JUSTICIA FEDERAL
Juicio a Airaldi: Fiscalía reveló la estructura logística y los roles clave en la distribución de droga
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná —integrado por los jueces Noemí Berros, José Escobar Cello y Maricel Rojas— dio inicio este viernes a los alegatos en el juicio contra el productor rural Leonardo Airaldi y otras ocho personas, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico.
En la segunda etapa del alegato acusatorio, el fiscal federal auxiliar Juan Podhainy presentó una descripción exhaustiva de las pruebas que pesan sobre cuatro integrantes fundamentales de la organización criminal liderada por el exdirector de la Sociedad Rural de Diamante: Roberto Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez y Cristian Sánchez.
El rol del “administrador” y ejecutor
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Roberto Coronel asumió funciones críticas dentro de la estructura tras la salida de un integrante anterior, Balcáza. Coronel no solo se desempeñaba como administrador de la organización, sino que era el hombre de confianza encargado de realizar tareas operativas y viajes desde que se sumó a la banda en septiembre de 2024.
La fiscalía destacó que Coronel cumplía una función de “fuerza” dentro del grupo, siendo el responsable de “apretar” a personas por orden directa de Airaldi. Además, era quien le proveía de armas de fuego, una acción especialmente grave dado que el exdirigente rural tenía prohibida la portación debido a una condena previa.
El Bar Mandela: la base de operaciones
Otro de los señalados con mayor peso en la causa es Juan Erbes, propietario del bar Mandela. El MPF lo identificó como socio directo de Airaldi y responsable del comercio agravado de estupefacientes. La fiscalía resaltó un dato llamativo sobre su pasado: a pesar de haber sido mencionado en repetidas ocasiones en la denominada “causa Santa Fe”, Erbes había logrado evitar ser implicado formalmente hasta este proceso.
Por su parte, Cristian Sánchez y Marino Martínez fueron señalados como los eslabones finales de la cadena, encargados de la distribución de la droga en la ciudad de Diamante. Para estas maniobras, la organización utilizaba el bar de Erbes como su principal base de operaciones logísticas.
Con estas declaraciones, la fiscalía busca demostrar la existencia de una organización jerarquizada donde cada imputado cumplía un rol específico para garantizar el flujo de estupefacientes y el control territorial mediante la intimidación y el uso de armas.