
El viernes, oficiales de justicia realizaron un allanamiento en la municipalidad buscando documentación por orden de la Fiscalía N° 1 a cargo del Dr. Darío Crespo y del Juez de Instrucción Daniel Alle. Jorge Barroetaveña El Día de Gualeguay El procedimiento se disparó a partir de una presentación judicial que el pasado lunes efectuó el ex tesorero de la municipalidad de Gualeguay, Rodolfo Estapé (H), desplazado del cargo a través de un decreto firmado el 15 de enero.Pese al hermetismo judicial, fueron el intendente Luis Erro y el Dr. Emilio Matorras quienes revelaron la investigación por parte de la justicia de presuntas irregularidades cometidas durante la gestión, denunciadas por el propio Estapé. En diálogo con LT38 Radio Gualeguay, Matorras explicó que "la información que manejamos nosotros es muy escueta porque se realizan procedimientos reservados y no se dan muchos pormenores. Sucede que se han ordenado algunas medidas judiciales pero no hay que magnificar los hechos. Son cuestiones que resuelve la justicia antes que el juez de instrucción pueda o no considerar la eventual verosimilitud de un hecho delictivo. Entiendo que esto es previo al procedimiento penal".Con tono de voz preocupado, Matorras (que el jueves iba a asumir como Coordinador de Secretarías y a último momento fue suspendida su unción) buscó "desdramatizar el tema. Estos son los carriles normales ante una denuncia de hecho". Si bien en un principio trascendió que los oficiales de justicia allanaron la Secretaría de Gobierno, la de Hacienda y la Tesorería, el funcionario negó la especie y reveló que sólo estuvieron en el primer piso. "Pasaron por hacienda buscando ciertos elementos que el juez actuante considera que son coadyudantes para investigar la verdad real. Fue un procedimiento normal y hecho con respeto", agregó escueto.Estapé fue desplazado del cargo de tesorero el pasado 15 de enero a través de un decreto, fue notificado el 18 de enero de la decisión, y se presentó después de la feria, el lunes 1 de febrero, en los tribunales locales, según trascendió ante el Fiscal Crespo. Matorras puntualizó que "no he tenido acceso a la denuncia y no puedo saber qué es lo denunciado. Acá no se puede denunciar a la municipalidad porque es una persona jurídica. La acción penal debería estar centrada a ciertos y determinados funcionarios. Sabrá el denunciante, con toda la responsabilidad que acarrea hacer una denuncia, cuáles son los pormenores que tiene para sustentarla".El caso, que podría ser grave porque la denuncia la hace el tesorero municipal, no tiene antecedentes en la historia reciente de la municipalidad y causó conmoción política el jueves cuando trascendió la información del allanamiento. "Como los hechos se desconocen no puedo aseverar que esto sea grave, pero recuerdo que los allanamientos no son exclusivos de esta gestión. Ya ha habido estos hechos que han terminado en la justicia. No es que lo minimice de un modo extremo porque toda denuncia requiere atención pero si estamos denunciando desprolijidades administrativas, muchas veces no son delito. No todo error o negligencia puede ser constitutivo de un delito, máxime en el caso de la administración pública donde se exige un dolo directo. Lo que llama la atención es que si se trata de hechos pasados, se denuncien en este momento y no antes".Matorras admitió el impacto negativo de la noticia en la opinión pública. "Indudablemente sabemos que la función pública tiene estas cosas. Cuando se representan intereses ciudadanos todo tiene una repercusión mayor pero la tranquilidad de conciencia es lo que debe presidir los actos de vida", agregó.-¿Usted pone las manos en el fuego por los funcionarios, desde el intendente para abajo, que no cometieron ninguna irregularidad?Indudablemente. Si hubiéramos cometido un delito tendría que ser pasible de una denuncia. Considero que todos los funcionarios estamos desempeñando las funciones desde la honestidad y con lo que humanamente nos corresponde hacer. Dentro de ese ámbito de moralidad y de ese hábito de juridicidad y respeto por las normas legales nos estamos manejando. Erro: "no fue algo bochornoso"Horas después de concretado el procedimiento judicial en calle 3 de Febrero, el intendente Luis Erro habló con Radio La Voz y confirmó la noticia, revelando la investigación de 'ciertas irregularidades' en la municipalidad. Esto dijo:-"En la municipalidad, hicimos varios cambios funcionales. Uno de ellos fue remover el Tesorero, y el que está, es interino, y fue designado de forma irregular, desde el año 2003, por el ex intendente Jodor. Quedó en el cargo de su padre, pero sin acuerdo del Concejo"."Por ese motivo, en una decisión del Ejecutivo, se decidió cambiarlo, porque tenemos todo el derecho de hacerlo, lo cual generó un recurso de él, al que no le dimos lugar, y una medida en queja al HCD, el cual, excediéndose en sus facultades, nos aconsejó hacer una terna y que la integre este joven"."Todo esto nos genera un malestar, porque nuestro letrado dijo al Concejo que no era facultad suya. Ante esto, el Tesorero efectúa una denuncia, presumiendo ciertas irregularidades en la municipalidad. Pero no se sabe de qué tipo, porque la gente que allanó no nos supo explicar"."Es como si ustedes tuvieran la idea de despedir a alguien, y esa persona fuera a la Justicia. Pero más allá de eso, nosotros estamos tranquilos, no fue algo bochornoso ni nada por el estilo. No es una circunstancia de mayor relevancia". De la denuncia, poco y nada¿En qué consiste la denuncia de Estapé? Se sabe poco y nada por el hermetismo de los involucrados. De todas maneras trascendió que el ex tesorero (que estaba en el cargo desde diciembre de 2.003 y llevaba más de 20 años en el área) habría denunciado presuntas irregularidades en el manejo de los fondos, al menos en una decena de circunstancias.Todos los hechos, que Estapé le pide a la justicia que investigue, se centrarían en el mes de diciembre pasado y habrían sido determinantes para que el intendente resolviera su desplazamiento del cargo. Bastó que el ex funcionario alertara sobre manejos poco claros para que se desatara una persecución en su contra, que terminó con su eyección de la tesorería.Los delitos, en los que podría desembocar la investigación si prueban los hechos, podrían enmarcar en la Malversación de Fondos Públicos e Incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de la malversación, está contemplada en los artículos 260 al 264 del Código Penal y el Incumplimiento lo contempla el artículo 113 de la Ley 3001 (de Municipios). La malversación tiene penas que van desde la multa e inhabilitación hasta la prisión por 10 años en caso de ser comprobada. El incumplimiento de los deberes de funcionario público, tiene penas más leves pero podría terminar, por ejemplo, con la destitución del propio intendente si fuera comprobado.La trascendencia de la noticia, provocó revuelo el jueves en la municipalidad y en los mentideros políticos de la ciudad de Gualeguay. La denuncia de Estapé estuvo precedida por el enésimo entredicho entre el DEM y el Concejo Deliberante, que le pidió que eleve una terna para regularizar definitivamente la situación de la Tesorería. La respuesta del oficialismo fue tajante: Matorras amenazó con denunciar a los concejales por extralimitarse en sus funciones.Si la denuncia prospera, podrían desfilar por tribunales buena parte de los funcionarios de primera línea de la municipalidad, incluido el propio jefe comunal y empleados del municipio. También particulares que podrían verse involucrados en algunos de los hechos.