La falta de recursos es el mayor desafío que enfrenta la Justicia para proteger a las mujeres de la violencia de género

Cada 8 de marzo es una invitación para reflexionar sobre cuáles continúan siendo los “talones de Aquiles” para erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. En ese contexto, AhoraElDía dialogó en exclusiva con las fiscales de género Carolina Costa, Alejandra Montiel y Eliana Ghiglione.

Uno de los principales obstáculos que mencionaron las fiscales es la escasez de recursos humanos para abordar la magnitud de las denuncias. La fiscal Alejandra Montiel señaló que “la falta de recursos es la traba más importante que tenemos para poder cumplir la función que tenemos y para los proyectos que podamos tener para el abordaje de la problemática”.

Según explicó, actualmente son tres fiscales las que intervienen en causas de violencia de género, con equipos reducidos. “La falta de recursos humanos es fundamental. Si bien somos tres fiscales que nos desempeñamos en violencia de género, tenemos pocos empleados para desempeñar la función”, indicó.

La escasez de personal también atraviesa a otras instituciones que participan en el abordaje de estos casos. “En el Juzgado de Familia, en el Hospital y en la Policía también falta mucho personal. Más allá de la voluntad de los empleados, el recurso humano es insuficiente”, agregó Montiel.

Para la fiscal Eliana Ghiglione, el ingreso de un caso al sistema judicial suele ser el resultado de un problema mucho más amplio. “Cuando un conflicto llega a la Justicia es porque fallaron un montón de otros mecanismos”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la violencia de género es una problemática compleja que no puede resolverse exclusivamente desde el ámbito penal. “Es una problemática multifactorial. El problema y la solución vienen de la mano de todas las instituciones que intentamos articular”, afirmó.

Desde el punto de vista judicial, la intervención se centra en investigar delitos y aplicar sanciones cuando corresponde. Sin embargo, Ghiglione reconoció que eso no siempre alcanza para modificar conductas violentas.

“Muchas veces se espera una respuesta de la Justicia que intentamos dar en el marco de nuestra competencia, pero es difícil erradicar en la persona denunciada patrones de violencia sencillamente con una condena”, explicó.

Incluso, advirtió que la reiteración de situaciones violentas es frecuente. “Una vez que obtenemos una condena, después vemos que esa misma persona está con otra causa con otra chica”, señaló.

Cuando se logra una condena, las fiscales piden que se incluyan consultas con un profesional psicológico, y la realización de cursos con perspectiva de género para el imputado.

“El taller que hace la Casa Alas ‘Voces de Cambio’ ha sido un quiebre muy bueno en estos últimos años, porque implica entender que no sólo la victima tiene que ser abordada, sino también el victimario”, resaltó Ghiglione.

“A nosotras lo que más nos importa no es la condena, sino los resultados. Si logramos abordar una persona que ha sido violenta y superar esta situación lograríamos mejores resultados en nuestras víctimas, sería lo ideal. Y ahí volvemos a caer en la falta de recursos, muchas veces acordamos reglas de conducta referentes a un turno en el Hospital, que es donde por lo general van las personas con menos recursos, y los turnos son muy lejanos porque están muy desbordados. Nosotras tenemos que actuar por una condena, pero estaría bueno que lográramos este abordaje con las personas que ejercen este tipo de violencia, para tratar de cambiar la situación a futuro”, agregó Montiel.

Las fiscales también observaron que muchas víctimas vuelven a involucrarse en relaciones violentas. Montiel explicó que estos casos son habituales y están relacionados con historias personales marcadas por la violencia.

Según describió, en muchos casos las personas crecieron en entornos donde la violencia era parte de la dinámica familiar. “En la mayoría de los casos vienen con un patrón de violencia desde la familia y lo van desarrollando a lo largo de sus vidas”, afirmó.

A esa situación se suman otros factores que profundizan la vulnerabilidad. “Muchas veces las relaciones están atravesadas por consumo problemático, falta de trabajo, dependencia emocional y económica absolutas”, explicó la fiscal.

La dependencia económica es uno de los elementos que más condiciona las decisiones de las víctimas. Ghiglione lo resumió en una frase que suele repetir en audiencias: “Cuando no podés darle de comer a tus hijos, no podés pensar en tu propia seguridad”

Ese contexto explicó por qué algunas mujeres piden levantar medidas de protección o se retractan de las denuncias. Montiel señaló que “el sostenimiento de la familia hace que pidan que se levanten las medidas y muchas veces justifican la violencia que reciben”.

Estas situaciones también dificultan las investigaciones judiciales. Sin embargo, el sistema penal permite continuar con el proceso aun cuando la víctima decida no avanzar, siempre que existan pruebas suficientes.

“Hemos ido a juicio incluso cuando la víctima no quería continuar, y hemos logrado condenas”, explicó Ghiglione. Y agregó: “Esto es posible porque la violencia de género es un problema público, entonces cuando se pone en marcha el mecanismo es decisión del Estado seguir adelante si hay elementos”.

Al respecto, Costa reflexionó: “El mundo sigue siendo machista, y sería bueno que no sólo hubiera una fiscalía de género, sino también un tribunal de género, y jueces que juzguen con perspectiva de género. Y en eso la inversión pública es muy importante, invertir en herramientas para erradicar la violencia de género, en espacios de acompañamiento psicólogos, dotar al área de Salud Mental, no solo con un consultorio, sino con un seguimiento en lo que podría ser un hospital o centro de día, entre otras herramientas que se pueden plantear”.

Otro de los desafíos es la recolección de pruebas. Montiel explicó que muchos hechos ocurren en ámbitos privados. “Son los llamados delitos de alcoba, que ocurren en la intimidad de la casa”, detalló.

En esos casos, las fiscalías recurren a otras herramientas de investigación. “Hacemos pericias e intentamos buscar testimonios de amigas, familiares o vecinos que hayan escuchado algo”, indicó.

También recordó que la mayoría de las denuncias se realizan después de años de violencia.

Las fiscales aclararon que no todas las situaciones de violencia constituyen delitos penales. Ghiglione explicó que para que intervenga la Justicia debe existir una conducta prevista en el Código Penal. “Para que haya un juicio tiene que haber un delito”, afirmó.

Entre los más frecuentes aparecen amenazas, lesiones, daños materiales, violación de domicilio, hurtos o abusos. También es habitual el delito de desobediencia judicial.

“Cuando pedimos una medida como una perimetral o una exclusión y el agresor la viola, ahí tenemos el delito de desobediencia judicial”, explicó.

Para la fiscal Carolina Costa, este tipo de conductas son especialmente graves. “El victimario demuestra que nada lo frena, ni siquiera la medida de un juez”, señaló.

En la mayoría de los casos, el detonador de la violencia suelen ser los celos. Además, el consumo de alcohol y drogas aparece como un factor recurrente en las denuncias. Costa remarcó que “el componente de la droga y el alcohol es tremendo”, mientras que Ghiglione agregó que “es muy común que una víctima diga que su pareja empezó a tomar y ese fue el disparador de la situación más álgida”.

Montiel también señaló que el consumo no sólo atraviesa a los agresores. “Las víctimas también están atravesadas por el consumo y eso potencia cualquier peligro”, advirtió.

La responsable del Área de Género municipal y del dispositivo de protección Alas Desatadas, Claudia Fiorotto, coincidió en que el consumo problemático se volvió cada vez más frecuente en las situaciones de violencia.

“Que una persona consuma no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero una persona que es violenta y está en consumo lo potencia”, destacó.

Según detalló, en los últimos años el fenómeno se profundizó. “Cuando empecé a trabajar con esta problemática, hace unos diez años, uno o dos de cada diez casos involucraban al consumo. Hoy son once de diez porque hasta los hijos están en consumo”, afirmó.

En muchos casos, las mujeres que denuncian no pueden volver a su casa. Para esas situaciones funciona el dispositivo municipal Alas Desatadas.

La fiscal Carolina Costa destacó su importancia, ya que no existe en todas las localidades. “Hoy sabemos que algunas mujeres no pueden volver a su domicilio, y hasta que no llegan al dispositivo no nos quedamos tranquilas”, señaló.

El espacio ofrece alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y talleres con salida laboral. Según Fiorotto, el objetivo es promover la independencia económica de las mujeres.

“Nuestro lema es que volver con el violento no es una opción, y para que eso ocurra tenemos que mostrar otro camino: el de la autosustentabilidad”, explicó.

Desde 2024 hasta la actualidad, el área registró 342 atenciones, y en lo que va del año recibió 28 oficios judiciales, dos derivaciones del Hospital Centenario y realizó nueve entrevistas en estos dos meses.

Para Fiorotto, uno de los mayores desafíos sigue siendo cultural. Muchas situaciones de violencia comienzan con conductas que la sociedad tiende a minimizar.

“Estamos tan acostumbrados a normalizar las microviolencias que cuando llegamos a la macroviolencia todos nos asustamos”, sostuvo.

La referente también destacó que la violencia atraviesa todas las clases sociales. “En las clases altas los muros son gruesos y los gritos no se escuchan; en las clases bajas los muros son finos y se escucha todo”, graficó.

Es por esto que el lunes 9 de marzo realizarán una jornada de reflexión y concientización en el Centro Cultural “Luis María Lujan” a las 17.30 horas.

Las fiscales coincidieron en que la respuesta judicial es sólo una parte del problema. Para Ghiglione, el trabajo preventivo es clave.

“Tiene que haber políticas públicas que empiecen desde las infancias. Por eso es tan importante la educación sexual integral”, señaló.

También destacaron el rol de la comunidad. Hoy la ley permite que vecinos o terceros denuncien situaciones de violencia. “Tenemos muchos vecinos que denuncian lo que pasa al lado de su casa”, explicó Ghiglione.

Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo. “En sólo dos semanas de febrero hicimos 30 aperturas de legajos”, contó la fiscal.

Para Montiel, ese número refleja la dimensión del problema. “El nivel de violencia que hay es mucho. Aun con todos los avances, sigue siendo enorme el trabajo que tenemos por delante”, concluyó.

Por su parte, Ghiglione remarcó que “la Educación Sexual Integral es fundamental para erradicar los patrones de violencia porque involucra trabajar las infancias. Es importante entender que sin un Estado presente que aborde la temática en toda su amplitud y que empieza siempre desde las infancias, es imposible terminar con este problema”.

A su vez, Costa hizo hincapié en la necesidad de que haya un espacio de asistencia a la víctima, porque cuando el denunciado es excluido a la mujer le quedan otros temas pendientes, como la cuota alimentaria, el régimen de visita si tiene hijos, entre otros aspectos.

“Nosotros la podemos asesorar, pero es tanta la información que recibe cuando vienen a hacer una denuncia, que estaría bueno que exista un espacio donde se le ayude a transitar esas otras situaciones que tiene, a dónde ir, cómo hacerlo, debería estar mucho más aceitado ese mecanismo”, resaltó.