La Justicia decretó la quiebra de la empresa avícola Cresta Roja
Otra de las consecuencias del fallo es que la jueza puso orden al proceso, y de esta manera, dió intervención a Poder Ejecutivo en aquéllo en lo que incumbe a la política: resolver la situación de los empleados, su situación social, además de pagar los compromisos asumidos.
Las opciones que tuvo la jueza comercial Valeria Pérez Casado en estos días fueron tres. La primera es que los dueños regularicen los pagos y presentaran un plan para conformar los acreedores. Luego, aprobación de por medio, que, una vez aprobado, se cumpla mientras la empresa funciona normalmente.Nota relacionada: "Este modelo no cierra sin represión"La segunda opción fue que aparezca alguien con ganas de quedarse con las acciones, y la tercera, es la quiebra. No hubo compradores para la empresa.
La idea de el decreto de quiebra es que se proceda rápidamente a la venta de los bienes para salvar las fuentes laborales mediante la continuidad de la explotación comercial. Durante los últimos años, estos remedios pocas veces se aplicaron. Antes de que se decrete la quiebra, en la mayoría de los casos, los trabajadores tomaban las plantas, constituían una cooperativa de trabajo y frenaban los procedimientos judiciales. Luego venía un sistema de subsidios, pedidos a los proveedores de servicios para que no cobren las facturas y una situación de hecho que en varias oportunidades se prorrogó por años. Otras veces, los acreedores se enredaron en los vericuetos de los expedientes, los empleados perdieron su trabajo y los bienes fueron vendidos años después como chatarra.Fuente: La NaciónESTE CONTENIDO COMPLETO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
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