La Fiscalía de Estado es “autónoma”

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes dijo que comparte la preocupación de los diputados tras la sesión en que se aprobó pedir a este órgano que intervenga para gestionar la anulación de los aumentos del gas. Sin embargo, opinó que en caso de plantear una acción lo tendría que hacer en representación del Estado como "consumidor de gas".La Cámara de Diputados aprobó una resolución para que el Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, y los defensores del pueblo de la Nación y de Paraná, inicien las acciones para que se anulen "por ilegítimas e inconstitucionales", las resoluciones administrativas que tuvieron como efecto el incremento de la tarifa de gas de los consumidores.Tras conocerse esta iniciativa, Rodríguez Signes afirmó que él es "muy respetuoso de las Cámaras", pero aclaró que "la Fiscalía es un órgano autónomo de control, por lo que no recibe instrucciones" de nadie. Y, agregó que también comparte la preocupación por el tema del aumento de la tarifa del gas.Dejó aclarada una cuestión procesal, según señaló. "La Fiscalía de Estado representa al Estado provincial, no a los consumidores del servicio de gas, ahí tenemos un problema legal". Añadió que en el "caso de plantear una acción, podríamos hacerlo como representantes de la provincia como consumidora de gas, pero no como representantes de los consumidores".Consideró que se haría alguna acción judicial "siempre y cando tengamos la plena convicción de que el incremento es inconstitucional" y destacó, "esa es la situación actual y la posición de la Fiscalía de Estado".Recordó que actualmente en la provincia no existe todavía la figura del Defensor del Pueblo, y lo marcó a eso como uno de los obstáculos, pero agregó "lo que no quiere decir que no se puede hacer nada" y recordó el fiscal que desde esa institución se viene "trabajando hace bastante tiempo por la situación de Gas Nea" y destacó "no estamos ausentes en el tema gas". Y, dijo que esta cuestión está siendo estudiada.A pesar de saber lo que pasó en la Cámara de Diputados, explicó a Recinto Net que todavía no conoce formalmente lo aprobado por esa Cámara. "Si el Estado provincial planteara alguna acción, sería planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó para agregar que el tema es que si se pierde el juicio "salen caros los honorarios después".