Humedales: Todo sigue igual de mal

Luciano Peralta 

“Todo sigue igual, todo sigue igual de bien”, dice Viejas Locas en una de sus canciones más populares. Por acá, en el tema humedales, parecer ser todo lo contrario: todo sigue igual de mal. A pesar de la visibilización que, a fuerza de organización y trabajo por parte de los espacios ambientalistas, ha logrado el tema en los últimos años, seguimos sin ley y, consecuentemente, los humedales siguen desapareciendo, total o parcialmente.  

Aclaro algo: Si espera algún dato novedoso en estas líneas, le adelanto, para que no pierda su tiempo, que no lo encontrará. Al menos en el aspecto legislativo.

A pesar de los movimientos que, en noviembre pasado, el tema generó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, sigue sin haber acuerdo, ya no entre las fuerzas mayoritarias (PJ y Cambiemos, sus tantos nombres de fantasía y aliados), sino dentro de cada frente. 

Pero, al menos, que la ocasión sirva para seguir abonando a la conciencia de las y los ciudadanos de a pie. Esos que no ocupan lugares de toma de decisiones en la gran política, ni son parte de la elite dueña de campos, multinacionales mineras o inmobiliarias que hacen negocios a costos demasiado altos para todos. 

Es en conmemoración del tratado internacional llevado a cabo en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, que cada 2 de febrero se recuerda el Día Mundial de los Humedales. El tratado firmado en esa ocasión es conocido como la Convención de los Humedales, ya que su misión es la de conservar y propiciar el uso racional de estos sistemas ambientales a través de acciones locales y nacionales.

Argentina ratificó dicho acuerdo en 1991, sin embargo, pese a muchas iniciativas legislativas frustradas desde el 2013 a la fecha, esto no ha tenido su correlato en una ley nacional de presupuestos mínimos que ordene, regule y asegure un uso sustentable de los humedales, los cuales ocupan más del 20% del territorio nacional.

Pero, ¿por qué es importante la ley? Una vez más: los beneficios que estos ecosistemas brindan a la sociedad son muy valiosos. Según la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), el 40% de las plantas y animales del mundo se crían o viven en estos ambientes, que, por otro lado, nos proveen de agua, madera, peces y otros alimentos vitales para la subsistencia. 

Además, su capacidad de regular el clima, la erosión de los suelos y las inundaciones, disminuye los riesgos de desastres naturales. Y mitigan las consecuencias del cambio climático, ya que pueden almacenar abundantes cantidades de carbono en su vegetación y en el suelo, evitando, de esta manera, que sea liberado a la atmósfera en forma de CO2. Y, no menos importante, son lugares bellísimos para el disfrute y el desarrollo de actividades turísticas, de investigación y educativas. 

Los humedales -el Delta del Paraná, por ejemplo- son áreas que permanecen de forma intermitente en condiciones de inundación o con sus suelos saturados por el agua durante largos periodos de tiempo. 

En los últimos cincuenta años se han pedido más del 35% de los humedales del mundo y el 25% de las especies que los habitaban. Hoy, muchas de las sobrevivientes están en peligro de extinción. Pero, así y todo, pese a la dimensión del problema, hace casi una década que los proyectos de ley de humedales -todas las fuerzas mayoritarias han presentado alguno- no logran superar el lobby político-empresarial para mantener el estado actual de las cosas. 

El gobierno hizo campaña respaldando la Ley de Humedales, pero ahora son los propios gobernadores del “Norte grande” (Mendoza, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Catamarca)los que se oponen al tratamiento en el Congreso. Una muestra más de una gestión signada por no haber estado a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, la oposición mayoritaria logró, en noviembre pasado, obtener un dictamen de mayoría a su proyecto. Pero con las provincias en contra, una vez más, todo se vuelve a truncar. 

El problema es grave, tanto o más que el de la educación, la pobreza y la falta de horizontes, tan propio entre quienes crecimos en los 90. ¿Seguiremos sin ley también en 2023? Nunca se sabe en política. Pero, y a los hechos me remito, está claro que sólo la organización popular y el respaldo de la sociedad civil podrá volver a crear las condiciones para pasar de las promesas y el debate a la transformación real. Mientras tanto, todo sigue igual de mal.