INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
La Justicia federal frenó los cambios del Gobierno de Javier Milei en el INTI
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La decisión fue adoptada por la magistrada Martina Isabel Forns, quien hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Conocé qué ordenó la jueza respecto de eventuales cesantías.
La Justicia federal ordenó al Gobierno de Javier Milei que se abstenga de concretar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de que la administración nacional emitiera un decreto transformándolo en un organismo sin autonomía.
La decisión la tomó la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, al hacer lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El Gobierno, mediante el decreto 462/2025 publicado el 7 de julio en el Boletín Oficial, cambió el estatus del INTI, pasándolo de organismo descentralizado y autárquico a dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
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Luego, ATE pidió a la Justicia que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de esa medida, al argumentar que se trataba de “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento”.
En ese sentido, solicitó que “se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de Poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público”.
El sindicato de empleados estatales cuestionó “la constitucionalidad de la ley 27.742 (Bases) y del decreto 462/2025, que dispondrían la disolución del INTI eliminando su autarquía y conducción colegiada, en contradicción con su norma de creación aún vigente”.
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Detalles del fallo de la jueza Forns
Forns, en su fallo, optó por “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar” y ordenó al Poder Ejecutivo que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación” de los textos normativos cuestionados por ATE.
La magistrada advirtió que eso incluye “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” al INTI.
La jueza, asimismo, estableció “la vigencia” para su medida en “seis (6) meses a partir de la notificación” del fallo. (Fuente: Crónica)