¿Hacia dónde va Gualeguaychú con esta matriz de gasto público?
El proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo municipal para el ejercicio 2011 contempla un total 126,2 millones de pesos, de los cuales 72,1 millones (57,1%) estarán destinados a gasto en personal. Si a eso le sumamos 54 millones (42,8%) previstos para financiar el funcionamiento del aparato estatal, transferencias y pago de deudas, el municipio prácticamente no dispondrá de recursos para financiar obras de infraestructura que tanto necesita la ciudad para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de los vecinos.Patricio Giusto y Pablo Lapalma*Opinión
Por otra parte, es preocupante que sólo el 50,1% de esos 126,2 millones estarán financiados por los contribuyentes locales. El resto de los recursos provendrán de coparticipación provincial (15,7%) y nacional (34,2%). Es sabido que, pese a lo que establecen las normas, en Argentina los recursos girados desde los niveles jurisdiccionales superiores son cada vez menores y no descienden en forma automática, dependiendo en gran parte del alineamiento político de los intendentes de turno.Más allá de la reforma que se debe nuestro país en materia de federalismo fiscal, consideramos fundamental que Gualeguaychú revierta la tendencia de gasto público en la cual está inmersa, con cada vez menos autonomía respecto a la Provincia y la Nación y, a su vez, cada vez menos recursos genuinos para financiar obras públicas.¿Quiénes van a pagar la cuenta cuando, ante circunstancias adversas, escaseen los recursos para seguir solventando estos niveles de gasto? Lamentablemente, todo indica que serán los mismos de siempre: Los vecinos que seguirán abonando sus impuestos y no podrán ver plasmados en obras sus aportes.En línea con lo que hemos venido expresando en artículos anteriores, consideramos que nuestro municipio necesita una reforma integral en lo que respecta a empleo público, lo cual de ningún modo es sinónimo de "ajuste" o "recorte", términos tristemente popularizados durante la década de los 90'. Calidad y cantidadSucede que el problema no es sólo de cantidad, sino también de calidad. En cuanto a lo primero, los números crudos marcan que se gasta mucho en personal y que la planta se ha sobredimensionado en los últimos años, con el agravante de numerosos trabajadores desempeñándose en condiciones de contratación marginales.Respecto a la calidad, aparte de la necesidad de ir regularizando gradualmente la estructura organizacional con criterios de racionalidad y sustentabilidad, ante todo hay que avanzar hacia una política global de recursos humanos, donde la cuestión salarial esté atada a la evaluación del desempeño de los empleados y la idoneidad y el mérito sean requisitos fundamentales para el ingreso a la administración.Un modelo a seguir puede ser el de Uruguay, donde el Presidente José "Pepe" Mujica tiene previsto implementar el "Programa de Remuneración por Resultados" para los trabajadores de la administración pública, quienes cobrarán sus sueldos en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Es realmente interesante el caso de Mujica: Durante su juventud intentó infructuosamente hacer la revolución con las armas y por fuera del Estado, mientras que ahora, ya anciano y Presidente consagrado por el voto popular, parece haber comprendido que las verdaderas revoluciones se hacen con políticas innovadoras en el marco de las instituciones democráticas.Y en cuanto a la "Justicia Social", ese ideal tan deseable que tanto pregonan sindicalistas y políticos de raigambre peronista a la hora de hablar de aumentos salariales, nos preguntamos: ¿qué mejor forma de hacer Justicia Social que optimizando el uso de los recursos que financian los contribuyentes, en función del bien común? O, expresado en otros términos, llama la atención que en Gualeguaychú sí haya Justicia Social para darle un segundo aumento salarial en lo que va del año a los empleados municipales pero no haya recursos para, por ejemplo, el Hogar de Ancianos; entidad que ante el abandono del Estado es sostenida por el aporte comunitario.Está claro que mientras nuestros dirigentes no se decidan a afrontar el problema estructural de la composición y criterios del gasto público será inviable pensar en un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo para Gualeguaychú. Si todo sigue igual, nos encaminamos al estancamiento económico y social de la ciudad, algo que ya se palpa en factores como el aumento de la inseguridad y el crecimiento de los asentamientos precarios.De todas formas, no perdemos la esperanza de que durante la campaña electoral que se avecina los partidos políticos aprovechen la oportunidad de debatir este tema de cara a los ciudadanos que, cabe recordar, son quienes cargan cada día sobre sus espaldas el peso del gasto público. * Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública
Por otra parte, es preocupante que sólo el 50,1% de esos 126,2 millones estarán financiados por los contribuyentes locales. El resto de los recursos provendrán de coparticipación provincial (15,7%) y nacional (34,2%). Es sabido que, pese a lo que establecen las normas, en Argentina los recursos girados desde los niveles jurisdiccionales superiores son cada vez menores y no descienden en forma automática, dependiendo en gran parte del alineamiento político de los intendentes de turno.Más allá de la reforma que se debe nuestro país en materia de federalismo fiscal, consideramos fundamental que Gualeguaychú revierta la tendencia de gasto público en la cual está inmersa, con cada vez menos autonomía respecto a la Provincia y la Nación y, a su vez, cada vez menos recursos genuinos para financiar obras públicas.¿Quiénes van a pagar la cuenta cuando, ante circunstancias adversas, escaseen los recursos para seguir solventando estos niveles de gasto? Lamentablemente, todo indica que serán los mismos de siempre: Los vecinos que seguirán abonando sus impuestos y no podrán ver plasmados en obras sus aportes.En línea con lo que hemos venido expresando en artículos anteriores, consideramos que nuestro municipio necesita una reforma integral en lo que respecta a empleo público, lo cual de ningún modo es sinónimo de "ajuste" o "recorte", términos tristemente popularizados durante la década de los 90'. Calidad y cantidadSucede que el problema no es sólo de cantidad, sino también de calidad. En cuanto a lo primero, los números crudos marcan que se gasta mucho en personal y que la planta se ha sobredimensionado en los últimos años, con el agravante de numerosos trabajadores desempeñándose en condiciones de contratación marginales.Respecto a la calidad, aparte de la necesidad de ir regularizando gradualmente la estructura organizacional con criterios de racionalidad y sustentabilidad, ante todo hay que avanzar hacia una política global de recursos humanos, donde la cuestión salarial esté atada a la evaluación del desempeño de los empleados y la idoneidad y el mérito sean requisitos fundamentales para el ingreso a la administración.Un modelo a seguir puede ser el de Uruguay, donde el Presidente José "Pepe" Mujica tiene previsto implementar el "Programa de Remuneración por Resultados" para los trabajadores de la administración pública, quienes cobrarán sus sueldos en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Es realmente interesante el caso de Mujica: Durante su juventud intentó infructuosamente hacer la revolución con las armas y por fuera del Estado, mientras que ahora, ya anciano y Presidente consagrado por el voto popular, parece haber comprendido que las verdaderas revoluciones se hacen con políticas innovadoras en el marco de las instituciones democráticas.Y en cuanto a la "Justicia Social", ese ideal tan deseable que tanto pregonan sindicalistas y políticos de raigambre peronista a la hora de hablar de aumentos salariales, nos preguntamos: ¿qué mejor forma de hacer Justicia Social que optimizando el uso de los recursos que financian los contribuyentes, en función del bien común? O, expresado en otros términos, llama la atención que en Gualeguaychú sí haya Justicia Social para darle un segundo aumento salarial en lo que va del año a los empleados municipales pero no haya recursos para, por ejemplo, el Hogar de Ancianos; entidad que ante el abandono del Estado es sostenida por el aporte comunitario.Está claro que mientras nuestros dirigentes no se decidan a afrontar el problema estructural de la composición y criterios del gasto público será inviable pensar en un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo para Gualeguaychú. Si todo sigue igual, nos encaminamos al estancamiento económico y social de la ciudad, algo que ya se palpa en factores como el aumento de la inseguridad y el crecimiento de los asentamientos precarios.De todas formas, no perdemos la esperanza de que durante la campaña electoral que se avecina los partidos políticos aprovechen la oportunidad de debatir este tema de cara a los ciudadanos que, cabe recordar, son quienes cargan cada día sobre sus espaldas el peso del gasto público. * Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública
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