La Justicia investiga presuntas maniobras financieras irregulares en una sociedad anónima en liquidación

La Fiscalía de Gualeguaychú investiga una denuncia vinculada a una empresa familiar de la ciudad, en cuyo marco tuvo lugar una serie de allanamientos realizados en los últimos días que generaron repercusión pública. La intervención del fiscal Lucas Pascual, a cargo de la causa, comenzó a partir de una denuncia radicada hace aproximadamente un mes. El fiscal precisó que se trata de una empresa familiar en la que se había designado a una persona —identificada como "liquidador"— con facultades para vender bienes muebles, como automotores e inmuebles, con el objetivo de incorporar luego ese patrimonio a la caja de la sociedad.

La controversia se originó en una asamblea realizada el año pasado, en la que se dejó constancia de que el dinero obtenido por determinadas ventas no habría ingresado a las cuentas de la empresa. “Eso es lo que se está investigando”, señaló el fiscal en diálogo con Radio Máxima.

La hipótesis que investiga la Fiscalía es la de una presunta "administración infiel", una figura que en este caso remite a que una persona vendió bienes muebles e inmuebles sin haber rendido cuentas de esas operaciones. Pascual indicó que, además del liquidador, se investiga también al comprador de los bienes y al escribano que intervino en las transacciones, para determinar si existió algún tipo de connivencia entre ellos, y remarcó que denunciante y denunciado pertenecen a la misma familia, y que el liquidador era, a su vez, parte de la empresa.

En el marco de la causa se allanaron una escribanía, el domicilio y el lugar de trabajo de la persona que compró los bienes, y el domicilio de quien se desempeñaba como liquidador. En esos procedimientos se secuestraron documentos vinculados a las ventas, la computadora del comprador y el libro de la escribanía interviniente; al liquidador se le secuestraron una computadora, dinero y documentación diversa.

Respecto de las operaciones cuestionadas, Pascual detalló que se trata de la venta de cuatro camiones y cuatro inmuebles, a dos compradores distintos: uno adquirió los inmuebles y otro los camiones. El fiscal indicó que esa venta no fue resuelta en una asamblea y que, hasta el momento, el destino del dinero —que calificó como un monto elevado en dólares— no fue establecido. En cuanto a lo que resta de la investigación, la documentación y los elementos secuestrados deben ser analizados y la Fiscalía solicitará informes a entidades bancarias para establecer si el dinero de las ventas ingresó o no a la cuenta del liquidador. “Todavía es muy prematuro”, advirtió el fiscal sobre los alcances actuales de la pesquisa.

Por su parte, el abogado defensor de uno de los denunciados señaló que la propia documentación y elementos secuestrados durante los allanamientos permitirán acreditar, según su criterio, la legalidad de las actuaciones cuestionadas y agregó que la denuncia presenta “un tinte de real malicia”, por ocultamiento de información societaria y distorsión de datos objetivos, lo cual fue deliberado con el fin de inducir a error a la fiscalía y la Justicia.

El letrado indicó, también, que las personas mencionadas en la causa se pusieron a disposición de la Justicia y realizaron presentaciones espontáneas, y afirmó que los actos cuestionados como delictivos fueron en realidad llevados a cabo con legalidad y buena fe. Destacó también que no existen imputados en la causa. Sobre los hechos investigados en particular, prefirió no brindar precisiones, para no afectar la labor de la Justicia.

Por último, consideró que la incorporación de una pluralidad de personas habría tenido como propósito otorgarle un encuadre penal a un conflicto que, de no ser así, habría quedado circunscripto a una cuestión particular entre privados. En esa misma línea, sostuvo que, de haberse mantenido en ese terreno, el caso no estaría generando esa notoriedad deliberadamente buscada por el denunciante, ni siendo analizado en el fuero penal, el cual –siempre a entender de la defensa- ha sido inducido a actuar mediante reticencias y engaños. Además, consideró que la denuncia sería un intento de mejorar su situación por parte de un grupo de personas que se verían alcanzadas por las consecuencias de un juicio oral y público que ya tiene fecha de realización para el próximo mes de febrero ante el Tribunal de Juicios de Gualeguay.