GCHU TV EN LA LUPA
La Cooperativa Eléctrica ya gastó más de 500 millones de pesos en su canal de streaming
:format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2026/06/otero.jpg)
Ese fue el desembolso que hizo la gestión anterior presidida por Nahuel Otero en equipamiento, cámaras, luces e instalación del estudio. A eso se suma una nómina de periodistas, productores, técnicos e influencers que ronda los 18 millones de pesos mensuales, más gastos operativos. Tras la asunción, las nuevas autoridades abrieron una revisión integral de las cuentas y del impacto real de los costos.
El 16 de mayo no fue un día más para el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú. Por cinco votos contra dos, sus miembros decidieron desplazar a Nahuel Otero de la presidencia para dar paso a Gustavo Laplacette, un comerciante local cuyo nombre resultó una sorpresa para buena parte de la ciudad. Desde ese día, las nuevas autoridades comenzaron a revisar las cuentas de la institución y de las unidades de negocio que se fueron sumando en los últimos años.
Para entender la magnitud de lo que está revisando el nuevo presidente y su equipo, alcanza con repasar la lista de los nuevos emprendimientos montados durante el mandato de Otero. La Cooperativa se lanzó al servicio de internet bajo la firma Ecotel, que en sus primeros meses resultó deficitaria por la baja cantidad de suscriptores. También avanzó en la construcción de salas velatorias, que al momento del cambio de conducción no habían sido inauguradas. Y puso en marcha un servicio de telemedicina —una app que ofrece consultas médicas sin turno— cuyo desarrollo demandó más de 11,5 millones de pesos.
La mayor inversión fue el canal de streaming Gchú TV. Solamente en equipamiento, cámaras, luces e instalación del estudio, la Cooperativa desembolsó 350 millones de pesos. A eso se suma una nómina mensual de periodistas, productores, técnicos e influencers que ronda los 18 millones de pesos. El canal lleva cinco meses al aire, lo que representa unos 90 millones de pesos en salarios desde su lanzamiento, con una proyección anual de 216 millones, sin publicidad ni fondos externos que sustenten el proyecto. A todo esto, se agregan los costos fijos y operativos del trabajo diario, lo que daría un total de más de 500 millones de pesos desde la puesta en marcha.
Al presentar el canal, Otero lo definió como “un paso fundamental en nuestra estrategia de integración tecnológica” y aseguró que reflejaba “una cooperativa moderna, con visión de futuro, capaz de innovar y generar valor para la comunidad”. Al dejar el cargo, volvió sobre el mismo argumento: “Recibimos una cooperativa golpeada y hoy queda una institución ordenada, superavitaria, moderna y proyectada hacia el futuro”.
La expansión hacia nuevas actividades no fue, en términos formales, una decisión unilateral. El estatuto original de la Cooperativa, vigente desde 1946, fue modificado por unanimidad en una Asamblea Extraordinaria convocada por el propio Otero para habilitar la incorporación de nuevos servicios. Él lo había anunciado como un paso necesario: “Tenemos que tener una visión de la ciudad que se viene”.
La asamblea se realizó el 19 de diciembre de 2022 en el Club Juventud Unida, ante cerca de 200 asociados. La reforma aprobada implicó tres cambios centrales: la ampliación del objeto social —que hasta entonces limitaba a la cooperativa al servicio de energía eléctrica—, la creación de asambleas distritales y la modificación de la composición del Consejo de Administración. Otero definió ese acto como una “refundación” de la entidad: “En 1946 un grupo de vecinos se reunía para darle vida a la Cooperativa; hoy, 76 años después, nuevamente la comunidad se reúne para darle una nueva visión”.
Sin embargo, esa misma expansión fue cuestionada desde adentro del sistema. Claudio De los Santos, secretario general del sindicato Luz y Fuerza seccional Gualeguaychú, planteó diferencias públicas sobre el rumbo que tomó la gestión de Otero. “Lo que a nosotros nos preocupa es el servicio eléctrico. Hemos observado que en las memorias institucionales se destacaba especialmente el crecimiento de las llamadas ‘otras unidades de negocios’, mientras que los proyectos vinculados a la distribución de energía ocupaban un lugar secundario”.
Sobre las salas velatorias, fue más directo: “No vimos que se haya realizado una evaluación de mercado para determinar si existía una necesidad concreta que justificara esas inversiones”. Y reclamó transparencia: “Lo que pedimos es ver los números”.
El dirigente también amplió su cuestionamiento al servicio de internet. Según explicó, el gremio tenía referencias de que Ecotel “no resultaba autosustentable y terminaba siendo respaldado por recursos provenientes de la actividad principal”. Y planteó una pregunta de fondo sobre el modelo de diversificación adoptado: “Muchas cooperativas nacieron para cubrir necesidades que nadie más quería atender. Lo que nosotros discutimos es si estas nuevas actividades respondían realmente a una necesidad de la comunidad o si se alejaban de la función principal de la institución”.
La situación financiera también había generado señales de alerta a nivel nacional. En octubre de 2024, el Inaes —organismo que regula y fiscaliza a las cooperativas del país— solicitó una veeduría sobre el funcionamiento de la institución. Según explicó Otero en aquel momento, el pedido había llegado a través de Cammesa, la comercializadora mayorista de energía, y aclaró que no implicaba una intervención: “No hay nada que ocultar”.
Antes de la publicación de esta nota, Ahora El Día se comunicó con Nahuel Otero para darle la oportunidad de hacer declaraciones. Agradeció el contacto, pero declinó referirse al tema.
Ahora esa misma información está sobre la mesa del flamante Consejo de Administración que impulsa una revisión, la cual no sólo apunta a determinar el impacto real de cada gasto y el estado de los contratos firmados, sino también a responder para qué existe una cooperativa, quién decide cómo se usan los recursos de sus usuarios y quién responde cuando las apuestas no cierran.
