentó comunicar con el responsable de la dirección de Derechos Humanos Matías Ayastuy, pero el funcionario prefirió no dar declaraciones.En un documento de programas que tal dirección llevó a cabo este año se detallan los siguientes: “Banco de Ayudas Técnicas (ortopedia y rehabilitación); Transporte escolar gratuito para personas con discapacidad; emisión de Certificados Únicos de Discapacidad; equipo de asesoramiento para gestión de Pensiones por Discapacidad; Colonia de Vacaciones Inclusiva; Plan Integral Gualeguaychú Accesible; Prevención y erradicación de la violencia institucional; Memoria, Verdad y Justicia; Museo de la Memoria Popular; Lesa Humanidad; Conservación, restauración y digitalización de documentación histórica; Generar, Capacitaciones Ley Micaela; Fortalecimiento del Área de Género; Atención integral a personas Trans; Ampliación de la Casa Alas Desatadas; Red de Mujeres Referentas; Juguemos por la Equidad de Géneros; Nuevas Masculinidades; Casa de la Diversidad; Mesa interinstitucional de Articulación ante Problemáticas de Violencia de Género; Gestión para la Equidad; Prevención de la Salud Buen Vivir; Promoción y Prevención Integral de Salud; y Asesoramiento Comunitario para el Acceso a la Justicia”.&nbsp;Por otra parte, desde la oposición cargaron por elevación directamente contra el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Martin Roberto Piaggio. “Fue citado por la mayoría de los concejales en la Comisión Conjunta pero se ve que no tuvo el coraje para asistir al Concejo Deliberante. Con esto se desprende que hay funcionarios que se les hace muy difícil rendir cuentas y poder defender del por qué de las cosas, y del por qué de los montos del presupuesto 2022 para sus respectivas áreas”, cuestionó el edil de Juntos por el Cambio Juan Ignacio Olano.En diálogo con ElDía, el referente de la UCR cuestionó los incrementos para la dirección uno por uno.“La Dirección de DD.HH. tendrá $7.420.000 más para gastar en Personal este 2022, además, en el rubro de Servicios No Personales, que puede ser el equivalente a alquileres, agua, energía eléctrica, gas pero que también incluye Servicios Técnicos y Profesionales, y esto es más gasto en personal encubierto, ya que no figuraría así propiamente dicho, sino que se enmarcaría en Servicios No Personales. En este punto vemos un incremento del 181%, ya que el presupuesto 2021 le asignaba el total de $2.747.000 y el presupuesto 2022 amplia ese monto y lo lleva a $7.720.000”, detalló el concejal.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/000/834/0000834542.jpg" alt="Olano.jpg WEB"></figure>&nbsp;“Luego tenemos el rubro de Bienes de Consumo, entendiéndose a estos como resmas de hojas, útiles de oficina, elementos de limpieza, vestimenta, combustible, etc., donde observamos un incremento del 136%”, calculó Olano, y sumó que “la misma situación transcurre en el Rubro de Bienes de Uso, entendiéndose a estos como equipamiento, maquinarias, edificios, terrenos, tierras, etc., &nbsp;donde vemos un fuerte incremento del 373%”.&nbsp;Asimismo, marcó que “lo único que tiene una disminución es el rubro de transferencias. Para entender concretamente este rubro es el equivalente a subsidios, a ayudas sociales. En el presupuesto municipal 2021 se le estipuló $1.083.000 y si vemos el presupuesto 2022 recientemente aprobado se le asignan tan solo $640.000. Esto nos marca que todas las transferencias de subsidios o ayudas sociales la va a manejar la conducción ejecutiva de la Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, es decir Martin Roberto Piaggio”, opinó el edil.&nbsp;“Éste presupuesto es muy general, y de tan general resulta que es muy vago, ya que no hay una especificación real de por qué se llegaron a esos montos, que plan de acción tendrá cada secretaria y/o dirección, por eso resultaba importante la presencia de estos funcionarios para que rindan cuenta ante el Concejo Deliberante”, analizó el integrante de Juntos por el Cambio.&nbsp;&nbsp;<blockquote>"Todas las transferencias de subsidios o ayudas sociales la va a manejar la conducción ejecutiva de la Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, es decir Martín Roberto Piaggio"</blockquote>&nbsp;Por último, consideró que “lo que nos marca la Dirección de Derechos Humanos es la prioridad del Intendente Piaggio, cada vez más divorciada de la ciudadanía. Ya que le otorgó casi $36 millones en Gastos de Personal a la Dirección de DD.HH., y casi $30.000.000 para la Fiesta del Pescado y el Vino, y cero peso al Consejo de Seguridad Ciudadana”, cerró.&nbsp;

¿A qué se destinarán los $46 millones asignados a la dirección de Derechos Humanos?

En esta instancia, la vicegobernadora Laura Stratta fue invitada a participar de la jornada junto a Florencia Esperón, directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte de Nación y José Arteaga, director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El programa “Conductas entrerrianas”, que impulsa la Vicegobernación de Entre Ríos, junto a la Cámara Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (Cetacer), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el sector privado, tiene por objetivo la capacitación y formación para obtener la Licencia de conducir. En ese contexto, Stratta agradeció la invitación y destacó la importancia de “trabajar en articulación entre el Estado, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil aunando esfuerzos para generar más y mejores oportunidades”. Florencia Esperón, directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte de Nación, expresó: “Queremos agradecer a la provincia de Entre Ríos por haber realizado este programa de Mujeres Conductoras. En nombre del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y todo nuestro equipo de trabajo, celebramos que más mujeres ocupen posiciones históricamente masculinizadas”. Y agregó: “Todas estas nuevas conductoras de camiones esperamos que próximamente puedan insertarse en la industria para que seamos un transporte más digno, más justo y principalmente más igualitario”. Por su parte, José Arteaga, director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), manifestó: “Estamos contentos de estar en Entre Ríos, ratificados por la vicegobernadora Laura Stratta. Este programa Conductoras Entrerrianas, viene a establecer una nueva oportunidad a todas las mujeres, no sólo de Entre Ríos. En esta posibilidad que nos dan las distintas empresas en esta capacitación y entrenamiento que hoy están finalizando la prueba final”. “Como organismo de control de transporte de cargas estamos muy contentos de estar en este encuentro y actividad productiva que genera oportunidades”, resaltó. Luego, Ricardo Wagner, presidente de Cetacer, explicó en qué consistió la actividad de hoy en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el marco del programa Conductoras Entrerrianas. Estamos para capacitar a mujeres en transporte y darle más inserción, se trata de la primera tanda, son 10 alumnas y mañana cerramos con 10 alumnas”, indicó al tiempo que comentó: “Estamos muy contentos con el apoyo de la Vicegobernación y las empresas privadas Mercedes y Volvo”. Y adelantó: “Haremos la segunda edición anotando a nuevas aspirantes”. Las conductoras Miriam y Agustina, madre e hijas, contaron su experiencia en el curso de capacitación. “Estamos muy contentas y agradecidas con el proyecto inclusivo para mujeres. Es una experiencia increíble donde todos los días aprendemos algo nuevo”, expresó Agustina. Seguidamente, Miriam manifestó: “Quiero agradecer a Cetacer y muy especialmente a la Vicegobernación. Estoy feliz porque me tocó dar la primera vuelta con Laura, y las dos nos emocionamos hasta las lágrimas. Son sentimientos encontrados”, dijo la mujer que hace un mes perdió la vida su marido camionero. “Es muy importante y valoramos que puedan incluirnos en un transporte que siempre fue para hombres. Gracias a todos. Ojalá que se sumen más mujeres”. Finalmente, los empresarios Alejandro Scevola (Concesionaria) y Juan Manuel Scasi (Fate) también estuvieron presentes acompañando la capacitación y destacaron el trabajo articulado junto a Cetacer, privados y el Estado. “Es un círculo virtuoso que se hace cuando se trabaja en conjunto”, dijo Scevola tras comentar que luego de la formación facilitarán las posibilidades laborales para las conductoras entrerrianas. “Eso de que el rubro es masculino ya es pasado. En los últimos tiempos se está viendo a muchas mujeres incorporándose al rubro transporte y otras actividades económicas”, comentaron. De la actividad también participaron la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Sigrid Kunath; la abogada Sofía Uranga del equipo de la Vicegobernación; Katherina Stickel delegada en Entre Ríos de la CNRT; Ricardo Wagner y Carina Sterzer, presidente y secretaria de la Cetacer; Néstor Landra, secretario de Transporte de Entre Ríos; y empresarios del rubro.