IPG: La Ordenanza que abre el juego a proyectos de inversión privados en conjunto con el Estado

Mientras gran parte de la atención nacional estaba puesta en el Congreso por la insistencia de la Ley de Discapacidad —que finalmente obtuvo un amplio respaldo en el Senado para dejar sin efecto el veto presidencial—, en Gualeguaychú el Concejo Deliberante celebró su sesión ordinaria y aprobó dos ordenanzas de fuerte impacto local, vinculadas al rol del Estado y la participación privada en el desarrollo de la ciudad. Los proyectos fueron presentados por el bloque de La Libertad Avanza y contaron con el acompañamiento de los cinco concejales oficialistas y de los dos radicales, mientras que los cuatro peronistas votaron en contra.

En primer lugar, se aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 27328 de contratos de participación público-privada y a la Ley Provincial Nº 10564. Luego, se transformó en Ordenanza el proyecto denominado “IPG” (Iniciativa Privada Gualeguaychú).

Al respecto, el edil libertario Marcelo Rodríguez expresó a Ahora ElDía: “El proyecto de iniciativa privada se enfoca en recepcionar por parte del Estado, iniciativas de personas físicas, jurídicas o instituciones, las cuales podrán ser financiadas por privados o de forma conjunta con el Estado, si el mismo lo considerase y declarase de interés público, ya que pensamos que es de gran relevancia el trabajo mancomunado por su importancia para Gualeguaychú. Pensamos que es una buena herramienta para incentivar proyectos, los cuales generarán inversiones y puestos de trabajo en la ciudad, lo que sería muy importante en el contexto actual”.

En el texto de la normativa aprobada, especifica que “la Municipalidad establece el Régimen de Iniciativa Privada (IPG), que se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza, con el objeto de canalizar y reglamentar adecuadamente la presentación y sustentación de propuestas integrales, para la realización de proyectos de obras y servicios públicos dentro del ejido municipal”. A su vez, estipula que “la presentación de proyectos bajo el Régimen IPG, será de aplicación a los diversos sistemas de contratación regidos por las Ordenanzas Municipales y Leyes de la Provincia establecidas en el régimen de contratación del estado”.

En otro artículo sostiene que “las obras o servicios a realizarse por los sistemas de contratación establecidos podrán otorgarse por un periodo que justifique la efectiva prestación del servicio o de la obra presentada en el proyecto, pudiéndose establecerse límite de tiempo en la misma. A tal fin, podrá ser considerado para la determinación del plazo, aspectos tales como la duración y/o tasa de retorno sobre la inversión prevista en la iniciativa, garantizando eficiencia social, técnica y económica a partir de la decisión de llevar adelante el emprendimiento y asegurando de este modo su efectiva prestación de acuerdo a los fines y metas reglamentados y preestablecidos por el Estado municipal, los cuales son en beneficio para la ciudadanía”.

Además, detalla que “en caso de construcciones en inmuebles municipales -luego de transcurrido el plazo estipulado en el proyecto para la realización y desarrollo del mismo-, o en caso de cualquier incumplimiento del proyecto original, el Estado municipal podrá disponer de dicho bien, pasando este a ser dominio de la Municipalidad de la Ciudad de San José de Gualeguaychú, -sin derecho a reclamo o compensación alguna-, junto a todas las mejoras de instalaciones muebles e inmuebles efectuadas por el inversor privado necesarias para la explotación y conservaciones de las obras y/o servicios”.

Finalmente, dispone que el Ejecutivo “podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas y proyectos integrales para la celebración de contratos de concesiones de obras, inmuebles, instalaciones e infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación. La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público. La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las bases de la licitación o concurso. En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente, y la iniciativa será puesta a consideración en forma pública para ser mejorada eventualmente por parte de terceros”.

Las críticas de la oposición al proyecto

Desde el bloque de concejales del peronismo cuestionaron que la Ordenanza sancionada “es poco clara” y que no se entiende “qué tipo de inversiones privadas se están buscando”.

“No acompañamos el proyecto porque quienes lo presentaron no lo explicaron en profundidad. Presentamos muchas dudas en las Conjuntas y directamente cortaron el diálogo sometiendo a votación sin dar muchas explicaciones”, manifestó la concejal Delfina Herlax. Y agregó: “Un proyecto era la adhesión a las leyes nacionales y provinciales que reglamentan todo lo que son los contratos de participación público-privada. Entonces, decía que se modificaba la ordenanza de contabilidad vigente de la Municipalidad, agregando un apartado para tener contemplados los contratos con las limitaciones y alcances de la ordenanza que presentaron. Preguntamos cuáles eran los alcances y las limitaciones porque en el otro proyecto no habían puesto absolutamente nada y no contestaron nada, nos volvieron a decir que la redacción de la otra ordenanza estaba clara, pero lo cierto es que no tiene ni el objeto, ni el alcance, ni las limitaciones, ni si va a haber presupuestos, ni qué tipo de proyectos se busca. Son muchas incertidumbres sin certezas”.

Además, Herlax cuestionó: “A este proyecto que crea el IPG, le suman un anexo de la reglamentación de la Ley Bases. Todo muy confuso y con un sinfín de cuestiones técnicas sin explicación. Por eso nos genera preocupación, más aún si esta ordenanza le podrí dar el marco legal a la explotación comercial de lugares públicos, como por ejemplo los Galpones del Puerto, un lugar mencionado y anunciado por la Secretaría de Turismo de la provincia dentro de la ‘Guía de Oportunidades de Inversión Privada 2025’ en la ciudad, que fue presentada a fines de junio, mucho antes de que se pusiera en debate esta normativa”.

Por su parte, la concejal María Sira Ghisi cargó directamente contra el jefe del bloque del oficialismo Jorge Roko por la forma en la que fue tratado el tema: “Frente a un proyecto de ordenanza para la creación de un régimen de iniciativa privada, que ni siquiera estaba claro ni comprendido por el conjunto del cuerpo, Roko eligió responder de manera misógina, autoritaria y antidemocrática. En lugar de explicar lo que él decía entender, pidió cortar el debate y avanzar directamente para votar el despacho, cerrando una instancia de discusión que podría haber sido enriquecedora para la ciudad. La práctica legislativa se fortalece con el intercambio de ideas, con la escucha y con el respeto. Silenciar las voces, subestimar a las mujeres y querer imponer decisiones sin debate no hace más que vaciar de sentido al Concejo Deliberante y debilitar la confianza ciudadana en la política”.

Con estas medidas, Gualeguaychú se suma a la lista de municipios que buscan atraer inversiones a través de mecanismos de colaboración con el sector privado, una modalidad que genera expectativas en torno a la posibilidad de financiar obras y servicios, pero que también abre debates sobre los límites de la injerencia empresarial en áreas que tradicionalmente estuvieron bajo el control estatal.