La caja de jubilaciones: El talón de Aquiles provincial

Así como Aquiles, el héroe de la mitología griega, era invulnerable en todo su cuerpo salvo en su talón, el presupuesto provincial tiene en el sistema previsional su punto más débil. Marcelo Lorenzo Las cuentas públicas entrerrianas tienen un punto vulnerable, el sistema previsional, cuyo desequilibrio financiero crónico empezó a ser noticia desde que el escenario político se modificó.La cifra del rojo previsional anual que trascendió es impactante. Cerró en alrededor de 2.300 millones de pesos en el año 2015, según reconoció Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones.Mientras el grupo político que llevaba las riendas del Estado entrerriano fue del mismo signo que el que gobernaba la Casa Rosada, el déficit provincial de estos años pudo maquillarse, mediante giros extraordinarios de dinero que venían a cubrirlo desde la Nación (a través de "convenios de armonización").El quebranto de la Caja quedó al descubierto y el alerta en los despachos oficiales por su financiamiento cundió cuando la ecuación política en el país se modificó.Fue entonces que el gobernador Gustavo Bordet (FpV), que sucedió en el cargo a Sergio Urribarri (FpV), se plantó ante el nuevo inquilino de la Casa Rosada, Mauricio Macri (Cambiemos), con exigencias de dineros por coparticipación.Ante la perspectiva de quedarse sin giros de fondos, la mayoría de los gobernadores peronistas empezaron a pedir, en efecto, la devolución del 15% de la coparticipación que la Nación les retiene a las provincias desde 1992, medida que el menemismo-peronismo de entonces justificó para financiar así el déficit de la seguridad social nacional (Anses).Ahora los gobernadores aprovechan que la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2015, falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que desde hace años venían pleiteando con el gobierno nacional por este tema.Además el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a punto de irse y entregar el poder a otra fuerza política, emitió un decreto haciendo extensivo este beneficio al resto de las provincias que, como Entre Ríos, sin embargo nunca habían hecho hasta acá un reclamo sobre el tópico ni mucho menos amagado con ir a tribunales.La administración Macri, ante la imposibilidad de pagar de una vez ese monto a todas las provincias, emitió otro decreto dando de baja el de Fernández de Kirchner, al tiempo que propuso una solución negociada.En los considerandos de ese DNU se sostiene que si abonara esa exigencia de las provincias, "el presupuesto de la seguridad social (Anses)  se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento".Más allá de cómo termine este reclamo de los gobernadores ante el gobierno central -si acuerdan una devolución consensuada u optan por la vía judicial- el activismo desplegado estos días por del nuevo gobierno entrerriano, pidiendo fondos para cubrir el bache previsional, muestra la magnitud del problema. Los números no cierran Por su tamaño y por la dinámica de su crecimiento, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no sólo paga más de lo que recauda, sino que se revela estructuralmente inviable.El  Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) desde hace tiempo, en sucesivos informes, viene advirtiendo sobre una situación inquietante: así como está diseñada, aun en la hipótesis de que las reglas básicas de su funcionamiento se respeten, la Caja provincial es deficitaria por naturaleza."No es la Caja deficitaria por fallas de administración, sino por la definición de sus parámetros", indica en una publicación sobre la situación de la provincia, editada hace cuatro meses, y que produce el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) dependiente del CEER.Según este análisis, hay una incompatibilidad estructural entre las reglas de beneficio del sistema por un lado (edad de jubilación, años de aporte, cálculo del haber inicial, reglas de movilidad y requisitos para pensionarse), y las reglas de financiamiento por otro (alícuotas de aportes, salario imponible y fuentes alternativas de recursos).Se señala, al respecto, que mientras la edad para jubilarse en esta Caja es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en el régimen general nacional es de 60 y 67 años, respectivamente.El informe llama la atención sobre el hecho de que la expectativa de sobrevida de una mujer de 57 años en Argentina es de 24 años, lo que implica que en Entre Ríos una empleada pública puede llegar a estar tanto tiempo jubilada como lo estuvo de activa."Eso significa -se aclara- que una mujer que se jubila a los 57 años de edad con 25 de aportes tiene prácticamente el mismo tiempo de jubilada o pensionada que los que hizo aportes". Y se subraya: "No hace falta mucho cálculo para darse cuenta de la falta de coherencia entre el esfuerzo contributivo y el beneficio obtenido: una empleada pública aporta el 32% de su salario durante 25 años y luego cobra el 82% de su salario durante 24 años".Pero el dispositivo que coloca una presión explosiva al sistema es el régimen de pensión por muerte, dice el informe de marras. El dato es que cuando un jubilado muere, la esposa e hijos menores, reciben el 75% de su haber. Se introduce así una suerte de "carácter hereditario" del beneficio que puede alcanzar, en algunos casos, a los nietos."El sistema de la Caja se ha convertido en un esquema de transferencias de recursos públicos a ciertas familias que tuvieron la suerte de contar con alguien entre sus miembros que haya sido empleado público", se lee en el escrito del IIES/CEER.Por otro lado, la entidad observa que los montos promedios de los haberes (7.129 pesos, a diciembre de 2014) no sólo muestran la falta de sostenibilidad del sistema, sino que son superiores al que se aplica a los trabajadores privados (5.760 pesos, en igual período).Pero además la Caja tiene otros escalafones con haberes superiores -se informa-. En el caso del escalafón judicial (39.574 pesos), médico asistencial (11.290 pesos) y docente (11.241 pesos)."Es deseable que las jubilaciones sean elevadas, pero es injusto que los trabajadores y los jubilados del sector privado tengan que financiar con sus impuestos los déficit que estos desequilibrios causan en la Caja de Jubilaciones cuando sus jubilaciones son claramente inferiores", se queja la entidad privada. Dinámica expansiva estatal Según el diagnostico de el IIES/CEER la tasa de empleados públicos crece por encima del crecimiento vegetativo de la población entrerriana.Por lógica, la tasa de jubilaciones se expande a igual ritmo que la burocracia estatal. "El empleo público crece a tasas que son 3 veces superiores al crecimiento de la población (....) y la cantidad de personas que viven de la Caja de Jubilaciones para los empleados públicos crece a similares tasas", consigna el informe.Según la perspectiva del IIES/CEER, esta superestructura estatal, que se financia con impuestos, supone un sobrecosto para la economía privada (empresas y particulares), cuya tasa de crecimiento está por debajo de la tasa de crecimiento burocrático (a diciembre de 2015 había 67 agentes estatales provinciales por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es de 45 agentes por cada 1.000 habitantes).El otro factor a tener en cuenta, dice el informe empresario, es el peso del déficit previsional dentro del conjunto de las finanzas provinciales. "Además de permanente y creciente, representa casi la mitad del desequilibrio" del presupuesto global, afirma. ¿Cuál es la solución?Para salir del déficit previsional, que tiende a ser explosivo hacia futuro, el IIES/CEER propone "racionalizar el gasto público" y al mismo tiempo "modificar las reglas previsionales de los empleados del Estado para que los beneficios que gozan se financien auto-sostenidamente con sus propios recursos".El gobierno entrerriano, en cambio, lo que está buscando es financiar el déficit previsional recuperando el mítico 15% de coparticipación nacional, retenido desde 1992.El ministro de economía, Hugo Ballay, al reunirse con jubilados y pensionados una semana atrás, explicó que hasta 2011 el gobierno nacional, a través de "convenios de armonización", venía cubriendo alrededor del 60%  del déficit previsional entrerriano.Pero la administración de Cristina Fernández de Kirchner (FpV), desde ese momento, dejó de girar los fondos. "De 2011 a la fecha no recibimos más aportes", sostuvo Ballay, según consigna El Diario de Paraná (edición del 23 de febrero de este año).Los analistas económicos aseguran que esta circunstancia obligó al gobierno del Sergio Urribarri (FpV) a echar mano a la suba de impuestos y a acelerar la emisión de bonos que llevó la deuda pública provincial a 13.000 millones de pesos, a diciembre de 2015, cifra reconocida oficialmente.El ministro Hugo Ballay, en la reunión con jubilados, admitió que el Tesoro provincial ya no tiene margen para enfrentar el déficit de la Caja, a menos que se restituya ese 15% de coparticipación, lo que implicaría un monto de 3.500 millones de pesos más por año. "De cada 100 pesos que el gobierno recibe de libre disponibilidad, o sea que no están afectados a ningún fin específico -reflexionó Ballay-, 75% es para atender los temas de personal -sueldos, cargas sociales-; el 15% se coparticipa a los municipios, el 9% es el déficit de la Caja de previsión, nos queda un mínimo para funcionamiento, hospitales, escuelas".A partir de este cuadro crítico, el ministro de Economía provincial concluyó que "queda un margen muy reducido" de maniobra, razón por la cual la provincia sale ahora a "recuperar los recursos" que le corresponden.