Gualeguaychú se prepara para el juicio al curandero acusado por abuso de menores

Es un caso que se destapó en 2013 en Villa Paranacito. Las víctimas son dos niñas que al momento de los hechos tenían 9 y 12 años, hijas de una mujer que habría mantenido una relación sentimental con el imputado Juan Carlos Flores, un conocido curandero que trabajaba en Islas. La mujer las llevaba para que 'las curara'.La fecha de inicio del debate es el próximo 25 de abril y será materia del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, que estará compuesto por Arturo Dumón, Alicia Vivian y el uruguayense Mariano Martínez, determinar la culpabilidad de la madre de las menores y de Flores, que están acusados de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (con acceso carnal y abuso sexual simple con acceso carnal reiterados).El supuesto caso de abuso de las dos menores sacudió a la opinión pública de Villa Paranacito porque trascendió rápidamente una vez que fue detectado.  Las niñas contaron sus pesares en la escuela a donde concurrían y a partir de allí, el cuerpo docente radicó la denuncia que comenzó investigando el fiscal auxiliar de Islas del Ibicuy, Pablo Obaid, y que por la naturaleza del hecho, pasó a manos de los fiscales de Gualeguaychú, Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán.El hombre de poco más de 60 años fue detenido inmediatamente  a pedido de la Fiscalía y trasladado a Gualeguaychú, donde permaneció alojado en la Jefatura con 30 días de prisión preventiva.El principal acusado se abstuvo de declarar en la indagatoria por recomendación del defensor público Pablo Ledesma, que también lo representará en el juicio. Mientras todo esto ocurría, el Fiscal en Islas del Ibicuy tomó declaración testimonial a varias personas que habrían complicado la situación de ambos imputados.En un principio, el abogado de la madre de las víctimas iba a ser Pablo Di Lollo, pero por desacuerdos en la estrategia se alejó y es muy posible que la defensa de la mujer también recaiga en el defensor oficial. Tanto el hombre como la mujer afrontan una imputación que prevé penas que van de los 8 a los 20 años.Luego de conocido el caso, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf) tomó intervención y dejó el cuidado de las víctimas en manos de su padre, que también actuó como denunciante del hecho.