Fumigaciones: “El poder económico está detrás del problema ambiental y es maligno”

Autoridades de educación, junto a ambientalistas y docentes, realizaron una jornada para abordar la problemática de las fumigaciones en cercanías a escuelas rurales. Acordaron desarrollar un protocolo sencillo y práctico para denunciar y actuar. Hicieron hincapié en la necesidad de prevenir. Mónica Farabello  En la mañana de ayer, se realizó una jornada informativa sobre fumigaciones aéreas y terrestres en las inmediaciones de las escuelas rurales. El encuentro fue organizado y convocado por el Consejo General de Educación y contó con la participación del Ministro de Educación, José Eduardo Lauritto, el legista Eduardo García Jurado, la directora Departamental de Escuelas, Marta Landó y el Vocal del CGE, Héctor De la Fuente. Lo importante: Armar un protocoloEl problema es profundamente conocido por todos los docentes de la provincia de Entre Ríos. A pesar de que existe una legislación, la misma no se aplica y no se respeta.En los hechos, los fumigadores lo siguen haciendo en días de viento, sin avisar previamente a las instituciones escolares y hasta sin respetar los metros de distancia pre acordados.Este panorama se repite en todas las escuelas rurales del Departamento, con el agravante que algunos docentes ya sufren las consecuencias en su salud, tal es el caso de Estela Lemes, a quien se le detectaron agrotóxicos en sangre.El Ministro de Educación expresó que "no es sencillo tener un protocolo que permita ser eficaz en la prevención de estos casos. El punto está en que si vas a fumigar ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que este es el tema" y aclaró que "buscamos terminar en un protocolo de actuación, pero en un protocolo de actuación que sea práctico y concreto y que consulte la realidad donde está cada uno".Otro de los puntos tratados fue la autoridad de aplicación. Actualmente, la encargada es la Policía, pero ¿qué pasa cuando no cuentan con vehículos para acercarse a la escuela fumigada o cuando no hay sanciones para quienes ya cometieron el delito ambiental? La prevenciónLauritto escuchó las experiencias de los diferentes docentes y coincidieron en que uno de los puntos fundamentales es la prevención. "Lo que queremos es que el hecho no ocurra. Es nuestra decisión llegar lo más rápidamente posible a un protocolo que nos permita actuar donde tengamos que articular los organismos de acuerdo a nuestra realidad geográfica y donde podamos intervenir", expresó el Ministro.Asimismo, indicó que su preocupación es "la imposibilidad legal que tiene cualquier organismo del Estado para actuar como querellante particular en cada causa. Si actúa un acusador público que representa los intereses de la sociedad. Son cuestiones técnicas para cambiar esta lógica de impunidad". "Queremos una ley práctica"Eduardo García Jurado participó del encuentro en calidad de miembro de la mesa de Escuelas Agrotóxicos de Gualeguaychú. Opinó que "el tema no es la legislación. El Senado está discutiendo por una mejor legislación mientras la legislación provincial que está no se aplica. Entonces, no soñemos con una ley con más requisitos que se va a aplicar menos que la actual ley. El poder económico que está detrás del problema ambiental es dañino y por qué no decir, maligno. Porque el interés es el capital, el interés es el dinero. Entonces para afrontar ese monstruo lo tenemos que afrontar entre todos", sostuvo García Jurado.Asimismo, coincidió en la que la necesidad está en la prevención y en la conformación de un protocolo de actuación sencillo y eficaz, donde se involucre no sólo la Policía, sino también diferentes instituciones y áreas del Estado. Este protocolo será diseñado y puesto a consideración en los próximos días. Un caso testigoEl ex Juez citó un caso ejemplo respecto al impacto de las fumigaciones en escuelas rurales. "Lo veo a Knetemann, compañero docente, militante por los derechos ambientales y víctima de los derechos ambientales. Él lo único que quería, era que se aplicara la vieja ley provincial".El docente fue víctima de las fumigaciones y una ley que nunca se aplicó. Por este motivo, García Jurado pidió por una legislación práctica y aplicable en la realidad. En este sentido dijo que hay solo cinco inspectores en toda la provincia, y alertó sobre la necesidad de aumentar el número a nivel provincial.