La Corte Suprema le exigió en duros términos al Consejo de la Magistratura la cobertura de las vacantes en la Justicia Federal. En Entre Ríos hay un 25 por ciento de cargos vacantes, entre los juzgados no habilitados y los tribunales, según un relevamiento de Página Judicial. Sin embargo, el reclamo más fuerte es por la habilitación del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.Si bien ya se conocieron los nombres de los tres abogados que ganaron el concurso para tomar el cargo de Juez Federal en el esperado y futuro Juzgado que funcionaría en el edificio del Correo, aún resta que finalice el proceso de impugnación y que se eleve al Poder Judicial de la Nación los pliegos de los tres concursantes para que sea aprobado y nombrado uno de ellos.En esta situación hay varios juzgados en distintos puntos del país, inclusive en nuestra provincia, donde ocurre algo similar con los propuestos en Victoria y Concordia. Pero ahora se conoció el fuerte reclamo que le realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura por la habilitación del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.En un informe que realizó el periodista Juan Cruz Varela para Página Judicial, se destaca que a la Corte Suprema le "preocupa la cantidad de vacantes existentes" porque "afecta severamente el normal funcionamiento de los tribunales".Para ponerlo en números: los tribunales federales de todo el país tienen 992 jueces, pero hay 324 cargos vacantes, es decir, el 32,7 por ciento. "Esas vacantes afectan el funcionamiento de la Justicia", dice la Corte Suprema. Entre Ríos está apenas por debajo de esa media: hay 4 vacantes sobre 16 jueces federales, el 25 por ciento, aunque con la salvedad de que hay un tribunal con sus jueces designados pero que no están en funciones y tres juzgados todavía no habilitados.La queja de la Corte Suprema exhibe la ineficiencia del Consejo de la Magistratura a la hora de hacer los concursos. En rigor, el organismo, creado en 1998, nunca fue expeditivo en esa tarea, y por eso los presidentes de las cámaras federales desde hace años vienen reclamando la cobertura de cargos donde actualmente se desempeñan jueces subrogantes porque eso implica que haya magistrados trabajando en más de un cargo.Un dato que revela cómo la mayor demora en la cobertura de cargos vacantes se concentra en el Consejo de la Magistratura es que actualmente tiene en trámite 218 concursos, incluyendo la cobertura de cargos de juez de Victoria, Concordia y Gualeguaychú, y también el de camarista federal, cada uno con distinto grado de avance.El caso del Juzgado Federal de Victoria es escandaloso: está operativo pero no habilitado, es decir, un fiscal instruye causas que tramitan en el Juzgado Federal de Paraná; y un informe revela que se han invertido más de 2 millones de pesos para la refacción y alquiler del inmueble donde funcionará la nueva estructura, ello a pesar de que la Municipalidad donó un terreno para construir el edificio propio. La paja en el ojo ajenoEl Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay se creó en 2008, buscando un cierto equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas. El año pasado fueron designados los jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias; y antes habían sido nombrados Estela Fabiana León como fiscal y Julieta Elizalde como defensora. Sin embargo, no hay noticias sobre su habilitación.Hace unos meses, en ocasión de una visita de la consejera Adriana Donato, funcionarios judiciales y las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos le plantearon la necesidad de poner en funcionamiento la nueva estructura y le reclamaron, para eso, el alquiler de un inmueble hasta tanto se concrete la remodelación integral del edificio donde funcionará definitivamente, para adecuarlo a las necesidades del tribunal oral, tal como lo prevé el presupuesto anual del Consejo de la Magistratura.Tras la designación de los jueces, los integrantes del tribunal oral de Paraná solicitaron "la urgente necesidad de que se suministre, a la mayor brevedad posible, las herramientas económicas y humanas necesarias para el funcionamiento" de la nueva estructura "en atención al cúmulo de causas en esa jurisdicción".Los números avalan las quejas: el Tribunal Oral Federal de Paraná dictó el año pasado 79 sentencias definitivas, de las cuales 22 fueron por juicios orales, es decir, el 28 por ciento; y se hicieron 72 juicios por delitos de narcotráfico. Del total de sentencias, 36 se originaron en la jurisdicción del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, lo que hace un 45,5 por ciento, según consta en un informe al que accedió Página Judicial.También el fiscal José Ignacio Candioti se sumó al reclamo: "No puede haber en la provincia un solo órgano de juzgamiento para los delitos federales en materia criminal, al que ven a parar todas las causas de narcotráfico, que cada vez son más y más complejas; trata de personas, contrabando, lesa humanidad, delitos tributarios; sumado a las causas de ejecución, es decir, todos los trámites relativos a las salidas transitorias, libertades asistidas, condicionales y demás cuestiones relativas a los condenados", manifestó.
