Intimaron a pensionados con discapacidad: “Es un claro ataque a los más vulnerables”

El director  de Integración y Accesibilidad del Municipio, Carlos Arellano, se refirió a las 40 cartas documentos  que intiman, en un plazo de 60 días, a regularizar su situación a pensionados de la ciudad. La Agencia de Discapacidad les exige a las personas con discapacidad que cobran pensiones por invalidez, que actualicen sus datos. Si no lo hacen, amenazan con quitarles el beneficio exigiendo un certificado médico digital que no está implementado en la provincia. El funcionario destacó que esta situación comenzó a hacerse visible hace un "mes y medio", cuando personas con pensión asistencial no contributiva que tiene básicamente que ver con la discapacidad, comenzaron a recibir cartas documentos donde se les exige la presentación de informes médicos, a través de una modalidad que no está reglamentada".  Decisiones que "terminan siendo unilaterales de parte del gobierno nacional, políticas en definitiva que uno no comparte porque se ataca al sector más vulnerable de la sociedad, máxime en un contexto de crisis en donde el trabajo es oro en polvo". Señaló que la "persona con discapacidad es la que menos alternativa tiene y en la mayoría de los casos, por la pensión, es el único ingreso que tiene". Detalló que lo que percibe una persona en esa condición, orilla los "siete mil pesos mensuales, es decir un 70% de la jubilación mínima". Si bien no cuenta con números exactos, indicó que "Gualeguaychú tiene alrededor de 2000 personas con una pensión por discapacidad". Recordó que el año pasado, en el Gobierno Nacional, hubo  cambios y de hecho la "Comisión Nacional de Atenciones dejó de funcionar, pasando todo a la Agencia Nacional de Capacidad que está a cargo de Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación, que de esto evidentemente debería saber". Dijo que es "notable su falta de sensibilidad teniendo en cuenta que se trata de un tema que conoce muy bien". Lo único que se ha hecho desde Nación pasa por "recortes y ajustes permanentes, cuando hay muchas cosas que ajustar antes que la discapacidad".  En cuanto a las 40 personas que recibieron la intimación, más de 30 cuentan con "su correspondiente certificado de discapacidad". Las cartas documentos que la gente acercó a nuestras oficinas advierten que  "las pensiones pueden ser dadas de baja si no se actualiza la información que se solicita". Concretamente un "certificado médico oficial  digital que no está implementado en la provincia, cuestión que hemos hablado  con la gente de la Anses y el Hospital Centenario". "No hay duda alguna que las personas que recibieron esta intimación presentan  cuadros de discapacidad", aseguró y aclaró que está en contra de "todo tipo de desprolijidad, pero se les está pidiendo a las personas un trámite que no pueden realizar, por la sencilla razón que no se ha implementado a nivel país el sistema digital que promueve el gobierno nacional". Aseguró de que el gobierno nacional ha tomado casos testigos, y de esa manera aplicar "todo tipo de ajuste y no de orden". Sobre el caso mencionado por Nación de un pueblo santiagueño en donde se denunciaba una excesiva cantidad de pensiones por invalidez, Arellano señaló que se "trata de una información que hace mucho ruido, potenciando una información que no es verificable.  Para que todo marche sobre rieles, como se anuncia desde las más altas esferas, deberían combinarse con las provincias y municipios  tareas de control por parte de profesionales de medicina". Las pensiones en cuestión no se  han dado de baja  y "estamos peleando para que eso no ocurra". Remarcó que "todo indica que lejos de poner orden en esta situación, lo único que logra el Estado es hacerse más fuerte con los débiles.  Y en el caso de una baja en la prestación, el beneficiario deberá volver a realizar el trámite, el cual demora hasta tres años con la pérdida que eso significa en materia de tratamientos médicos, descuentos en medicamentos y en prótesis". Adelantó que en la semana en curso "haremos una presentación judicial  solicitando la suspensión de la medida". Si hay algo que "arreglar se trabaja, nadie está en contra, pero no la barbaridad de una carta documento, una intimación en donde el pensionado puede quedarse sin percibir su haber  hasta que se normalice su situación a través de un sistema que no está en funcionamiento".