<p>El senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli estuvo en Villa Paranacito respondiendo a una convocatoria de habitantes de la zona &nbsp;por la preocupación que han generado los proyectos relacionados con la Ley de Humedales, que impactaría negativamente en la zona y expulsaría literalmente &nbsp;a quienes vienen produciendo hace &nbsp;150 años.&nbsp;<br>“Muchas familias llevan tres y cuatro generaciones trabajando en una zona difícil, zona a la cual han mejorado cuidando el recurso suelo y mejorando inclusive el mismo”, afirmó De Ángeli.<br>El legislador nacional afirmó que los habitantes de las islas, especialmente los jóvenes, están preocupados por el futuro de las mismas. Temen por proyectos que no condicen con la realidad en torno a la Ley de Humedales y dijo que algunos generan incertidumbre en jóvenes que estudian y se preparan para seguir trabajando al igual que sus padres y abuelos en las islas.<br>“En cuanto a los proyectos de Ley sobre los humedales, son varios los que se manejan, algunos de ellos muy extremos y que indudablemente no conocen la idiosincrasia de la gente que habita todo el delta entrerriano. Sus historias de vida, las producciones que llevan adelante, tales como forestación, nuez pecán, ganadería, apicultura y demás en todo el delta entrerriano que es muy amplio”.<br>“Paranacito tiene 1500 hectáreas de Pecán que se comercializa en distintos puntos, además de darle valor agregado en la Cooperativa del Delta. Se trata de la mayor superficie implantada en Entre Ríos y una de las más importantes en el país”, agregó.<br>En cuanto a la apicultura indicó que “es una economía que está avanzando, siendo muy codiciada la miel de las islas por la calidad de la misma y porque se produce en un ambiente natural”.<br>“Es clave para el buen funcionamiento de los campos en la zona, además de arraigar a los productores en el campo”, sostuvo sobre la actividad ganadera que se practica en el lugar.</p>

Habitantes de Villa Paranacito compartieron con De Ángeli sus temores por la Ley de Humedales

<p><i><strong>Amílcar Nani</strong></i><strong>&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hace un mes atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Municipio de Pueblo Belgrano y la empresa “Altos de Unzué”, constructora del barrio náutico Amarras, donde las obras que se hicieron generaron la crecida del río e inundaciones. De esta manera, la Corte Suprema ordenó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que accione los mecanismos necesarios para que la firma desmantele la obra en 180 días y comience con la "demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior", tras detectar "la alteración negativa del medio ambiente".</p><p>amarras agosto 2021 (4).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174963.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>Sin embargo, a 31 días del fallo de la Corte Suprema, todo sigue igual que antes. En el predio donde se iba a construir el barrio náutico Amarras se ven aún las huellas de lo que se erigió. Calles con luminarias, descampados que antes estaban poblados de árboles, quinchos y espacios comunes que nunca llegaron a estrenarse y, lo más grave, todas las obras que terminaron desviando el curso del río y la inexistencia de los humedales que antes contenían el agua de las crecidas que ahora terminan en el casco urbano de Gualeguaychú. La empresa, además, tampoco presentó algún plan de desmantelación y restauración a al estado natural del predio, por lo que hace pensar que no piensan hacer nada al respecto.</p><p>amarras agosto 2021 (9).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174971.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>“Lo único que podemos hacer es esperar que pasen los 180 días, eso desde el punto de vista jurídico. Pero no queremos llegar a ese punto”, explicó a ElDía el exsenador provincial Julio Jesús Majul, quien presentó la demanda contra el barrio náutico con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Weimberg, Selva Chesini y Luis Leissa. “No soy técnico ni quiero serlo, pero me informaron que demoler todo y volver las cosas a cómo estaban antes es tanto o más caro que construir lo que hicieron. Va a ser mucho dinero el que se tiene que invertir. La única expectativa pequeña que nos queda es que la Secretaría de Ambiente se ponga los pantalones y haga cumplir la orden del STJ”, amplió Majul.</p><p>amarras agosto 2021 (12).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174973.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>“Ellos tienen 180 días para remediarlo. Ellos pueden presentar un plan para remediarlo mañana, en una semana, en un mes o cuando quieran. La condena para esto es que en 180 días restauren todo a su estado natural, pero lo cierto es que nadie sabe cómo se hace eso. Yo soy abogada, por eso necesitamos especialistas para saber cómo arreglar esto que se ha dañado en tal magnitud. Estamos esperando que presenten un plan de remediación y esperamos que lo hagan en un tiempo prudencial. En caso de que no lo hagan, accionaremos. Ahora no tenemos la posibilidad de intimarlo porque no pasaron los 180 días. Y está más que claro que si no presentan un plan de remediación, presuponemos que no lo van a hacer”, informó por su parte a este medio Selva Chesini, concejal de Gualeguaychú por Creer Entre Ríos y abogada patrocinante de la demanda que logró el fallo de la Corte Suprema.</p><p>amarras agosto 2021 (5).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174965.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p><i>¿Quién se hace cargo?</i> Como se ha mencionado más arriba, pasó un mes del fallo, y todo sigue exactamente igual. Y por supuesto, cuando se comienza una construcción artificial en un entorno natural y agreste, todos conocen cómo va a avanzar todo. Pero, por el contrario, nadie tiene la menor idea sobre cómo se restaura un predio a su estado salvaje. Para esto hay que convocar a técnicos y especialistas que sepan sobre el tema y dirijan los lineamientos para que se logre el objetivo. Y en este desconocimiento entre, por supuesto, el tema de los costos. Monetariamente hablando, esto puede ser tanto o más costoso que levantar las estructuras que ahora yacen inerte entre los yuyos que crecen.</p><p>amarras agosto 2021 (3).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174961.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>“Imaginemos que pasan los 180 días y la empresa Altos de Unzué se declara en quiebra. Al final va a terminar siendo la Gobernación y el Municipio de Pueblo Belgrano los que terminarán pagando millones de pesos para hacer el trabajo de demolición”, aventuró Majul en declaraciones a ElDía. “Altos de Unzué, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Gobernación son los tres que están condenados por igual. Pero nuestra intención es que la empresa se haga cargo de esto, porque de lo contrario lo terminaremos pagando todos nosotros o la comunidad de Pueblo Belgrano, que no tienen la culpa de las decisiones de un intendente que actuó haciendo caso omiso a las leyes y que termina condenando a los 5000 habitantes. Si la empresa declara la quiebra, lamentablemente los costos de esta restauración caerán en el Municipio y la Gobernación”, amplió por su parte Chesini.</p><p>amarras agosto 2021 (6).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174967.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>“Desconozco si demoler lo que se hizo en Amarras y restaurar el estado natural es más caro o no en comparación a lo que construyeron. Pero no mido esto por costos económicos. Para mí la cuestión ambiental no es una cuestión económica. No hay ninguna manera que para mí pese más lo segundo que lo primero. No hay fundamento para eso. Es la defensa de bienes comunes, y eso está más que claro”, remarcó la abogada Chesini, quien inmediatamente agregó que “lo importante es que gracias a esta acción y la condena de la Corte Suprema nos salvamos de tener cientos de estos emprendimientos a lo largo del corredor del río Uruguay. E inclusive, el beneficio que generamos con este fallo no es solamente para el pueblo de Gualeguaychú, sino para todo el país, porque sentó jurisprudencia”.</p><p>amarras agosto 2021 (1).jpg</p><p><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174959.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt=""></p><p>“La lucha continúa, por supuesto. Es más, esto recién empieza. La diferencia es que por fortuna ahora contamos con un fallo de la Corte Suprema. Pero tenemos que seguir accionando para que el STJ y la Secretaría de Ambiente actúen como corresponde. En teoría, ganamos. Pero en la práctica aún falta mucho”, concluyó Julio Majul.</p>

<em>Amílcar Nani</em> Hace un mes atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Municipio de Pueblo Belgrano y la empresa “Altos de Unzué”, constructora del barrio náutico Amarras, donde las obras que se hicieron generaron la crecida del río e inundaciones. De esta manera, la Corte Suprema ordenó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que accione los mecanismos necesarios para que la firma desmantele la obra en 180 días y comience con la "demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior", tras detectar "la alteración negativa del medio ambiente". <div class="embed_cont type_imagen" id="1035269-Libre-80422753_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035269-Libre-80422753_opts">       amarras agosto 2021 (4).jpg </div> <div id="1035269-Libre-80422753_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174963.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035269-Libre-80422753_embed" /></div> <div id="1035269-Libre-80422753_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035269-Libre-80422753_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> Sin embargo, a 31 días del fallo de la Corte Suprema, todo sigue igual que antes. En el predio donde se iba a construir el barrio náutico Amarras se ven aún las huellas de lo que se erigió. Calles con luminarias, descampados que antes estaban poblados de árboles, quinchos y espacios comunes que nunca llegaron a estrenarse y, lo más grave, todas las obras que terminaron desviando el curso del río y la inexistencia de los humedales que antes contenían el agua de las crecidas que ahora terminan en el casco urbano de Gualeguaychú. La empresa, además, tampoco presentó algún plan de desmantelación y restauración a al estado natural del predio, por lo que hace pensar que no piensan hacer nada al respecto. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035273-Libre-1861467486_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035273-Libre-1861467486_opts">       amarras agosto 2021 (9).jpg </div> <div id="1035273-Libre-1861467486_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174971.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035273-Libre-1861467486_embed" /></div> <div id="1035273-Libre-1861467486_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035273-Libre-1861467486_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> “Lo único que podemos hacer es esperar que pasen los 180 días, eso desde el punto de vista jurídico. Pero no queremos llegar a ese punto”, explicó a ElDía el exsenador provincial Julio Jesús Majul, quien presentó la demanda contra el barrio náutico con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Weimberg, Selva Chesini y Luis Leissa. “No soy técnico ni quiero serlo, pero me informaron que demoler todo y volver las cosas a cómo estaban antes es tanto o más caro que construir lo que hicieron. Va a ser mucho dinero el que se tiene que invertir. La única expectativa pequeña que nos queda es que la Secretaría de Ambiente se ponga los pantalones y haga cumplir la orden del STJ”, amplió Majul. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035274-Libre-305850932_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035274-Libre-305850932_opts">       amarras agosto 2021 (12).jpg </div> <div id="1035274-Libre-305850932_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174973.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035274-Libre-305850932_embed" /></div> <div id="1035274-Libre-305850932_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035274-Libre-305850932_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> “Ellos tienen 180 días para remediarlo. Ellos pueden presentar un plan para remediarlo mañana, en una semana, en un mes o cuando quieran. La condena para esto es que en 180 días restauren todo a su estado natural, pero lo cierto es que nadie sabe cómo se hace eso. Yo soy abogada, por eso necesitamos especialistas para saber cómo arreglar esto que se ha dañado en tal magnitud. Estamos esperando que presenten un plan de remediación y esperamos que lo hagan en un tiempo prudencial. En caso de que no lo hagan, accionaremos. Ahora no tenemos la posibilidad de intimarlo porque no pasaron los 180 días. Y está más que claro que si no presentan un plan de remediación, presuponemos que no lo van a hacer”, informó por su parte a este medio Selva Chesini, concejal de Gualeguaychú por Creer Entre Ríos y abogada patrocinante de la demanda que logró el fallo de la Corte Suprema. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035270-Libre-236465480_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035270-Libre-236465480_opts">       amarras agosto 2021 (5).jpg </div> <div id="1035270-Libre-236465480_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174965.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035270-Libre-236465480_embed" /></div> <div id="1035270-Libre-236465480_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035270-Libre-236465480_copyright" class="embed_copyright"></div> </div>   <em>¿Quién se hace cargo?</em> Como se ha mencionado más arriba, pasó un mes del fallo, y todo sigue exactamente igual. Y por supuesto, cuando se comienza una construcción artificial en un entorno natural y agreste, todos conocen cómo va a avanzar todo. Pero, por el contrario, nadie tiene la menor idea sobre cómo se restaura un predio a su estado salvaje. Para esto hay que convocar a técnicos y especialistas que sepan sobre el tema y dirijan los lineamientos para que se logre el objetivo. Y en este desconocimiento entre, por supuesto, el tema de los costos. Monetariamente hablando, esto puede ser tanto o más costoso que levantar las estructuras que ahora yacen inerte entre los yuyos que crecen. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035268-Libre-1354652647_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035268-Libre-1354652647_opts">       amarras agosto 2021 (3).jpg </div> <div id="1035268-Libre-1354652647_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174961.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035268-Libre-1354652647_embed" /></div> <div id="1035268-Libre-1354652647_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035268-Libre-1354652647_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> “Imaginemos que pasan los 180 días y la empresa Altos de Unzué se declara en quiebra. Al final va a terminar siendo la Gobernación y el Municipio de Pueblo Belgrano los que terminarán pagando millones de pesos para hacer el trabajo de demolición”, aventuró Majul en declaraciones a ElDía. “Altos de Unzué, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Gobernación son los tres que están condenados por igual. Pero nuestra intención es que la empresa se haga cargo de esto, porque de lo contrario lo terminaremos pagando todos nosotros o la comunidad de Pueblo Belgrano, que no tienen la culpa de las decisiones de un intendente que actuó haciendo caso omiso a las leyes y que termina condenando a los 5000 habitantes. Si la empresa declara la quiebra, lamentablemente los costos de esta restauración caerán en el Municipio y la Gobernación”, amplió por su parte Chesini. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035271-Libre-217801396_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035271-Libre-217801396_opts">       amarras agosto 2021 (6).jpg </div> <div id="1035271-Libre-217801396_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174967.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035271-Libre-217801396_embed" /></div> <div id="1035271-Libre-217801396_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035271-Libre-217801396_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> “Desconozco si demoler lo que se hizo en Amarras y restaurar el estado natural es más caro o no en comparación a lo que construyeron. Pero no mido esto por costos económicos. Para mí la cuestión ambiental no es una cuestión económica. No hay ninguna manera que para mí pese más lo segundo que lo primero. No hay fundamento para eso. Es la defensa de bienes comunes, y eso está más que claro”, remarcó la abogada Chesini, quien inmediatamente agregó que “lo importante es que gracias a esta acción y la condena de la Corte Suprema nos salvamos de tener cientos de estos emprendimientos a lo largo del corredor del río Uruguay. E inclusive, el beneficio que generamos con este fallo no es solamente para el pueblo de Gualeguaychú, sino para todo el país, porque sentó jurisprudencia”. <div class="embed_cont type_imagen" id="1035267-Libre-969449312_wrap"> <div class="embed_options" rel="opt" id="1035267-Libre-969449312_opts">       amarras agosto 2021 (1).jpg </div> <div id="1035267-Libre-969449312_content" class="embed_content"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/001/174/0001174959.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="" id="1035267-Libre-969449312_embed" /></div> <div id="1035267-Libre-969449312_epigrafe" class="embed_epigrafe"></div> <div id="1035267-Libre-969449312_copyright" class="embed_copyright"></div> </div> “La lucha continúa, por supuesto. Es más, esto recién empieza. La diferencia es que por fortuna ahora contamos con un fallo de la Corte Suprema. Pero tenemos que seguir accionando para que el STJ y la Secretaría de Ambiente actúen como corresponde. En teoría, ganamos. Pero en la práctica aún falta mucho”, concluyó Julio Majul.

A un mes del fallo de la Corte Suprema, aún sigue todo igual en el predio de Amarras

A un mes del fallo que ordenó el desmantelamiento, aun todo sigue igual en Amarras

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Los manifestantes se convocaron a partir de las 16:30 en la explanada que sube hacia el puente Rosario-Victoria, desde Boulevard Rondeau, en donde cerca de las 18 interrumpieron totalmente el tránsito vehicular.</p><p>Por el corte, que se extendió hasta las 19:30, el tránsito debió ser desviado a la intersección con la autopista AP-01 Brigadier López, lo que generó demoras a los conductores que intentaban circular por la vía que comunica a Santa Fe con Entre Ríos.</p><p>El representante de la Multisectorial Humedales, Sergio Gorosito, dijo a Télam que "en una asamblea popular, después de la quema de la zona de islas del Banquito San Andrés, en donde tres familias perdieron su casa, decidimos visibilizar la problemática con el corte del puente".</p><p>El Banco de San Andrés, también conocido como "Banquito de Arena" es una pequeña isla formada por depósitos sedimentarios arrastrados por la correntada del río Paraná en donde se emplazan 40 viviendas habitadas, que en la última semana fue alcanzada por el fuego, publicó Télam.</p>

Ambientalistas cortaron el puente Rosario-Victoria en protesta por los incendios en humedales

  “La responsabilidad de Entre Ríos surge de las normas que el mismo Estado provincial ha sancionado”, resaltó Sasia, en relación a los dichos de Rodrígez Signes, quien negó que la provincia tuviera responsabilidad frente a los incendios en el Delta “La responsabilidad surge, también, del ordenamiento territorial de bosques que hizo la propia provincia, en el cual, declara toda la zona de humedales y la zona de las islas en Victoria, frente a Rosario, como bosques a proteger bajo la caracterización de zona roja. Esto significa que se debe resguardar el espacio y evitar su tala y quema”, explicó la abogada del Foro Ecologista. Sasia también resaltó que la responsabilidad entrerriana radica en “la propia Constitución provincial, donde se garantiza la protección de los humedales” y en programas como el PIECAS-DP (Plan Integral para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná). “Rodríguez Signes dice que en Santa Fe se le había hecho juicio a Entre Ríos y que se declaró abstracta la cuestión, ya que no le reconocieron la legitimidad a la Universidad Nacional de Rosario”, apuntó Sasia y continuó: “En realidad, lo que pasó fue que la causa se declaró abstracta porque la Corte sostuvo que, estando existente el PIECAS-DP, iba a  haber un cumplimiento por parte de los estados en relación a proteger la zona de humedales de su jurisdicción”. “El Estado provincial es el garante de la protección y salvaguarda  de espacios como los humedales y las islas de Victoria, ya que son áreas naturales protegidas, incluso por tratados internacionales”, apuntó. En este marco, resaltó que “el Estado, como garante de la protección de estos espacios, tiene la responsabilidad de evitar todo lo que está sucediendo desde el año 2008 y que todos los programas que existen se cumplan”. “No hay otro garante que no sea el estado, a través del compromiso que asumió en su propia constitución”, aseguró a esta agencia. Sentencias de la Corte Suprema Sasia resaltó que, en relación a la protección de los humedales, “hay sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se debe exigir su cumplimiento”. “Como organización, nosotros tenemos una causa que está tramitando la corte, en la que se pide la declaración de Sujeto de Derecho del Delta, pero no tiene sentencia, pero sí hay sentencia en otra causa, que es la que pone en vigencia un comité de crisis (Comité de Emergencia Ambiental) para detener y controlar los incendios en la región delta del Paraná”, afirmó. “Rodriguez Signés justifica los incendios que se están produciendo, con la sequía del Paraná, cuando justamente, la bajante es consecuencia de la devastación de los humedales”, destacó y agregó: “Se trata de una cuestión que se va retroalimentando”. “La bajante del Paraná, que también tiene su respuesta en las quemas en la zona del Amazonas, es el correlato de las malas gestiones y de la poca preservación de estos espacios, que son vitales para mantener el ciclo hidrológico del caudal del río”, concluyó Sasia. (APFDigital)

"Provincia tiene que ser garante de la protección de los humedales"

"No es novedad esa actitud de algunas organizaciones en Rosario. Incluso, hace aproximadamente 10 años nos demandó a la provincia la Universidad Nacional de Rosario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la misma cuestión, el tema del humo que iba a Rosario producto de los incendios en el Delta, y en ese caso nosotros ganamos el juicio por una cuestión procesal porque la Universidad no tenía legitimación para reclamarle daños y perjuicios a Entre Ríos”, recordó el Fiscal de Estado. Y agregó: “Pero en el caso de esta incitación de algunas organizaciones, sobre todo ambientales, al Estado de la provincia de Santa Fe, estamos muy tranquilos porque con Santa Fe tenemos un diálogo permanente a nivel institucional, tanto con el gobernador como con el fiscal”, expresó Rodríguez Signes. En este aspecto recordó que antes de la pandemia, en febrero de 2020, mantuvo una reunión con el gobernador Omar Perotti para acordar la utilización de algunos espacios en la zona del Delta. Detalló que por entonces habían detectado cuatro zonas: Rosario-Victoria, Diamante-Coronda, Paraná-Santa Fe y otra a la altura de La Paz, y acordaron ponerse de acuerdo en la administración, el cuidado y el uso de esos inmuebles. “De manera que el gobernador de Santa Fe está perfectamente al tanto que se trata de espacios que en algunos casos pertenecen a la provincia de Entre Ríos, más al sur, y en otros a la provincia de Santa Fe, más al norte”, indicó y explicó que la altura de La Paz la zona de humedales e islas está el lado santafesino, y a la altura de Victoria es al revés”. “Así que hay una conciencia entre los gobiernos sobre todo esto”, agregó y expresó que la otra cuestión es “la tranquilidad jurídica porque la provincia de Entre Ríos no ha incurrido en ningún caso de responsabilidad”. Tras ello, el fiscal comentó: “Este tema de los incendios no es tan fácil determinar a qué corresponde o por qué se produce. Hay un tema que es el comportamiento del río Paraná, es decir la bajante facilita como nunca que se produzcan incendios, y eso está absolutamente demostrado por todos los estudios ambientales”, dijo. Por último recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó constituir una comisión de emergencia donde está la Secretaría de Ambiente de Santa Fe y de Entre Ríos, donde la Nación también es parte. Luego comentó: “Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y no hay una relación de causalidad entre los perjuicios, que yo de ninguna manera niego que puedan estar sufriendo los habitantes de la ciudad de Rosario, con respecto a la conducta de la administración provincial”. Por otra parte, recordó que hay una causa penal que se tramita en el Juzgado Federal, en donde la mayoría de los imputados son gente de Rosario. “Frente a Rosario hay una utilización de las islas por parte de gente que vive en esa ciudad, personas que las usan, a lo mejor legítimamente, pero que hacen un uso inadecuado, y adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido. Esto el gobierno de Santa Fe lo sabe perfectamente, tenemos diálogo permanente y existen ámbitos administrativos como para ir dando solución a esos problemas”.

El fiscal de Estado respondió a quienes piden acciones legales contra el gobierno de Entre Ríos

El mismo pedido se hará ante los gobiernos locales de Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez. Este martes 21 de septiembre, la Multisectorial Humedales Rosario hará entrega de un petitorio que “exhorta a la provincia de Santa Fe y al municipio de Rosario a formular una denuncia contra la provincia de Entre Ríos y el municipio de Victoria por la devastación que impera en nuestros humedales”. La zona está siendo diezmada por el fuego -más de un millón de hectáreas afectadas en menos de dos años- y por el continuo avance de actividades y emprendimientos que dañan y degradan estos frágiles ecosistemas. “Se hará entrega de este pedido en sede de Gobernación y en la Municipalidad de Rosario, con copia al Concejo Municipal. También se acercará una copia a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe”, indicaron en un comunicado. Este pedido de denuncia es el resultado del trabajo conjunto entre MH Rosario y la agrupación Salvemos los Humedales Villa Constitución. Desde esa ciudad, este martes 21 replicarán el pedido en su propio municipio. La misma acción tendrá lugar en San Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. Próximamente también en provincia de Buenos Aires se hará entrega de este pedido de denuncia contra los gobiernos entrerrianos. En este caso se tendrán como destinatarios la provincia de Buenos Aires y diversos municipios bonaerenses, y se incluirá sea denunciado también el municipio entrerriano de Gualeguay. “El pedido se enmarca en dos pilares que consideramos fundamentales”, explican las organizaciones ambientalistas. “En primer lugar le cabe al Estado en su rol de garante de derechos el generar las denuncias ante situaciones de vulnerabilidad. Los ciudadanos no contamos con el tiempo, las herramientas ni el poder económico para hacerlo. Es el Estado quien debe garantizar justicia socioambiental. Los humedales aseguran el acceso al agua, al aire limpio, al alimento y al esparcimiento. Por ende a la salud y a la vida. Son hábitat de miles de especies animales y vegetales y por consiguiente reservorio de biodiversidad, y están ligados a nuestro derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, digno y diverso. En segundo lugar si bien hay individuos que devastan el humedal de múltiples modos, sobra evidencia que nos permite a afirmar que estos individuos están siendo “habilitados” por el gobierno de Entre Ríos y el municipio de Victoria. La construcción de terraplenes ilegales de metros de alto y kilómetros de largo- obras que implican meses de ejecución, ingreso de maquinaria pesada y personal idóneo- son un claro ejemplo de la ilegalidad consentida que está matando al delta del Paraná”. “No vamos a sentarnos a ver el fin. Somos parte de un nuevo comienzo. Un comienzo que empieza reestableciendo una democracia auténtica. Generando alianzas en territorio. Debatiendo juntos soluciones posibles. Aunando fuerzas aún en la desesperanza. Confiamos que el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, al igual que cada uno de los intendentes al frente de los municipios alcanzados por este reclamo, accionen del único modo posible: respetando la voluntad de un pueblo soberano”, concluye el comunicado.

Piden que denuncien al gobierno entrerriano por los incendios en el Delta del Paraná

  Un centenar de personas se sumó a la jornada nacional por los humedales en Pueblo General Belgrano. La convocatoria tuvo lugar el domingo en plaza “Belgrano” a partir de las cuatro de la tarde. Participaron durante toda la jornada el colectivo “Me hago cargo” asociación civil de PB, comunidad guardiana de los humedales y el agua Gchu. También participaron la directora de Medio ambiente de Gualeguaychú,  la Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú y fundación Fundavida. Los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a sus períodos de anegamiento y sequía ¿Cuáles son las amenazas? Se estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de los humedales del planeta y existe una escasa conciencia sobre la importancia que tienen para la vida. Las principales causas de degradación y vulnerabilidad son: la ampliación de la frontera agrícola, el uso de agrotóxicos, la actividad minera, la sobreexplotación de bienes naturales, el desarrollo industrial e inmobiliario, las especies invasoras y el desecho de residuos mal tratados. ¿Por qué protegerlos? Los humedales son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. También se encuentran unidos a diversas culturas y tradiciones. ¿Qué sucede en Argentina? Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales (21,5% de la superficie). La extensión y variación del territorio nacional hace que tengamos una gran diversidad de humedales en zonas urbanas y rurales. En el noreste del país hay más humedales que en regiones áridas, pero en todos los casos estos cumple un rol esencial. Se incluyen: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas.

Acción ecológica en Pueblo Belgrano para pedir por la Ley de  Humedales

<em>Por Mónica Farabello</em> <em> </em> Después de Amarras ¿qué? Es la pregunta eje para avanzar en la agenda medioambiental de nuestra ciudad y nuestra región. Finalmente, la Justicia parece haberle puesto un punto final a una historia de mil capítulos y la firma Altos de Unzué deberá restablecer el espacio en 180 días y desmantelar lo construido. Se trata de un antes y un después en la lucha de los ambientalistas de Gualeguaychú que celebraron la decisión de la Justicia… pero ¿con qué seguimos? En 2017 se aprobó una ordenanza municipal que busca que todos los emprendimientos, casas y clubes instalados a la vera del río Gualeguaychú debían adecuarse y realizar un correcto tratamiento de los residuos cloacales. Esto impacta directamente en la salud de nuestro río y los balnearios. En esta zona, la red cloacal no tiene alcance, por lo que debían buscar alternativas para darle solución y no contaminar las aguas. En 2019 las cifras no eran para nada optimistas; solo el 22% de los emprendimientos y casas realizaban un tratamiento de sus efluentes, por lo que se impuso un plazo de 100 días para rever la situación. En la actualidad, el panorama es otro: “Más del 80 por ciento cuentan con sistemas alternativos, mientras que el resto tratan sus residuos con sistemas controlados evitando el vuelco de crudo al río”, según informó María de los Ángeles Gómez del área de Ambiente Municipal.   En total son 60 los emprendimientos donde se pudo constatar la adecuación a través de Inspecciones y con ayuda de expediente de habilitaciones y obras privadas.  “Cuando hablamos de sistema de tratamiento alternativo de cloacales, se refiere a una amplia variedad de tecnologías que dependerán de distintos factores (ubicación geográfica, económico, lugar disponible en el terreno, etc.) según la necesidad del emprendimiento. Algunos de los que se observaron en los relevamientos son cámaras sépticas y caños de infiltración, biodigestores, humedales artificiales, plantas compactas, entre otros”, explicó Gómez. Con estas cifras el panorama se vuelve mucho más alentador que en 2019, avanzando en una deuda que todos teníamos con nuestro río.   <em>Más temas en agenda</em> La separación de residuos domiciliarios continúa siendo un tema a mejorar en la ciudad. Se avanzó y mucho en los últimos años: el ecoparque y el trabajo de cada vecino en su casa, hicieron la diferencia. De todos modos, la pandemia retrasó un poco los logros obtenidos. La recolección pasó de 6 días a 3, y luego retomó a 5 días. Estos cambios tuvieron un impacto en la conducta de los vecinos. “Aunque muchos sigan separando, ya no se respetan los días”, advirtieron desde Ambiente. En este sentido, cabe destacar que los días lunes, miércoles y viernes deben sacarse los residuos orgánicos o húmedos. Los martes y jueves los residuos secos o reciclables, mientras que los biopatogénicos deben sacarse todos los días con una cinta roja para ser identificados. En cuanto a los efluentes industriales del PIG (Parque Industrial Gualeguaychú), destacaron que desde que cuentan con su nueva planta de tratamiento, no se ha detectado ninguna violación a las normas, pero de todas maneras se sigue con el control adecuado. La agenda ambiental está abierta: con Amarras como un tema concluido, queda mucho trabajo por delante.

Después de Amarras ¿Qué?

<em>Por Claudina Corti*</em>   Con esta decisión, los condenados deberán cumplir el fallo judicial que dispuso desmantelar las obras que se han realizado hasta el momento y remediar el daño causado. Este no sólo es un triunfo de la comunidad organizada que, desde hace años, viene resistiendo en los territorios, sino que marca un punto de inflexión en la lucha incansable de los pueblos en defensa del bien común. La postura en favor de la naturaleza y de la vida reviste, hoy, un abordaje urgente, y no debería ser sólo “cosa de ambientalistas”. La pandemia de Covid-19, producto de una zoonosis, es el resultado de un modelo de desarrollo al que denominamos extractivista y patriarcal, obediente a las imposiciones de corporaciones multinacionales que detentan el poder económico concentrado y que impulsan proyectos que sólo benefician a una minoría en detrimento del bienestar del pueblo, del ambiente y de la salud de las generaciones venideras. En el caso del barrio náutico Amarras, además, profundizan la desigualdad: un barrio de lujo para un pequeño grupo privilegiado; un capricho de un grupo empresario en connivencia con parte de una clase política que enarbola un proyecto de desarrollo vetusto y “amarrado” a un relato que utiliza como caballito de batalla el fomento de la inversión privada para generar trabajo, venga de donde venga, se trate de lo que se trate. Por lo menos habría que sospechar cuando el discurso de quienes ocupan o aspiran a ocupar cargos en el Estado no puede distinguirse del discurso empresarial que prioriza el interés económico por sobre el interés común, porque ahí es cuando se evidencian las profundas diferencias insalvables de un proyecto y de otro. Hoy, en vísperas de elecciones legislativas, esas miradas se manifiestan y se intensifican. Desde Pueblo General Belgrano, el pueblo en el que el proyecto de un barrio náutico arrasó con los humedales, modificó el cauce del río y destruyó flora y fauna, el actual presidente municipal y defensor acérrimo de Amarras, Mauricio Davico, se presenta como precandidato a diputado en la lista de Juntos encabezada por Rogelio Frigerio. Una lista que sostiene como lema "una campaña limpia". Pero en Pueblo General Belgrano existe, desde hace cuatro décadas, un basural a cielo abierto que contamina el aire, la tierra y las napas de las que su comunidad extrae el agua potable; existen piletones de deshechos cloacales que no cumplen con las normas de salubridad necesarias y que desbordan en terrenos de particulares; existen obras inconclusas en barrios que quedan anegados después de cada lluvia o que derraman sus deshechos a la vía pública por falta de cloacas. Pero lo más grave de todo es que no existe interés, voluntad política ni conciencia para reconocer las graves consecuencias que estas problemáticas tienen para la salud y la vida y actuar en consecuencia. La agenda ambiental, necesaria y urgente, emergente de las luchas de vecinos y vecinas de una y otra orilla del río, no es parte del proyecto de Davico. ¿Qué pueblo queremos? ¿Cómo queremos crecer? ¿Hacia dónde? ¿Seguiremos sosteniendo un modelo de libre mercado y de competencia que es irreconciliable con un modelo nacional, popular e inclusivo en donde el Estado se hace fuerte para intervenir, regular, prevenir y ampliar derechos? Son tiempos de reflexión y de trabajar en pos de comunidades sustentables, respetuosas de sus habitantes, de la naturaleza y de la vida. Hagámoslo posible. <em>*Militante social, activista ambiental y feminista. Concejala por el Frente Creer de Pueblo General Belgrano</em>

El caso Amarras y el detrás de escena de una campaña "no tan limpia"

“Presentamos un programa binacional para el abordaje integral de la cuenca que es muy importante para garantizar la sostenibilidad ambiental de nuestro ríos”, hizo saber el gobernador Gustavo Bordet junto al ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié. El proyecto tiene el objetivo de mejorar la convivencia con río Uruguay, fortalecer a las ciudades costeras del bajo Uruguay como territorios de convivencia respetuosa con el agua y proteger a sus poblaciones. Para ello, se promueve el desarrollo de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad de las ciudades costeras y los ecosistemas a lo largo del río Uruguay. Acompañaron a Bordet y Cabandié los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Uruguay Stefan Liller, y de Argentina, Claudio Tomasi; el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay, Ángel Fachinetti; el vicepresidente de Desarrollo Sostenible CAF, banco de desarrollo de América Latina, Julián Suarez; el ministro de Ambiente de la República Oriental del Uruguay, Adrián Peña, la directora de Cambio Climático, Florencia Mitchell; la jefa de Gabinete, Soledad Cantero; el titular de Enohsa, Enrique Cresto, y el ministro de Producción, Juan José Bahillo. En ese marco, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, apuntó que se abordó “una agenda variada” que incluyó la “evaluación acerca de los incendios que se están dando en nuestras islas y Delta por la baja sostenida del río Paraná que es histórica. Evaluamos como venimos trabajando conjuntamente Nación y las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, además de ver cómo se está articulando las infraestructuras y los recursos económicos y humanos para atacar los focos de incendio. Hoy estamos en una situación controlada", remarcó. Sobre la presentación del proyecto binacional contra el cambio climático dijo que es una iniciativa que arrancó la gestión en 2016 cuando el gobernador visitó Marruecos y fue parte de la agenda de los financiamientos internacionales que se tuvieron en aquel momento. Al respecto, habló de "un trabajo importante" y precisó que "se avanzó en este último año y medio, generando los proyectos, la conformación de los equipos técnicos, la elaboración de los proyectos de los lados argentino y uruguayo. Hoy ya están conformados todos los equipos y están muy avanzando los proyectos. Por eso se hizo la presentación con autoridades de ambos países, además de referentes de los distintos organismos internacionales que financian este proyecto". "Se viene trabajando quien coordina y ejecuta el programa que es el Ministerio de Ambiente de Nación, obviamente con participación de la provincia a través de la Secretaría de Ambiente y de los gobiernos locales porque están involucrados por obras que ese contempla en los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia" El proyecto El lanzamiento del proyecto se enmarca en el compromiso que asumió Argentina de implementar para 2030 políticas, medidas y acciones para el manejo sostenible de los ríos, a fin de reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático de estos ecosistemas y de las comunidades que de ellos dependen. Los Ejes de trabajo contempla la planificación territorial y gestión de riesgos; las medidas prioritarias para incrementar la resiliencia en ciudades inundables; las medidas para la conservación adaptativa de los ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, y las medidas prioritarias para incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad social. En tanto, las principales acciones son la resignificación de los humedales costeros y urbanos como bienes públicos valiosos, con características específicas y capacidades ecosistémicas indispensables para asegurar la calidad del agua, la vida y el desarrollo de diversos sistemas de producción; y la protección y resignificación del humedal Arroyo Artalaz en Colón, Argentina. Además, se considera la remediación y resignificación de áreas vacantes entre Defensa Norte y Barrio Cantera 25 de Mayo en Concepción del Uruguay, Argentina; y la protección contra la erosión costera y reparaciones en la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Concordia, Argentina. La consolidación estructural de edificaciones históricas: protección del sitio histórico Calera del Palmar, PNEP, Argentina, se incluye también. La actividad La presentación del Proyecto estuvo a cargo de la Coordinación regional del CAF qu es la agencia implementadora, luego hubo un Intercambio con organizaciones sociales de Argentina y Uruguay en un Panel de la sociedad civil, y el cierre lo hizo la coordinadora Regional

Bordet y Cabandié acordaron con Uruguay garantizar la sostenibilidad ambiental del río Uruguay

“Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible”, afirmó sobre el proyecto presentado para conformar una comisión integrada por Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional. “La conformación debe respetar la igualdad de género”, agregó. En ese sentido, explicó que “en Argentina los ríos compartidos entre jurisdicciones provinciales o internacionales cuentan con entes, cuyo propósito es coordinar políticas de uso racional y respeto ambiental del curso hídrico”. Así fue que enumeró el caso de “los Comités de Cuencas Juramento- Salado y Salí Dulce, o los casos de la Comisión Administradora del Río Uruguay y la del Río de la Plata”. Para la legisladora del Frente de Todos, “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso”. “La protección de la biodiversidad, el aprovechamiento de aguas para uso doméstico y productivo, el saneamiento y el tratamiento de efluentes cloacales e industriales, la gestión de residuos, la pesca y la piscicultura, el cuidado de zonas costeras, la protección en período de bajantes y en zonas inundables, la prevención de incendios y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego Nº 27.604; la promoción de actividades deportivas y turísticas; el mejoramiento de las interconexiones fluviales, viales y ferroviarias; y la generación de propuestas normativas, son competencias de esta comisión, con el propósito de realizar un abordaje integral y holístico sobre la biodiversidad, los bienes ambientales y la calidad de vida de la población que habita estas zonas”, detalló. A su vez, la exintendenta de Paraná hizo mención a que el río “es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país”. Y analizó la bajante a niveles históricos, “caracterizada por un conjunto de hechos que abarcan una larga sequía, los numerosos represamientos ubicados en su tramo superior, la producción con perfil extractivista, la deforestación de bosques y selvas, y la afectación de los humedales en su curso”.

Proponen la creación de una comisión administradora del Río Paraná junto a 5 provincias más

Proponen la creación de una comisión administradora del Río Paraná

<em>Susana Villamonte*</em>   El pasado 30 de junio, amanecimos con la noticia de que, durante un año, a partir del 1 de agosto próximo, el Estado Nacional se hará cargo de la mal llamada Hidrovía Paraná- Paraguay (Hidrovía S.A. es la empresa que explota la vía navegable, el río). Será de manera transitoria, para luego avanzar con la licitación “larga” o “grande”. Mientras tanto se hará una licitación “corta”, para poder seguir con el dragado. La diferencia crucial con lo que viene sucediendo hace 25 años es que el organismo de control estará bajo la órbita del Estado argentino y no de los inversores privados. Diferentes espacios políticos y sectoriales hicieron una gran tarea de difusión y concientización, traccionando para que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Lo primero, que era evitar la licitación automática para la empresa Hidrovía S.A (conformada por la firma belga Jan de Nul y la argentina EMEPA) ya se logró. Ese fue “el primer paso en la dirección correcta”, como sostuvo el senador Jorge Taiana. Ahora es momento de, además de la soberanía política, empezar a contemplar cuánto perdemos y cuánto ganamos de soberanía ambiental con todo esto. Un término que nunca cobró fuerza en el discurso político argentino, hasta ahora. Cuando no hay más margen para seguir destruyendo, contaminando y dejando sin alimentos a cada vez más personas. Ahora es cuándo.   "Ahora es momento de, además de la soberanía política, empezar a contemplar cuánto perdemos y cuánto ganamos de soberanía ambiental con todo esto"   El repaso ambiental de los 25 años de privatización de los ríos Paraná y Paraguay es devastador: las costas se desmoronan, abundan las inundaciones y el agua está cada vez más turbia, agua que bebe gran parte de nuestras poblaciones, que sabe y huele mal, aunque se potabilice. Esto no es nuevo. Lo de olvidarnos del rio para convertirlo en “hidrovía” comienza en 1998, cuando, a través del bonito lema “Los ríos nos unen”, sólo se pensó en la “unión” desde lo comercial, el mercantilismo y el dinero. Se pensó en adecuar el sistema fluvial Paraná-Paraguay -una región de magnífica riqueza hídrica, que contiene algunas de las tierras más fértiles del planeta, ecosistemas únicos, reservas de biodiversidad y recursos naturales de valor incalculable- a los colosales objetivos comerciales de los inversionistas y del mundo, sin detenerse en el detalle de que para lograrlo era necesario someter a los ríos y quedar al borde del desastre ambiental. Bajo esta lógica, se impuso necesario intervenir en los ecosistemas con grandes obras de ingeniería; permitir la saturación de las aguas con pesticidas y metales pesados; aumentar la deforestación; intensificar la producción agrícola hasta agotar las tierras y desplazar pequeñas y medianas cadenas productivas, y comunidades enteras, dependientes de la vida de los ríos. Esto es lo que los promotores de la hidrovía llamaron “progreso”. Pero, ¿progreso para quienes? El criterio global del mercado siempre ha sido el mismo: la mayor explotación de recursos posible con el menor costo de comercialización posible y el más amplio control sobre el desarrollo de los territorios. Fuero las bases del sistema neoliberal y depredador que imperó en nuestro país los últimos 40 años. Pero, a pesar del fervor con el que los sectores dominantes defendieron y defienden el supuesto “efecto derrame” que las inversiones provocarían en las economías huéspedes, éste es más un imperativo ideológico que una verdad ajustada a la realidad. La vía navegable Paraná- Paraguay es una suerte de autopista artificial de agua, una modificación del curso y la profundidad del río más largo de la Argentina, que posibilita el tránsito anual de 2.900 barcazas y 4.500 buques de gran porte, que sacan hacia el mundo la cosecha cerealera y la producción minera del país.   "Estoy convencida, desde hace mucho tiempo, que no hay actividad antropogénica exitosa para el presente y el futuro de la humanidad si no tiene como base el respeto por el Ambiente y la Naturaleza"   Todo el recorrido de los ríos Paraguay y Paraná está sembrado de humedales, son 19 sistemas en total, desde el Gran Pantanal matogrossense, el más extenso del mundo y regulador hídrico de todo el sistema fluvial de estos dos ríos, hasta llegar a los humedales de los Tributarios del Paraná Inferior, con amplias planicies de inundación. Todos sufrieron el impacto negativo en estos 25 años. Una vez más, se impone necesario remarcar la importancia de los humedales: garantizan la diversidad biológica; amortiguan las inundaciones; favorecen la mitigación y la adaptación al cambio climático; nos abastecen de agua; son sitios de gran relevancia arqueológica e histórica; nos proveen de alimentos, materiales y medicinas; contribuyen a la estabilización de las costas y a la protección contra las tormentas; son lugares de recreación y turismo sustentable, entre otras muchas virtudes. Lamentablemente, como consecuencia del dragado de los ríos, han sido destruidos sistemáticamente durante muchos años. Estas consecuencias podrían ser minimizadas si los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) se hicieran como corresponde, cosa que no ocurre. Existen EIAs oficiales realizados desde los años 90 que no contemplan los impactos indirectos de largo plazo y son redactados desde una computadora, sin pisar el campo. Las embarcaciones también contaminan y tampoco esto es considerado en los EIAs. Los contaminantes que arrojan al agua son múltiples: hidrocarburos, mezclas oleosas, aguas sucias, basura, sustancias nocivas sólidas y pinturas antiincrustantes, entre otras. El ruido es otro factor que, necesariamente, afecta al ecosistema. Todos estos elementos son nocivos para el medio y los recursos vivos del agua, pero no son contemplados por los EIAs oficiales, tampoco la actividad pesquera en pequeña escala, tan importante para la supervivencia de las poblaciones costeras. Vivimos tiempos en que debemos priorizar el cuidado ambiental. Así más no sea por una cuestión de supervivencia. Proteger y priorizar el ambiente debe ser, definitivamente, una política de Estado y la Ecología Política, una prioridad. Desde el 2015, en Gualeguaychú tratamos de predicar con el ejemplo y empezamos a recorrer, a paso lento pero firme, el camino hacia la implementación de políticas ambientales reales. Estoy convencida, desde hace mucho tiempo, que no hay actividad antropogénica exitosa para el presente y el futuro de la humanidad si no tiene como base el respeto por el Ambiente y la Naturaleza. Es que, de lo contrario, no habrá otro futuro posible al que reza un sabio proverbio aborigen: "Solo cuándo el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta que no podemos comer, ni vestir, ni respirar dinero".   <em>*Concejal PJ-Creer, exdirectora de Ambiente municipal</em>