La Cámara de Diputados debate la Ley de Tierras mientras el oficialismo busca consensos para el proyecto de Discapacidad
El bloque libertario intenta imponer la agenda del Ejecutivo, pero debe hacer concesiones a sus aliados. La oposición quiere declarar la emergencia por el endeudamiento. Se prevé que la sesión podría durar más de 18 horas.
Tras más de una hora de sesión, minutos antes de las 14 horas se inició en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.
Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.
Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la sociedad le mostrara los dientes en contra de la extranjerización y la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.
De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
El miembro informante del dictamen del oficialismo, Santiago Santurio (La Libertad Avanza) destacó que con este Gobierno y en particular con esta iniciativa se empieza a "respetar el derecho a la propiedad".
"Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas", analizó el presidente de la comisión de Legislación General.
Qué se tratará
El primer tema del orden del día, y con el que se inició el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.
Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.
A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.
En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.
El proyecto ciertatamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.
Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.
También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.
Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.
Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.
"Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido", señaló la diputada nacional de Unión por la Patria consultada por la Agencia NA.
En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.
El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.
En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).
En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.
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Fuente: Noticias Argentinas / TN