El juez de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Paraná, José Reviriego, hizo lugar al pedido del gobierno provincial y dictó la conciliación obligatoria a Agmer y Amet por el término de 20 días hábiles y ordenÓ suspender los paros. El primer encuentro será el próximo lunes a las 17. Ante los rechazos a las propuestas salariales y la realización de medidas de fuerza que ponen en peligro el derecho a aprender, el gobierno provincial pidió al Poder Judicial la conciliación obligatoria a Agmer y Amet para que se abstengan de hacer paros y se convoque a audiencia de conciliación.La misma fue otorgada este sábado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Paraná, a cargo del doctor José Reviriego.La medida es por el término de 20 días hábiles y ordena a las partes suspender las medidas de fuerza anunciadas por los mencionados gremios docentes, consistentes en paro para los días 10 y 11 de abril próximo.Además fija la audiencia conciliatoria entre el gobierno y los gremios para el lunes 10, a las 17.
Nota relacionada: Piden la conciliación obligatoria: ¿El fin de los paros docentes? La defensora pública en turno, Marcela Piterson, corrió vista de lo peticionado y propicia la admisión de ello argumentando que "la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos". Por ello, agrega más adelante que "corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes".La conciliación obligatoria con intervención judicial resulta el mecanismo normativo dispuesto a fin de que las partes continúen las negociaciones, con el único fin de arribar a un acuerdo.
El documento presentado por el gobierno este viernes consignaba que "el derecho que peligra es el de aprender" que "está consagrado en la Carta Magna". También se puso de relieve que "desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa".Es en ese marco, que el gobierno pone en conocimiento al Poder Judicial que "nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto".
