Política | Gustavo Bordet

La estrategia de Entre Ríos que puso en jaque al ajuste del gobierno nacional

La Provincia ha sido el centro de la escena de la política nacional en la última semana. Fue a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se basara en la presentación entrerriana para declarar inconstitucionales los recortes de los recursos coparticipables que llevó a cabo de manera unilateral el gobierno nacional.

El ex ministro de la Corte Suprema y abogado de San Luis en causas por coparticipación Rodolfo Barra puso de relieve el fallo de la Corte a raíz del caso Entre Ríos. La administración Bordet, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado, logró el fallo favorable del máximo tribunal en torno a la medida cautelar para frenar la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional.

La resolución de la Corte deja en claro que "el gobierno federal no puede unilateralmente disminuir esos ingresos por coparticipación que son los impuestos coparticipables, salvo que eso lo decida el Congreso donde está la representación de las provincias", expresó en ese sentido Barra.

El destacado jurista recordó que "en materia impositiva no puede haber delegación legislativa" y que "está expresamente prohibido por la constitución que haya DNU en materia impositiva". Por eso "el vicio de estas medidas que se tomaron es que fueron decididas por decreto, y eso está prohibido por la Constitución. Estuvo mal hecho desde el origen", subrayó.

"Los impuestos, el IVA, Ganancia, los impuestos nacionales, en realidad no son del gobierno federal, que gratuitamente los reparte en las provincias. Son de todas las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Federal", aclaró Barra en sintonía con el fallo de la Corte, e indicó que se trata de "una ley que solamente puede ser modificada por unanimidad de todas las provincias".

"Modificar esta ley es más difícil que modificar la Constitución", apuntó también en esa línea, y añadió que "la columna vertebral de nuestro país es el federalismo, que es un federalismo de concertación".

Defensa de los entrerrianos

Consultado por los medios nacionales que se hicieron eco del debate, el gobernador Gustavo Bordet reiteró que “acudimos a la Corte Suprema de Justicia ante una medida que fue inconsulta, intempestiva, del Gobierno Nacional", y recordó que "Entre Ríos se ha caracterizado por ser una provincia de llegar a consensos, de llegar a acuerdos", por eso "nunca habíamos llegado a una instancia judicial con la Nación".

"Lo que sucede es que teníamos un presupuesto organizado, ya teníamos rebajas impositivas previstas por el Consenso Fiscal, habíamos sufrido la pérdida del Fondo Fiscal solidario y eso nos generaba un gran perjuicio. Cuando se dan a conocer las medidas del gobierno nacional, nosotros acudimos a la Corte porque nos genera un gran desfinanciamiento en apenas tres meses”, explicó el mandatario.

En ese marco, Bordet también aclaró que no está en contra de medidas que sirvan de paliativo ante la crisis que sufre la gente, "estamos de acuerdo", dijo, pero observó que el modo en que se tomaron estás decisiones ("de la noche a la mañana"), las tornó "ineficaces". "No ha tenido resultados efectivos, porque se ha eliminado el IVA de productos de la canasta básica que ya en septiembre han tenido un aumento y han quedado licuados por la inflación”, detalló.

“Hubiese sido mucho más fácil ponernos de acuerdo y que la devolución del IVA se hiciese cuando el consumidor compra con su tarjeta de débito y ahí se le extrae la parte del 21 por ciento de impuesto. Así sí iba a tener una mejora en su bolsillo. Nosotros estamos de acuerdo con que haya medidas paliativas, pero tendrían que haber sido en el marco de un consenso y que tengan sustentabilidad en el futuro, por eso es que acudimos a la Corte”, explica.

Además Bordet alertó sobre la dificultad que implica haber dejado de recaudar esos impuestos a la hora de hacer las estimaciones de los recursos realmente detraídos a las provincias: "según datos oficiales de la AFIP, este mes la recaudación fue de un 42 por ciento, o sea 13 puntos por debajo de la inflación y representa 8 puntos menos que el mes anterior. Ahí está el impacto que han tenido estas medidas. Se cae una estructura y además, no soluciona un problema social, porque el problema que tiene hoy la Argentina son los sectores más castigados. Y las soluciones tienen que tener otro enfoque, otra mirada y tiene que ser en el marco de un gran entendimiento”, continuó el mandatario entrerriano.

Por eso “la medida que ha tomado la Corte resulta muy razonable, porque esto de algún modo, pone justicia sobre los reclamos que planteamos", afirmó y aclaró que "si el Gobierno nacional toma una medida de esta naturaleza, que tiene que ver más con la campaña política que con solucionar el problema del bolsillo de los argentinos, tiene que asumirlo con su propio costo fiscal y no con el de las provincias".

"El 50 por ciento de un impuesto que es participable, corresponde a las provincias y mínimamente, deberíamos haber sido consultados. Sin embargo se hizo por un decreto simple, ni siquiera de necesidad y urgencia, entonces no tuvimos otra alternativa que hacer esta presentación judicial”, fundamentó Bordet.

Por último, el mandatario se refirió a las críticas que hicieron incluso gobernadores del oficialismo y recordó “nosotros tenemos que velar por los intereses de nuestras provincias, para eso nos han elegido. Nuestra presentación ante la Corte no necesita explicitar algún antagonismo con el gobierno nacional. Al contrario. Siempre abogamos para que haya un entendimiento”.

Una decisión producto del resultado electoral

También el ministro de Economía Hugo Ballay habló sobre la discusión surgida a partir del fallo de la Corte. “Debemos rescatar que trató el caso de Entre Ríos, analizó los antecedentes que desde la provincia pusimos a disposición, y sobre este posicionamiento basó su resolución, que luego fue extensiva a las otras 14 provincias”, valoró el funcionario.

“Es un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía de Estado, en forma conjunta con el Ministerio de Economía, porque había que determinar impactos económicos y fiscales de las medidas y esto fue lo que la Corte tuvo en consideración”, precisó.

El titular de la cartera económica recordó que al día siguiente de la derrota que sufriera el presidente Mauricio Macri el 11 de agosto, "nos encontramos con una decisión totalmente inconsulta producto de un resultado electoral", y contó que "la forma de defenderlo fue acudir a la Corte Suprema de Justicia”.

En esa línea, Ballay consideró que “es un fallo que muestra el federalismo que muchas veces usamos y poco aplicamos”, y recordó que “junto al gobernador Gustavo Bordet, cada vez que fuimos convocados por el gobierno nacional a analizar cualquier tipo de medidas que podían ser tributarias, de análisis de un presupuesto o también los consensos fiscales, defendimos los intereses de los entrerrianos”.

Que se cumpla el fallo de la Corte

En medio del debate suscitado en todo el país, se conoció el escrito presentado por el gobierno nacional ante la Corte Suprema pidiendo una audiencia para debatir con las provincias.

En ese marco, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se mostró sorprendido ya que "el ámbito de discusión de este tema era el Congreso de la Nación, no la Corte en una medida cautelar donde ya dictó sentencia, encima por mayoría".

"Esto es un proceso judicial no es un bar donde digo: ´bueno, ahora voy a debatir en el momento que yo quiero y en el ámbito que yo quiero´. Es insólito", se alarmó Rodríguez Signes.

"El momento para discutir este tema era previo a los dictados de los decretos o inmediatamente después cuando los gobernadores se reunieron en el CFI y dijeron al Estado Nacional que retrocediera con estas medidas porque sino obligaban a judicializar. Una vez que se judicializó lo que rige es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que es el que se aplica para las medidas cautelares", añadió el funcionario.

Por otra parte, Rodríguez Signes subrayó que "esto es una medida cautelar, es decir, es una medida que dicta la Corte en base a la verosimilitud del derecho, es decir, que le asiste a la provincia de Entre Ríos en principio el derecho y el peligro de la demora. Lo que importa acá es la restricción presupuestaria que está sufriendo Entre Ríos y las veinticuatro provincias para hacer frente a las obligaciones esenciales que tiene".

"Nosotros hemos convocado una reunión de fiscales y de ministros de economías para el martes porque a nosotros lo que nos interesa ahora no es discutir con el Gobierno sino que cumpla lo que le ordeno la Corte, eso es lo que nos está importando", adelantó el Fiscal de Estado, quien deslizó la posibilidad de que haya "malicia judicial" ante el planteo del Gobierno Nacional que puede resultar dilatorio de la resolución de la Corte en defensa de las provincias.

Definiciones de la Corte

También en una nota en un medio nacional, el jurista Rodolfo Barra sintetizó algunos de los principales puntos del fallo de la Corete:

1- "La decisión en el caso “Entre Ríos” también goza de una sólida construcción jurídica. Allí no se hace otra cosa que reafirmar lo establecido en la Constitución: 1) el régimen de coparticipación de impuesto es una institución esencial para la efectiva vigencia del sistema republicano y federal; 2) la masa coparticipable no puede ser modificada unilateralmente; 3) la disminución o eliminación de los impuestos coparticipables, reduciendo así la masa a coparticipar en perjuicio de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, sólo puede ser decidida por ley del Congreso y no por decreto (“principio de reserva de ley”), que fue el medio inconstitucional utilizado por el Ejecutivo en este caso; 4) las provincias y la ciudad de Buenos Aires se encuentran legitimadas para defender, en derecho propio, la porción coparticipable que les corresponde, frente a conductas inconstitucionales del Ejecutivo nacional que, al disminuir la masa, afecte al crédito por coparticipación; 5) en condiciones de urgencia, frente a la magnitud de la pérdida del crédito provincial (que debe ingresar día a día, automáticamente, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires) y el peligro que ello importa para la continuidad de la gestión y servicios públicos provinciales, corresponde el dictado de una medida precautoria, que es lo que hizo la Corte en Entre Ríos.

2- Los impuestos coparticipables no son del gobierno federal sino que le corresponde su recaudación y distribución siempre que el impuesto se encuentre establecido y regulado por el Congreso de la Nación. De esta manera, el Ejecutivo nacional dispuso sobre el dinero de las provincias y la ciudad de Buenos Aires lo que sólo el Congreso puede hacer.

3- En el "caso Entre Ríos” la Corte ha tomado -dentro de su competencia- una decisión jurídica que también es un acto de Gobierno. Es decir, de conducción superior de los asuntos más trascendentes de nuestra organización institucional frente a normas ejecutivas manifiestamente inconstitucionales, lesivas del federalismo y de los intereses de la población de las provincias (servicios, educación, salud pública, seguridad, entre otros).

Dejá tu comentario