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Indagan a los ex directivos de Central en la causa por administración fraudulenta

Ya declaró el ex presidente Leonardo Abraham y otros tres miembros de la Comisión Directiva que fue apartada de la institución de calle España en mayo de 2012 tras descubrirse el déficit millonario. El Juez Podestá indagará a los once ex dirigentes restantes la semana próxima y luego se decidirán los procesamientos.   Carlos Riera   La causa de Central Entrerriano pasó por todos los estadíos, incluso estuvo a punto de prescribir. A lo largo de los últimos seis años pasaron seis jueces, se designaron tres peritos contables e incluso se realizó la reforma del Código Procesal Penal en el medio. Esta es la última causa que maneja el actual juez de Garantías, Tobías Podestá, de las llamadas “residuales”, aquellas que se iniciaron bajo el anterior sistema de justicia. Durante varios años, socios y simpatizantes de Central Entrerriano siguieron de cerca las vicisitudes de la investigación, esperando conocer la verdad de todo, aunque para más de uno ya todo estaba más claro que el agua. Pero falta que la Justicia se expida sobre lo sucedido bajo la presidencia de Leonardo Abraham. El antiguo juez de Garantías, Mario Figueroa, que actuó como subrogante hasta la llegada de Podestá en agosto, impidió que en mayo pasado la causa prescribiera y cayera en el olvido; y citó a indagatoria para agosto a los  miembros de la Comisión Directiva que encabezó Abraham, pero llegada esa fecha, Podestá que recién asumía, pospuso las indagatorias para noviembre. Fue así que esta semana comenzó el desfile de dirigentes por los Tribunales de Gualeguaychú. Primero lo hizo el ex presidente, Leonardo Abraham, y lo siguió el vocal y también ex presidente Horacio Schaumann. Al día siguiente declararon Jorge Oliva y Esteban Delgado, mientras que la semana próxima continuarán las indagatorias para los once restantes miembros de esa comisión: Roberto Esnaola, Emiliano Rivollier, Emiliano Rodríguez, Juan José Cano, Omar Fernández, José Luis Colombo, Gustavo Heiler, Néstor Majul, Néstor Lapalma, Luís Burgos y Héctor Aleu. En tanto, Andrés Nazer, Egor Fernández y Humberto Lapalma quedarán extinguidos de la acción penal por fallecimiento. Por tratarse de una causa “residual”, los procedimientos judiciales son diferentes a los actuales. Hoy quienes declaran como imputados son formalmente acusados por el delito que se les acusa tras su entrevista con el Fiscal. En el anterior sistema judicial el mecanismo es diferente: los sospechados son llamados a indagatoria y luego de ello el Juez (de Garantías en este caso) decide su procesamiento. Esto es lo que pasará posteriormente, cuando todos los involucrados, sospechados de tener diferentes grados de participación en el delito de administración fraudulenta se presenten ante el juez Tobías Podestá. La causa de Central Entrerriano es una de las más extensas que se han iniciado en los últimos diez años en la jurisdicción de Gualeguaychú, debido a las cajas y cajas de documental que se secuestraron del allanamiento realizado en el club de calle España, como en el estudio contable de su ex presidente. “Son seis cuerpos con expedientes”, indicó una fuente judicial a ElDía. Y toda esta prueba debió ser analizada por una perito que fue designada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos luego de que nadie quisiera hacerse cargo. Tres peritos contables pasaron hasta que Florencia Ara fue nombrada para realizar la “autopsia” contable. Primero pasó una contadora de Concepción del Uruguay que dio sus motivos y se excusó, luego pasó lo mismo con otra contadora de la jurisdicción de Gualeguay, que esgrimió tener mucho trabajo en su ciudad como para hacerse cargo de una causa tan pesada, y por último fue nombrada Diana Rossi, que debió excusarse inmediatamente por ser la esposa de Alejandro Briozzo, el presidente que sucedió a Abraham en Central Entrerriano. Tras ello llegó Ara, que culminó con su análisis a principios de este año. Cuando estalló todo, el Club denunció una deuda de 22 millones de pesos, pero luego se presentó a concurso de acreedores y el número bajó considerablemente a 12,5 millones. Tras el paso por la Justicia, la deuda que finalmente verificó el ex juez Figueroa fue de sólo 3 millones de acreedores honoríficos. Hoy las arcas de la entidad rojinegra están saneadas y el presente es muy diferente al que se conoció en mayo de 2012, pero sus socios reclaman por justicia y que los responsables sean llevados a un juicio que les podría acarrear penas de hasta 6 años de cárcel.  

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