Historia para ser contada

¿Estamos los entrerrianos en condiciones de crear y consolidar un banco del Estado provincial? Es la pregunta que asalta a más de uno por estos días, a partir de un proyecto  presentado por la diputada Ana D'Angelo (GEN).Por Mario Alarcón MuñizEspecialLa iniciativa se está analizando en comisión y es probable que su tratamiento por parte de la Cámara sea agendado para fines de este mes o principios de agosto.Ya hubo una primera decisión hace tres años en la convención reformadora de la Constitución Provincial. Aunque varios convencionales allí presentes habían impulsado o respaldado catorce años antes la privatización del Banco de Entre Ríos, nadie se ruborizó al votar el artículo 74: "El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social". El proyectoEl diseño transcripto es perfecto. En él se apoyó D'Angelo para proponer la creación de la nueva entidad. Pensó entonces en una sociedad de economía mixta con mayoría estatal y participación privada que realizará las operaciones bancarias normales; promoverá el desarrollo agropecuario, industrial, comercial, turístico, minero y de servicios; organizará préstamos hipotecarios para viviendas rurales y urbanas; fomentará la colonización agraria; asistirá a las cooperativas; impulsará la exportación y será agente financiero del Estado.Según el proyecto la nueva entidad girará con un capital de 200 millones de pesos. El aporte estatal provendrá de un porcentaje de los beneficios de Salto Grande y del patrimonio fiscal de la tarjeta Sidecreer. La gobernará un directorio con un presidente y dos directores designados por el Estado, dos directores del capital privado y dos síndicos, uno por cada parte.La organización del banco se realizará en forma paulatina para concluir en 2015, cuando caduque el actual convenio que otorga al Nuevo Bersa el carácter de agente financiero del Estado. Ascenso y caída Mientras tanto, la memoria nos sitúa en 1933: el gobernador Etchevehere funda el Banco de Entre Ríos, primero sociedad anónima, más tarde empresa de economía mixta. Creció de una manera notable, todos lo sabemos, hasta que en 1984 el gobierno estatizó el banco absorbiendo el capital de 29.000 accionistas. La idea fue de Montiel, pero en la Legislatura se la votó por unanimidad, de modo que ningún sector político puede hacerse el desentendido. Lo cierto es que ahí comenzó la caída del banco acentuada en el período siguiente a cargo de Busti.Durante el gobierno de Moine recrudecieron los errores. Cobró fama la letra 004 por 25 millones de dólares, supuestamente tramitada en los Estados Unidos, que financistas afronorteamericanos pretendieron cobrarle al BER. Entonces sobrevino la privatización alentada desde la Casa Rosada por Menem y Cavallo. El poder central cercó a los bancos provinciales de todas formas. Algunos lograron zafar -el de Buenos Aires entre ellos-, pero el nuestro terminó poco menos que regalado. Primero se lo convirtió en sociedad anónima en 1993. Luego se licitó el 60% del paquete accionario. En sólo 24 horas ambas cámaras de la Legislatura votaron ese porcentaje de privatización, aprobado en la madrugada del 7 de octubre de 1994. Juegos perjudicialesDos bancos cooperativos -el BIC y el Coopereste- accedieron a la propiedad del BER el 1 de enero de 1995 pagando 15 millones de pesos (o dólares). Ni siquiera el edificio de la casa central. El resto del patrimonio, la operatoria y los antecedentes formaron parte del obsequio para constituir el Bersa. Apenas 45 días después, en forma unilateral, la mayoría accionaria dispuso duplicar el capital, que sin consultar al socio (gobierno provincial) se elevó a 50 millones de pesos. Mediante esta acción la Provincia redujo su participación accionaria del 40% inicial al 20% en un santiamén. Los legisladores se enteraron por los diarios, cuando el entonces presidente del Banco Central, Roque Fernández, llegó a Paraná para respaldar el anuncio del sector privado.No pararon ahí las maniobras en perjuicio de los entrerrianos. En 1996 (el 28 de junio, apenas un año y medio después de la privatización), el Bersa le transfirió al Estado una cartera de 43 millones de pesos (o dólares), cobrables e incobrables. Eran 250 deudores normales y 750 en juicio. Es fácil deducir quiénes se hicieron cargo del mayor peso de ese fardo: usted y yo. Todavía lo estamos pagando.En 1999 el paquete accionario fue vendido al Banco Bisel, representante del Credit Agricole de Francia. Los nuevos dueños no aguantaron el chubasco de 2001 y se fueron sin despedirse. El Banco de la Nación se hizo cargo de la situación hasta 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner lo licitó a favor del grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi, amigo del ex Presidente y propietario a la vez de los ex bancos provinciales de Santa Cruz, San Juan y Santa Fe, además de YPF.El Nuevo Bersa es agente financiero del Estado. De ida y de vuelta pasa por sus arcas toda  la plata de los entrerrianos que mensualmente le estamos pagando por esa gauchada un canon superior a los cuatro millones de pesos. En 2010 nos costó 42.757.836 pesos. Y sigue prestándonos un servicio deficiente, lento, incómodo, amarrete, irrespetuoso y caro que a diario padece cada uno de los contribuyentes, usuarios, clientes o como se les quiera llamar.Pensar en un banco estatal es un desafío tan serio como necesario. Claro que la experiencia no es buena, según hemos visto. Pero puede servir para evitar repeticiones y crear una institución que sirva a los entrerrianos y al progreso provincial.