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La directora docente del Iosper opinó sobre la cobertura de "maestras de apoyo"

La directora electa por Agmer Adriana Hepp explicó que "concuerda con la decisión tomada desde la Obra Social" respecto a que no posee " recursos humanos acordes e idóneos para auditar la prestación de Maestras de Apoyo".

"A través de este comunicado y con el fin de evitar malentendidos que hemos visto circular en notas periodísticas y de forma particular, quiero aclarar algunas cuestiones referidas a la cobertura de Maestras de Apoyo ofrecidas hasta el momento por la Obra Social Iosper", indicó Adriana Hepp.

"Como es de público conocimiento, la Resolución 1862 que decretó la Emergencia Prestacional publicada el día 26 de Septiembre del corriente, por temas inherentes a la urgencia de prestaciones, el ingreso de nuevas solicitudes de Maestras de Apoyo fue suspendido. La prestación por parte de la Obra Social se viene brindando ininterrumpidamente desde el año 2016, cuando así se resolvió mediante la Resolución 702 de ese año", mencionó.

"Sin embargo, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Programas Específicos, lugar donde se audita dicha prestación, desde hace meses viene trabajando al respecto y en los últimos días presentó una propuesta de derogación con los siguientes fundamentos: La Ley nacional de prestaciones de Discapacidad 24.901, con adhesión de la Ley provincial 9.891 divide las prestaciones en “salud” y en “educación”, estableciendo que para el primero de los casos, se obliga a garantizar sus debidas prestaciones al Ministerio de Salud a todo aquel que no tenga obra social y al Iosper a sus afiliados. Pero en el segundo caso (educación), son el CGE y el Iprodi quienes deben tener la facultad de brindar prestaciones de estas características, incluyendo las Maestras de Apoyo", especificó Hepp.

"Este tipo de prestación es esencialmente educativa y llevada a cabo mayormente en los establecimientos educativos. E implica un gran problema/contradicción que sea evaluada por un médico una dificultad de aprehender contenidos curriculares por parte de los niños. Ante esta situación, consideramos que quien debe ejercer una auditoría acorde a la problemática del niño o niña, debe ser un profesional idóneo, dependiente del CGE, que es quien debe atribuirse dicha responsabilidad y no IOSPER, siendo esta una institución prestadora de salud", añadió.

En tanto, "la Resolución 2044 emitida el 22 de Octubre del 2019 argumenta que el IOSPER no tiene competencia material, funcional, profesional ni de recursos para afrontar cuestiones educativas, por lo que amparados en la Ley provincial de Discapacidad N° 9.891, exigimos el cumplimiento de dicha prestación a quien corresponda, en este caso al Poder Ejecutivo Provincial, mediante el CGE", agregó. (Apf)

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