Impugnaron el proceso de designación de Erica Maragliano y Agustín Sosa a la Defensoría del Pueblo

El 24 de noviembre pasado, el bloque oficialista designó a Andrea Érica Maragliano como la primera Defensora del Pueblo de Gualeguaychú y a Agustín Daniel Sosa como su adjunto. La ordenanza fue acompañada por la totalidad de los presentes en el Concejo Deliberante. Un dato en este sentido: los bloques opositores no bajaron al recinto por considerar irregular y falto de legalidad al proceso de selección, por lo que el oficialismo hizo uso de su mayoría y con nueve votos a favor alcanzó los dos tercios que la ordenanza N°12.709/22 exige. 

Y tal como prometieron los integrantes de Juntos por el Cambio y Gualeguaychú Entre Todos, no se quedaron de brazos cruzados y acudieron a la comisión evaluadora para que la elección quede inválida debido a que no se respetaron los tiempos estipulados por la ordenanza. Este es un paso previo a la judicialización de esta causa.

Es por esto que el abogado Juan Ignacio Weimberg, quien fue uno de los postulantes para ocupar el cargo como Defensor del Pueblo en Gualeguaychú y que ni bien se publicó la lista en donde apareció su nombre recibió una impugnación a su candidatura por parte de grupos feministas, realizó una presentación en la justicia por las irregularidades en los plazos de la convocatoria y en la selección. 

En esta misma línea, el letrado representa a otras dos personas que se vieron perjudicadas en el proceso. Se trata de Inés Angelero y Pedro Mass, quienes no pudieron participar. 

“Los plazos en los procedimiento administrativos se cuentan por días hábiles y lo que decidieron fue computar los días corridos. Entonces esta gente, cuando se fue a presentar, les rechazaron la presentación. Todo esto lleva que a excluir personas con argumentos no adecuados, esas personas sufren un agravio porque se las excluyo de participar”, puntualizó el abogado en declaraciones a Ahora ElDía. 

“Se aprobó el 24 de noviembre con los votos del PJ, pero la ley dice que tenemos 5 días para impugnar esas designaciones. Tampoco respetaron los plazos para que nosotros recurramos, porque el lunes siguiente les tomaron juramento a Maragliano y Sosa, pusieron un cartel en la puerta de la OMIC y listo. Desconfío de las personas que se prestan a esto, sin cumplir con las leyes que ordenan este tipo de procedimientos", denunció.

En tanto, Juan Ignacio Weimberg enfatizó que “se trató de un apuro kirchnerista para poner gente digitada por ellos, lo cual no habla bien de las personas que aceptaron el cargo, porque debían esperar a que el acto quede firme, que no interpongan recurso, pero al día siguiente ya aceptaron”.

Además, Weimberg señaló irregularidades dentro de la mesa evaluadora, ya que el miembro por parte del Ejecutivo (Alfonsina Rodríguez, actual subsecretaria de Gobierno) fue desafectada al ser ella una de las postulantes a ocupar el cargo también. 

“Ella tendría que haber escrito una página y dicho que se encuentra en incompatibilidad, pedir relevo y notificarnos a todos. No nos dijeron eso, y pusieron a Delfina Herlax (actual Secretaria de Hacienda”, destacó.

“Nunca explicaron cómo reemplazaron a Alfonsina Rodríguez, quien también se postuló. Desplazaron a Rodríguez y colocaron a Delfina Herlax por el Ejecutivo, pero no hubo ninguna presentación formal, todo fue un acto de desesperación, de palabra, para designar como defensores a quienes finalmente fueron designados", señaló diciéndole a Ahora ElDía.

“Ahora hay que espera porque tienen 10 días para contactar o guardar silencio. Si guardan silencio se presume que es una negativa, y en ese caso tendremos que ir a la Justicia. Creemos que lo van a declarar nulo al proceso”, adelantó Weimber y explicó que en este caso, se deberá readecuar el proceso para hacerlo legítimo en cuanto a cómo tiene que ser los reemplazos en la junta evaluadora, y establecer cuáles son los tiempos que se deben respetar en cada instancia para volver a convocar de forma pública a quienes quieran ocupar el cargo”, explicó. 

Juan Ignacio Weimberg fue uno de los postulantes para ocupar el cargo como Defensor del Pueblo en Gualeguaychú, y ni bien se publicó la lista en donde apareció su nombre, recibió una impugnación a su candidatura por parte de grupos feministas. 

En este sentido, el abogado redactó en el recurso interpuesto el día lunes que “solicité por escrito a la autoridad que dirigía el trámite —la comisión evaluadora—, que se me corriera traslado para hacer un correcto y amplio ejercicio del derecho de defensa, no solo realizar un descargo sino aportar prueba a mi derecho”. 

"Hubo al menos dos personas que no pudieron participar. En mi caso en particular, que creo que fue lo más irregular, fui impugnado por la presentación de organizaciones sociales y civiles. Debido a esta situación, solicité ejercer mi derecho a réplica ante los argumentos que se manifestaron en contra de mi postulación, pero me negaron esa posibilidad a mi e incluso a quienes me impugnaron. Se comunicó una resolución en el recinto sin escuchar mi respuesta, lo cual incidió directamente en la percepción de mi propuesta de cara a quienes tenían el poder de designar a las personas que ocuparían el cargo", continuó.

"La comisión evaluadora no evaluó a nadie. No hay actas, el control que se hizo fue si cumplíamos con los requisitos, pero eso no tiene nada que ver con evaluar postulantes”, sostuvo Weimberg.