Jorge Roko: Los consumidores no deben pagar el “plus” del gas

Es una decisión inadmisible, intolerable e indigna para los ciudadanos. Aconsejo a todos los consumidores, y a efectos de no crear antecedentes, que no se hagan eco de esta medida y que no paguen. Si tengo que encabezar una protesta colectiva ante la Justicia, así lo hare. Pero confío plenamente que la Justicia evaluará esta patética medida y la declarará inconstitucional.   Dr. Jorge E. Roko*   La Secretaria de Energía de la Nación que conduce el ingeniero Javier Iguacel dispuso que "por la marcada variación del tipo de cambio" se establezca un pago extra por parte de los usuarios para compensar las pérdidas de las empresas productoras de gas. La parte que no se comprende bien es si debemos agradecerles cuando nos dicen que nos beneficiaran con un plan de pago en 24 cuotas con una tasa de interés "muy baja". O sea que las empresas, en un acto de "extrema generosidad", aceptan cobrar esos 10.000 millones en cuotas mensuales. Realmente considero que se está subestimando la inteligencia de la gente y abusando de la pasividad de los ciudadanos. Pero antes de explayarme sobre el decreto, quiero referirme a Javier Iguacel (ya que en ningún medio nacional he podido ver que se informe al respecto). El flamante Secretario de Energía de la Nación es un ingeniero petrolero, ex empleado de YPF que pasó por varias empresas privadas en cargos gerenciales. Esta función no es la primera que desempeña en el gobierno de Cambiemos, ya que en enero del 2016 asumió, sin tener experiencia alguna, como administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, y apenas asumido quedó en la mira de la Justicia por la designación de un ciudadano estadounidense que no cuenta con el título de ingeniero en la Gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, un área que administra todas las obras y licitaciones del organismo. En noviembre de 2017, se lo hizo responsable por un puente ferroviario por el que no podían pasar los trenes. En ese caso el organismo admitió un "error de cálculo". En total la obra costó $1200 millones. En marzo de 2018, a través de una resolución, Iguacel resolvió el cierre de cinco colegios industriales que ofrecían tecnicaturas de nivel terciario orientadas al trabajo en la obra pública -que no se dictan en ningún otro establecimiento-, que funcionaban desde 1947. Estos cierres dejaron sin trabajo a 300 docentes y a la deriva a 1200 alumnos. Como Secretario de Energía, en septiembre pasado anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que dependen de garrafas para acceder al combustible domiciliario. Como se ve, este poco conocido funcionario, en un corto tiempo de gestión, ya ostenta un extenso y cuestionado currículum. Es el mismo funcionario que redactó el decreto que obliga a todos los usuarios de gas del país a "compensar" a las empresas productoras por una supuesta perdida en sus ganancias en razón de la variación del tipo de cambio. Lamentablemente nos encontramos, otra vez, bajo imposiciones totalmente injustas, fuera de lugar y que limitan con lo ilegal. Se traspasaron los límites tolerables, esta medida ataca directamente el bolsillo de los menos pudientes para favorecer a grandes empresas, que seguramente no perdieron plata, sino que dejaron de ganar algunos millones; y en este caso también es culpa, por los reiterados yerros en la toma de medidas económicas, del Gobierno Nacional. Es una medida inadmisible, intolerable e indigna para los ciudadanos. Este gobierno ha hecho una constante de la prueba y error, que después pagamos todos. Si acaso fuera cierto que perdieron plata, que la sigan perdiendo, pero no les sigan metiendo presión a los argentinos, que vienen soportando permanentes subas mensuales de todos los combustibles y ya no pueden más. El ciudadano común y las pymes realmente no pueden sostener su economía diaria, y todavía se les agrega la obligación de solventar a grandes multinacionales porque no obtienen suficiente ganancia a raíz de medidas gubernamentales que también afectan sobremanera a todos los ciudadanos. Es por ello que aconsejo a todos los consumidores, y a efectos de no crear antecedentes, a que no se hagan eco de esta medida y que no paguen ese "plus" retroactivo que pretenden imponernos. Si tengo que encabezar una protesta colectiva ante la Justicia, así lo hare. Hemos llegado al límite de nuestro aguante. Confío plenamente que la Justicia evaluará esta patética medida y oportunamente la declarará Inconstitucional.   *Director del Centro de Salud Juan Baggio y precandidato a intendente de Gualeguaychú