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Fuerte malestar de productores y entidades del campo por un fallo de la Justicia

Dirigentes de entidades ligadas al campo y productores expresaron su enojo y disconformidad con el fallo del Juez de Garantías, Tobías Podestá, quien dejó en libertad a cuatro personas que tenían prisión domiciliaria por un hecho de abigeato agravado en la zona rural de Perdices.

Por Fabián Miró

El hecho fue desbaratado por integrantes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristian Graciani, y Subcomisario Sergio Vacari de la Brigada de Perdices.

El pasado 3 de septiembre, el Juez Podestá, tras escuchar la solicitud del Dr. Gazali -abogado de la defensa-, quien pidió requerimiento de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de la figura de Abigeato Doblemente Agravado, solicitud a la cual adhirió el Dr. Raúl Jurado, defensor técnico de los otros dos imputados, fijó un cuarto intermedio resolviendo la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, pasando la misma de 4 años a 3 años de prisión, además del otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados. Además, el magistrado aceptó el monto de 20 mil pesos por cada uno de los imputados, pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de 10 mil pesos en favor de la parte damnificada, como reparación del daño causado, a quien se deberá notificar, con el objeto de que manifieste si acepta o no la reparación ofrecida, además de una serie de medidas cautelares.

La fiscal Martina Cedrés, entrevistada por ElDía, manifestó que presentó “un recurso de apelación contra la resolución del 3 de septiembre, pidiendo que se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena y por ende el otorgamiento a dos de los imputados de la suspensión de juicio a prueba y se reenvíen las actuaciones a la instancia de procedencia, a fin de que se continúe con la audiencia de elevación de la causa a juicio, en el marco de la escala prevista para los delitos por los que se los acusa”.

Cedrés dijo que “la resolución del Juzgado sobre la inconstitucionalidad, a mi modo de ver se dictó sin fundamentos y de manera arbitraria, otorgando una probation, que está mal efectuada, por lo que tenemos que tener una etapa de audiencia en Gualeguay en una situación que no está firme”. Manifestó también que no se sabe cuándo será la audiencia, pero que “el recurso de apelación llegó y que seguramente cuando tengan la fecha me notificarán”. También destacó que “nosotros tenemos muchas personas en libertad, lo cual no significa que no vayan a ir a juicio. Quiero dejar en claro que no está firme la resolución del juez Tobías Podestá respecto de la inconstitucionalidad del mínimo y el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba”.

La Fiscal recordó que “los cuatro imputados estaban detenidos con prisión domiciliaria hasta la audiencia de remisión a juicio el 31 de agosto, quedando todos en libertad, sujetos a una serie de medidas, como la prohibición de acercamiento a la víctima, fijación de domicilio. A dos de ellos se elevó la causa a juicio al tribunal y los otros dos se les otorgó la probation”.

Finalmente, Cedrés indicó que “con los dos primeros acusados, la causa va a juicio. En tanto, los dos restantes, con la resolución apelada, hay que ver que dice la Cámara de Gualeguay. Si resuelve que la decisión del Juez Podestá no fue fundada y arbitraria, haremos la elevación a juicio por los dos restantes y en consecuencia el juicio será a los cuatro implicados”.

La voz de los productores

Tomás, integrante de la familia damnificado, dijo que “a diferencia de otros casos de abigeato de los que fuimos víctimas, esta vez se dio con los culpables, teniendo la Justicia la oportunidad de actuar con todo el rigor de la ley. Cuenta con todas las evidencias, gracias a un trabajo impecable de la Policía”.

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A su vez, Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, remarcó que “la Policía pese a la escasez de recursos, actuó con mucho profesionalismo y eficiencia, mientras que la Fiscalía pese a la cantidad de causas, está trabajando muy bien. Que un juez interprete, a pedido del abogado defensor, que la pena de 4 años es excesiva y por lo tanto inconstitucional, es inclinar la balanza a favor de quienes delinquen. Y si son tan legalistas, deberían cumplir con la ley. Y si la vamos a interpretar, también lo podemos hacer nosotros que somos ciudadanos de a pie y como tales entendemos que aquel que delinquió tiene que estar preso. Es más, si fuera por nosotros, aunque sea un día”.

Dalcol recordó que “uno de los implicados estuvo 10 años prófugo de la justicia por un delito similar, pero por una cuestión técnica-legal, el Juez no podría tomarlo como antecedente. Ahora si nos vamos a basar en estos tecnicismos, aplicamos los mismos cuando nos conviene interpretar la ley. Si al Juez Podestá el daño que ocurrió le parece poco, le recuerdo que se trataba de cuatro personas con armas de fuego, en horas de la noche, en el medio del campo, robando en donde se encontraba una mujer sola. Qué más quieren para que una persona sea condenada y vaya a prisión, es necesario que la propietaria sea reducida, atada o que le peguen un balazo a un productor. Qué más es lo que necesita la Justicia para proceder en estos casos”.

Por otra parte, José Colombatto, presidente de Farer, dijo que “volvemos a la puerta giratoria de la Justicia que venimos denunciando desde hace un tiempo. Pareciera que la misma está a favor del delincuente y no de la gente que quiere trabajar, salir adelante y que quiere otro tipo de país. Lamentablemente esto viene de larga data y desde Farer venimos denunciando que los legisladores son los que tienen la llave para cambiar las leyes, porque el delito de abigeato es prácticamente excarcelable. Un delito que cada vez es más común y los políticos no hacen nada para que se implementen leyes más duras y brindarle más herramientas a la Justicia. En el caso de la Policía que los detiene, también ve cómo funciona la puerta giratoria. Se necesita una decisión política que es la de que en el Código Penal el abigeato debería ser contemplado de otra manera”.

Matías Martiarena, vicepresidente del Distrito 3 de Federación Agraria, dijo que “la entidad ha pedido en reiteradas oportunidades que la Justicia tenga una fiscalía específica de delito de abigeato, teniendo en cuenta que uno de estos casos cae en una fiscalía, el fiscal tiene mil problemas que no tienen que ver con el caso específico de abigeato y el tratamiento que el delito merece”.

Sostuvo que “si en la provincia hubiera una fiscalía específica, estas cuestiones judiciales no pasarían y estas cuatro personas que detuvieron con tres novillos faenados y que tiraron un arma que al otro día encontró la Policía, estarían detenidos y sometidos juicio, no suelto como andan ahora”.

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