La Justicia rechazó el amparo de ATE

El juez de feria Roberto Croux rechazó la acción de amparo que había presentado la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en procura de frenar la decisión oficial de dar intervención a la actividad privada en la explotación del juego, hecho que el gremio consideró como una "privatización".Hace dos semanas, el sindicato había presentado un "mandamiento de prohibición", un recurso legal a través del cual buscó frenar los acuerdos del Gobierno con los administradores privados del Casino de Victoria, y de Concepción del Uruguay. El argumento fue que esa decisión gubernamental violaba la Ley N° 5.144 que establece que la administración del juego debe estar bajo la órbita del Estado.La acción legal, caratulada "Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/Gobernador de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Prohibición", se dio en el marco de una extensa medida de fuerza que paralizó la mayoría de las salas de juego de la provincia durante lo que va de 2011, que todavía no concluye.Pero el Ejecutivo rechazó el cuestionamiento. Y argumentó que los decretos N° 3.921 y N° 3.733, que ampararon aquellas "privatizaciones", fueron dictados en el marco de las atribuciones que le otorgó al Poder Ejecutivo la Ley de Turismo N° 9946, "norma que entre otras previsiones consagra en cabeza del Ejecutivo la potestad de declarar de interés turístico un proyecto integral de emprendimiento turístico, previa ponderación de circunstancias, verificación de determinadas condiciones, con los alcances y consecuencias que la misma normativa prevé", según el texto de la contestación a la demanda sindical.El Gobierno se apoyó en el texto del artículo 3° de la Ley de Turismo que establece que la declaración de interés turístico provincial de los proyectos integrales de emprendimientos turísticos "deberá hacerse por decreto del Poder Ejecutivo fundamentándose en la incidencia económica", y que en "aquellos emprendimientos turísticos declarados de interés provincial podrán prestarse servicios de salas de juegos recreativos de azar y /o casinos, previa evaluación de factibilidad por parte del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas)".Con esa base legal, la contestación oficial a la demanda de ATE, presentada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que los decretos N° 3.733 y N° 3.921, cuestionados por el sindicato, "no sólo no son actos expresamente prohibidos por ley, sino que muy por el contrario son actos expresamente contemplados por el ordenamiento jurídico".Anoche, la asesora legal de ATE, Milagros Reñé, estaba analizando el contenido del fallo del juez Croux con vista a presentar la apelación respectiva, medida para lo cual tiene un plazo de 24 horas, ante la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El Once Digital El gremio apeló el fallo judicial La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apeló el rechazo de la justicia al amparo presentado para frenar la decisión del Gobierno de dar intervención a la actividad privada en la explotación del juego. El sindicato cuestionó que el juez de feria Roberto Croux "no ve la urgencia como para escoger la vía del amparo" y en ese orden advirtió que "si no se ejerce una acción inmediata y dado el marco legal que estructuraron el Gobierno y el Iafas, se firmarán en breve contratos privatizando el juego en Victoria y Concepción del Uruguay".En un documento de prensa enviado a APF, ATE explicó que la sentencia del juez Croux se fundamenta en tres causas.En primer lugar, asegura que el magistrado "no ve la urgencia como para escoger la vía del amparo, la que se utiliza en casos excepcionales, cuando peligra el derecho en la demora de hacer justicia". Al respecto, el sindicato entiende "que si no ejercemos una acción inmediata y dado el marco legal que estructuraron el Gobierno y el IAFAS, se firmarán en breve contratos privatizando el juego en Victoria y Concepción del Uruguay, pues ya está declarado factible por el Gobernador y ordenado por el Directorio de IAFAS la confección de los contratos a través de los Decretos y Resoluciones denunciados en la demanda y por los que se pedía su nulidad".En segundo término, sostiene que el juez "no reconoce a la ATE los derechos de representación para accionar, y que le son otorgados a través de los artículos 28 y 56 de la nueva Constitución Provincial en vigencia, el artículo 31 y cctes de la Ley 23.551 y el Decreto Reglamentario 757/2001, donde todas normas que les reconocen el derecho a todas las asociaciones sindicales de trabajadores a representar ante el Estado o empleadores los derechos individuales y colectivos de sus afiliados".Sobre este punto se indica en el comunicado -firmado por el secretario general Miguel Ángel Pelandino y la apoderada legal María de los Milagros Reñé- que Croux "basa su afirmación en normas de años anteriores a la reforma de la Constitución provincial donde se le dio a este derecho sindical, reconocimiento constitucional".Por último, ATE sostiene que el magistrado "no percibe cuál es el daño inminente de los trabajadores de Iafas afiliados a ATE". En ese orden, se remarca que "la urgencia es porque corren actual riesgo de quedarse sin trabajo, ya que el lugar donde cumplen sus servicios pasará a manos privadas en forma inminente y por ende sus empleos están bajo amenaza cierta de desaparecer. La transferencia de privatización se hace en forma encubierta y sin la planta de empleados que quedarían desocupados". Asamblea de empleados
Por su parte, Oscar Novoa, delegado de ATE en el Casino Gualeguaychú, informó a Radio Cero que "las medidas de protestas van a continuar porque nos asiste la razón. Ya los asesores legales del gremio apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia y deberemos aguardar lo que deciden los jueces".Dijo que "ahora habrá que ver cómo se sigue, en el caso de Gualeguaychú con asambleas. Los compañeros concurren al lugar de trabajo, marcan tarjeta pero no cumplen funciones. El paro es para que los funcionarios tomen conciencia que el juego debe permanecer en manos del Estado". Instalan dos carpasLos trabajadores de casinos vienen realizando protestas en distintos puntos de la provincia para rechazar la privatización del juego de ruleta, dados y naipes en Entre Ríos, que es administrado de manera directa por el Estado a través del instituto. En ese marco, ayer de mañana instalaron una carpa frente al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y otra en la puerta de la sala de calle 25 de Mayo en Paraná."Seguimos manteniendo la lucha y diciendo no a la privatización (del juego), para defender no solamente la fuente laboral del os trabajadores, sino el patrimonio de todos los entrerrianos, por lo que significa el Iafas como herramienta para la acción social", manifestó el empleado del Iafas Jorge Vásquez.Cáceres: "existe una clara motivación política" "Este conflicto tiene un claro objetivo político y partidario", manifestó el Ministro de Desarrollo Social José Cáceres. "Hay una casualidad muy grande, cuando un dirigente vuelve de sus vacaciones se reactivan e intensifican las protestas de un grupo minoritario de trabajadores, existe hay una clara motivación política, acá mas que casualidades hay causalidades", fustigó."La problemática que afronta el juego en la provincia es algo complejo, que tiene muchas facetas y los manifestantes pronuncian conceptos que confunden a los ciudadanos y muchas mentiras malintencionadas. La realidad es que los casinos arrojan pérdida y el estado tiene que tomar medidas inteligentes para afrontar las nuevas circunstancias que demanda el mercado del juego"."El verso de que se quiere privatizar es una chicana que ya no cree nadie, por eso hace unos días que el Casino Victoria como los Casinos de Chajarí, Concordia, Gualeguay y La Paz están abiertos, pero lamentablemente quedan sin abrir los de la costa del río Uruguay en plena temporada turística, que están causando un perjuicio al Estado que ya alcanza a mas de 6 millones y medio de pesos y que son irrecuperables", disparó."Los trabajadores no tienen que dejarse usar por políticos que solo tienen en mente generar conflictos y deben honrar al empleo público, dado que sus puestos de trabajo están garantizados y seguirán bajo el mismo régimen jurídico. Con estas medidas se está protegiendo la fuente de trabajo y también la masa salarial de los trabajadores, porque no habrá futuro si las pérdidas persisten. Hay que despolitizar el tema, no se puede seguir fogoneando un conflicto que no tiene razón de ser, los manifestantes tienen que recapacitar y no prestarse a ser parte de una protesta que tiene un trasfondo netamente político partidario", reflexionó."El gobierno provincial ha diagramado una propuesta que es muy clara, donde el Iafas continúa manteniendo sus potestades, el personal sigue con el mismo régimen y con la expectativa de mejorar una situación adversa. Con esta medida se garantiza que el organismo siga generando los recursos para los cuales fue creado sin perder los objetivos principales", finalizó. Prensa Gobernación