Juicio civil por la Causa Ibicuy

Cuando quede firme la reciente condena contra el ex senador, Félix Pacayut, y otras seis personas por el desvío de 14 millones de dólares de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que estaban originariamente destinado al puerto de Ibicuy, y si la condena no se revierte; la Fiscalía de Estado deberá intentar recuperar el dinero sustraído al patrimonio provincial.Pacayut fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y se le aplicó una multa de 90mil pesos al hallárselo responsable del desvío de fondos millonarios que llegaron para la construcción de la terminal fluvial en ese lugar de la provincia durante el gobierno de Carlos Menem.El veredicto fue dado a conocer el viernes 21 por la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná, quien impuso la misma condena a Carlos Alberto Pacayut, hermano del exlegislador que se desempeñó como presidente del Ente Puerto Ibicuy; y a Alberto Gavio, el titular de la empresa Perfomar, que fue contratada para realizar las obras en la terminal portuaria.Una de las primeras reacciones de los presentes en la sala fue preguntarse cómo, si son responsables del desvío de 14 millones de dólares, se les aplicó una multa de unos pocos pesos. Vale señalar que al tipo de cambio oficial, el monto sustraído equivale a unos 64,4 millones de pesos; y según la cotización del dólar blue, a 89,6 millones de pesos.Uno de los fiscales de la causa, Rafael Cotorruelo, explicó que en el reciente juicio oral y público "se ventiló la responsabilidad penal, y se aplicaron las sanciones que tiene previstas el Código Penal, tanto la pena de reclusión, que es la más importante, y también la accesoria de multa que fueron 90.000 pesos en el caso de quienes tuvieron mayor participación en los hechos. Esa multa es a título de sanción, no está vinculada con el resarcimiento de los daños en el recupero del dinero".El funcionario judicial aclaró que "el recupero del dinero se ventilará ante la Justicia Civil. Una vez que esta sentencia quede firme, lo que va a demorar porque todas las defensas van a recurrir, va a ser un título suficiente como para que desde la Fiscalía de Estado se inicien acciones civiles contra estas personas para recuperar esos montos".Por su parte el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que el organismo que hoy encabeza inició acciones civiles contra las empresas involucradas. "Desde que se hizo la denuncia penal, por el año 2000 ó 2001, se iniciaron acciones civiles contra las empresas, es decir las personas jurídicas que estuvieron contratadas para realizar la obra (...) A partir de que la sentencia quede firme, se podrá ir contra las personas físicas, en procura de la reparación patrimonial. Y esto no es una cuestión opinable sino un deber de la Fiscalía de Estado", precisó.