COMUNICADO
La Iglesia se pronunció sobre la edad de imputabilidad y pidió un “abordaje integral”
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A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina cuestionó el proyecto que busca reducir la edad a los 13 años. Aseguran que el punitivismo no es la solución y reclaman políticas de educación y prevención.
En la antesala del debate legislativo en el Congreso, la Iglesia Católica argentina sentó una firme postura oficial contra el proyecto de ley que propone la baja de la edad de imputabilidad. A través de un documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución advirtió que reducir la discusión únicamente a lo penal es una respuesta insuficiente del Estado ante los hechos de violencia que conmueven al país.
El pronunciamiento surge en un momento de alta tensión política, luego de que el Gobierno de Javier Milei confirmara que impulsará en sesiones extraordinarias un nuevo Régimen Penal Juvenil. La intención del oficialismo es bajar la edad de punibilidad de los 16 años actuales a los 13, un punto que la Iglesia considera una “simplificación” de una realidad mucho más compleja.
“Educar y prevenir antes que castigar” El texto, que lleva la firma de destacados arzobispos, señala que centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano “lo que realmente es necesario: lo que previene, educa y acompaña”. En este sentido, los obispos cuestionaron la eficacia de las cárceles como solución: “¿En serio creemos que esa es la solución? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios”, dispararon.
Desde la Iglesia insistieron en que el abordaje de la delincuencia juvenil debe involucrar de manera conjunta a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. Asimismo, reclamaron dispositivos apropiados en las provincias para la reinserción social, alertando sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en caso de que la ley sea aprobada.
El debate en el Congreso El mensaje eclesiástico llega días antes de que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto, previsto para la segunda semana de febrero. Pese a las críticas de diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, ratificó que la iniciativa “va a ser ley”.
La estrategia del oficialismo cuenta con el respaldo de ministros de Seguridad de provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que la oposición y sectores de la Iglesia advierten que la verdadera prevención nace del “cuidado compartido” y de políticas públicas que construyan futuro, más que de debates que profundicen las divisiones.
