La falta de reglamentación de las leyes y los derechos ciudadanos

El sinuoso camino de una ley tiene como destino responder a una necesidad y al bienestar general; pero la imposibilidad de aplicarla pone al ciudadano entre las redes de la burocracia y la indefensión. Por Osvaldo Chesini*
OpiniónFrente a las leyes sin reglamentación, lo que torna inviable su aplicación, los ciudadanos son habitantes de una zona gris en la que, con la norma en la mano, no encuentran sin embargo, su amparo. Víctimas de esa desidia burocrática, la producción de leyes se transforma en una acción sin sentido si su punto de aplicación no es, como debe ser, una reacción rápida y eficiente que ensamble los tiempos legislativos con la necesidad de los vecinos.Concejos Deliberantes que debaten sobre la radicación de hipermercados, a pesar de que lleva unos ocho años ya sancionada la ley 9393 de grandes superficies comerciales; la ley de Obesidad, que atiende un problema en aumento y principalmente en los niños cuyos padres deben litigar para lograr la cobertura social; la ley de Talles que permitiría volver a una mirada lógica y natural las medidas antropométricas, como la ley de Discapacidad promulgada a principios de este año, no pueden seguir el camino de la ley sobre violencia familiar que demoró una década en reglamentarse. Atraviesa el tiempo la variable de las necesidades de la gente, precisamente, destinatarias de las leyes.Ante eso, propuse establecer, mediante ley, la acción por omisión reglamentaria, cuyo fin es lograr un mandato judicial que ordene al organismo público competente subsanar la omisión dentro de un plazo razonable, el cual en ningún caso podrá afectar la eficacia del derecho en cuestión y que podrá aplicar todo ciudadano que sienta que se ha lesionado, restringido, alterado o impedido el goce de un derecho individual o colectivo consagrado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales o la ley.Esta iniciativa, ofrecida como un remedio jurisdiccional, rápido y eficaz, contra la mora de la administración en dictar los reglamentos necesarios para asegurar la plena operatividad, busca una respuesta a una irregularidad que afecta a amplios sectores de la sociedad, ya que las normas dejadas en el olvido abarcan materias tan disímiles que van de la protección del medio ambiente a aspectos importantes de la economía provincial.No se trata entonces de un problema de poca eficiencia o de insuficiente trabajo de los legisladores. Tampoco de un problema jurídico, diría mas bien que leyes hay de sobra, sino que no nos hemos ocupado lo suficiente en que las normas se cumplan para hacer efectivos los derechos, institutos, garantías y programas que el Poder Legislativo ordenó y que  por falta de reglamentación permanecen en una especie de limbo jurídico que priva así  a la sociedad no sólo del goce de derechos reconocidos por las leyes sino que se afecta seriamente la credibilidad en el sistema democrático, en las instituciones y se lesiona la confianza depositada en quienes asumimos la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos.*Senador Departamental